[resumen.cl] Durante la mañana de este miércoles, se presentaron en la Corte de Apelaciones de Concepción, dos recursos de amparo en favor de dos activistas de organizaciones socioambientales de Los Ángeles y Tomé, quienes sufrieron allanamientos y hostigamientos telefónicos, respectivamente.

Uno de los recursos de protección se presentó a favor de Fabiola Foraste, miembro del colectivo Newen Kimun y del colectivo Una sola Lucha. El pasado viernes 11 de agosto, una patrulla de Carabineros, a cargo del suboficial Luis Cáceres Godoy la allanó en su domicilio, la interrogó y llevó a una comisaría sin contar con orden alguna de detención.

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Ella denuncia que sufrió un allanamiento policial irregular, a propósito de una supuesta multa impaga por comercio ambulante. Posteriormente, el procedimiento se tornó violento, rompieron la chapa de su puerta, procedieron a hacerle un interrogatorio político, le preguntaron por sus actividades en las organizaciones socioambientales en las que participa, sobre qué tipo de reuniones realizan en su casa, y  luego la llevaron esposada frente a sus vecinos hacia la Comisaría.

El otro recurso de amparo se presentó a favor del integrante de la Coordinadora Tomecina, Blas Riquelme, quien el día antes de la marcha que se realizó el 12 de agosto, recibió un llamado telefónico presuntamente de Carabineros quienes lo amenazaron.

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Desde la Coordinadora Tomecina señalaron que «Blas recibió una llamada telefónica a las 17:30 hrs. del viernes 11 de agosto, en la cual una persona que no se identificó le comienza a realizar un interrogatorio, lo amedrenta, le pregunta por las actividades de la coordinadora tomecina, le pide una nómina de las personas que participan en el movimiento, los objetivos, le empieza a señalar hechos de su vida privada, dando a entender que está vigilado, y lo amenazan con impedir su salida del país si no colabora con la información que le están pidiendo»

Desde las organizaciones socioambientales involucradas en estos procedimientos policiales buscan que la Corte investigue para que esclarezcan los hechos, y que informen sobre este tipo de procedimientos irregulares. Junto a esto, recalcan que es importante realizar una denuncia pública y no callar ante los amedrentamientos del Estado: «Esto indica que los recursos públicos del Estado están invirtiéndose en perseguir a los dirigentes que luchan contra el sistema extractivista» señalaron.