[Resumen.cl] Revuelo causó la denuncia del sitio de memoria Londres 38 y el peritaje realizado por Van Rysselberghe (UDI) que estaría dejando fuera del cumplimiento de su condena de 15 años y un día al criminal de lesa humanidad, José Otárola. Desde su nombramiento, distintas organizaciones de Derechos Humanos criticaron la decisión, recepcionada con total liviandad por parte del Gobierno, apuntando al grave precedente de impunidad que podría generar.

Un espacio tan delicado para la memoria y en una región con tantos problemas por la ocupación militar del Wallmapu, un gobierno que se autopercibe como progresista instaló en el SML a quien fuera presidenta de un partido de ultraderecha, pinochetista y negacionista, Jacueline Van Rysselberghe. Es más, la misma persona ha emitido declaraciones en esta línea, y ha obrado en función de ella, a través de sus así votaciones en el Congreso en materia de DDHH.

Así lo señaló la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Concepción, acotando que "la filiación política de la Sra. Van Rysselberghe, así como su historial como miembro de la UDI, partido político ligado a la dictadura, contradice los principios de justicia, reparación y garantías de no repetición que animan el Plan Nacional de Búsqueda. Esto socava la confianza en el proceso de búsqueda y en las instituciones encargadas."

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A pesar de ello, la máxima representante del Ejecutivo en la zona, delegada presidencial Daniela Dresdner, respondió a las víctimas con un irrespetuoso llamado a "desdramatizar" el nombramiento de una de las representantes del pinochetismo en el Biobío.

Por su parte, las y los familiares de detenidos desaparecidos cuestionaron que "en un momento en que colaboramos activamente con el gobierno en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, esta contratación plantea serias interrogantes sobre la transparencia e imparcialidad en el proceso de selección de personal."

Pero más allá de la puntualidad del último escándalo que mantiene como protagonista a la abanderada de la UDI, los cuestionamientos a Van Rysselberghe no se limitan a su postura política, ni a su quehacer como congresista, sino que arrastra, entre otros, episodios vinculados a casos de corrupción.

Un breve historial

Su abuelo, Enrique Van Rysselberghe, hijo de un inmigrante neerlandés, fue alcalde designado de Concepción en dictadura. Su padre, del mismo nombre, fue diputado por la misma comuna, Chiguayante y San Pedro entre 1998 y 2002 y dueño de Constructora Rysselberghe y Cia. Ltda, empresa que enfrentó un juicio por el no pago de un crédito con CORFO y una querella por $514 719 516 (más reajustes de IPC) con la municipalidad de Concepción por la extracción y comercialización de áridos sin patente extraídos del río Biobío entre 1973 y 1996.

Su historial político comenzó en dictadura, cuando en la década de los 80 se integró al Movimiento Enrique Molina, de corte gremialista y pro Pinochet. Postuló a la dirigencia estudiantil de la FEC, sufriendo la primera de otras derrotas ante Alejandro Navarro.

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En 1992 fue elegida concejala de Concepción bajo el apadrinamiento del senador UDI, Eugenio Cantuarias y desde el 2000 hasta 2012, se desempeñó como alcaldesa de la misma comuna, siendo algunos de los episodios más controversiales, el haber suministrado insulina india Wosulin sin cumplir con la normativa sanitaria y por imponer su posición religiosa Opus Dei y negarse a repartir la llamada "Píldora del Día Después" en los establecimientos de salud municipales.

En 2011 la Contraloría General de la República inició una investigación en la municipalidad de Concepción, encontrando un déficit de más $3 mil millones. También en 2011, una plantación de alrededor de 51 plantas de marihuana listas para ser cosechadas, y que contaban con un sistema de regadío, fueron decomisadas por Carabineros en el fundo Curaco Alto, en el sector Rafael, en la comuna de Tomé, perteneciente a Mauricio Pavez, su esposo.

Poco después, fue querellada por el Consejo de Defensa del Estado a raíz de otro informe de Contraloría que estableció que el municipio pagó más de 906 millones de pesos en horas extra entre 2010 y 2011, de las que muchas habrían sido canceladas con un recargo del 50%, el que fue denominado como Caso Horas Extras. Las supuestas horas extras eran tan grandes, que para hacerlas calzar incluso se intentó hacer pasar funcionarios trabajando la madrugada del 27 de febrero de 2010, mientras el país era devastado por un terremoto.

