Luego de permanecer en prisión preventiva y arresto domiciliario total durante más de un año, recién hoy se inició el juicio contra Claudio, Jordano, Jorge y Patricio, presos del Estallido Social en San Antonio. La sesión partió a las 09:00 de esta mañana  en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la comuna puerto.

Por Juan Carlos Jara

Los jóvenes, detenidos por personal de la PDI de San Antonio el 4 de marzo de 2020, son acusados por los efectivos policiales de un supuesto ataque a su cuartel. Luego de su aprehensión, los cuatro fueron brutalmente golpeados y torturados en el recinto, situación respaldada con una querella criminal puesta por el INDH.

Hasta la fecha Jordano y Claudio permanecen en prisión preventiva. Jorge obtuvo hace algunas semanas el cambio de medida cautelar y Patricio ha permanecido con arresto domiciliario total durante todo este año de proceso investigativo debido a problemas de salud.

Las pruebas que maneja Fiscalía en su contra incluyen; un vidrio roto, el supuesto porte de una honda, bombitas de agua y un bidón de pintura. Sumada a esta supuesta evidencia, el persecutor, Antonio Ossandón, maneja obviamente relatos de personal de la PDI que hacen alusión a un supuesto intento de atropello y una irrisoria amenaza con una ametralladora. Ambas versiones provienen de los y las funcionarias que ese 4 de marzo de 2020 detuvieron y torturaron a los cuatro jóvenes.

Te puede interesar: Presos políticos de la revuelta en San Antonio denunciaron brote masivo de Covid y paupérrima respuesta de Gendarmería para hacerle frente

Desde la Organización de Familiares y Amigos de las y los  Presos Políticos enfatizaron en que "esperamos que se valla desmoronando el montaje que levantó Fiscalía y la PDI en su contra. La prueba más contundente que tienen es una trizadura de un vidrio del cuartel de la PDI y la rotura de una mampara de la Fiscalía, que queda cerca. Son los únicos daños medibles en su contra".

Este sería el supuesto ataque sufrido por el cuartel de la PDI, que motivó la detención y tortura de Claudio, Jordano, Jorge y Patricio en sus instalaciones. "A la PDI se le dio la orden de revisar los celulares y ellos no encontraron nada mejor que torturarlos para sacarles las claves de los celulares, pese a que tenían la orden de peritajes", fustigaron desde la organización.

La situación antes descrita forma parte de la investigación y está presente en una querella criminal por apremios ilegítimos y torturas interpuesta en el Juzgado de Garantía de San Antonio por el INDH.

Las penas que solicita Fiscalía van desde los 10 a 30 años de presidio y de la querella forma parte el intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez y la gobernadora Gabriela Alcalde. Esta última invoco la Ley de Seguridad del Estado al día siguiente de la detención y tortura acreditada y denunciada por el INDH en contra de los cuatro presos políticos.