Tras la asunción del expresidente Piñera en su primer mandato, fue nombrada intendenta de la región del Biobío. De acuerdo a un Informe Diagnóstico Estado de la Reconstrucción Terremoto y Tsunami, publicado en 2014, bajo su cargo impuso su ideología extremista en la repartición de kits de higiene para mujeres entregados por UNFPA-ONUSIDA de la ONU, puestos estos «fueron abiertos para sacar los preservativos, y luego sellados nuevamente para su distribución y los preservativos fueron 'devueltos' a Naciones Unidas».

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A comienzos de 2011, se filtró una grabación de audio de una reunión de van Rysselberghe con los vecinos de la población Aurora de Chile, en la que la admitía haber «usado» el tema del terremoto en su favor para beneficiar a personas que no eran damnificadas en medio de un proceso de reconstrucción. A raíz de esto, se presentó una acusación constitucional en su contra, por lo que fue removida de su cargo, en el que duró apenas un año.

Dos años después se presentó como candidata al Senado por Biobío Costa, resultó electa, pero no cumplió su objetivo de ser la primera mayoría, perdiendo nuevamente ante Alejandro Navarro, con más de 5 puntos de diferencia. Tres años más tarde, fue elegida como presidenta de la UDI.

A principios de 2017, una investigación de Ciper reveló una conversación vía correo electrónico entablada en 2014 entre Jacqueline Van Rysselberghe y Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del BíoBío (Asipes), siendo presidenta de la Comisión de Pesca del Senado y mientras se discutía la bullada "Ley de Pesca" o "Ley Longueira". En estos, Moncada le daba las instrucciones respecto a la redacción y cómo debía tratarse la ley en la comisión. Un antiguo asesor de la senadora, Joel Chávez, declaró ante Fiscalía -en el contexto de la investigación al financiamiento ilegal de la política- afirmó que van Rysselberghe recibía dinero de Asipes desde las elecciones municipales de 2000.

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A pesar de esto, cuatro años después, en septiembre de 2020, se conoció la decisión de no perseverar respecto de la senadora Van Rysselberghe en el Caso Asipes, denunciada por los delitos de cohecho y soborno.

En abril de 2019 se manifestó en contra de la construcción de un nuevo hospital en Lebu, tratando a su alcalde, Cristián Peña, de "catete" por insistir ante las autoridades nacionales respecto al tema. En junio del mismo año, cuando se discutía un proyecto que pretendía bajar el sueldo de congresistas, Van Rysselberghe se manifestó enérgicamente en contra, aludiendo que era una medida populista y que «hoy cualquier patipelado se siente con el derecho de insultar a alguien que trabaja en el servicio público».

El 16 de enero de 2020, en pleno contexto de movilizaciones en el marco del Estallido Social, al que criticó duramente, Van Rysselberghe alcanzó la aprobación más baja de un político en Chile desde el retorno a la democracia.​ Según la encuesta CEP, un histórico el 6 %, mientras que su desaprobación llegó al 74 %.

En medio del confinamiento por la pandemia, en marzo de 2020, durante la votación de un proyecto de ley por videoconferencia para la prorrogación de la fecha de las revisiones técnicas, el país vio la imagen de cómo trabajaba acostada en tempranas horas de la mañana con una copa vino.

Aprovechó el contexto de confinamiento para hacer campaña poniendo stickers tanto de ella como de su hermano, Enrique Van Rysselberghe, sobre el pulverizador de un técnico sanitizador​ que desempeñaba en la región.

En octubre de 2020, se reveló que había contratado como asesora a la lobista Olga Osses Klein, pese estar prohibido por el reglamento del Congreso, pues era pagada con montos asignados a las asesorías parlamentarias.

Actualidad

En 2024, Jaqueline Van Rysselberghe vuelve a hacer noticia en materia de Derechos Humanos, a través de un informe pericial que podría dejar sin cumplimiento de condena al criminal de lesa humanidad José Otárola.

Contra el delincuente fue ratificada una condena por parte de la Corte Suprema por el homicidio calificado de 19 trabajadores forestales y campesinos de Laja y San Rosendo. Dicho caso se caracterizó por la complicidad empresarial con el golpe de septiembre de 1973, decantando en la masacre de militantes de izquierda e integrantes de sindicatos forestales.