La Comisión Nacional de riego y la Ley 18.450, son responsables de los entubamientos, los megaestanques y la tecnificación de riego que ha permitido la expansión de los monocultivos hasta lugares inimaginables; es decir, de toda la batería de obras que han subsididado a la agroindustria en contra de la agricultura campesina, los ecosistemas y la biodiversidad que sustentaba a los territorios.

Contraloría fue clara: "resulta incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo para recuperar terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no cumpliría con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental".

Es decir, no se puede seguir sosteniendo leyes que promueven un desarrollo contra la naturaleza, debemos potenciar su abundancia, y no extinguirla para imponerle el producto mejor valorado en el mercado. Eso no ha sido comprendido en 40 años y, ahora, ante la erosión y la desertificación, la escasez hídrica acuciante, la falta de alimentos, y los sendos problemas de salud relacionados al uso de plaguicidas y a una mala nutrición, queda de manifiesto que se requiere con urgencia una reconversión agrícola, pero esta vez, según lo que dicte la naturaleza. Es necesaria y urgente una transición agroecológica: no se trata de no exportar, sino de no exterminar para exportar.

Es por ello que las organizaciones abajo firmantes declaramos:

1. La ley 18.450 o la "ley de riego", ha sido el eje del modelo agroindustrial en los territorios. Expira este año, así es que no es necesario derogarla, pero sí es imprescindible no prorrogarla, ni intentar corregirla. Una nueva prórroga significa desoír informes internacionales, como los del IPCC, que indican que un manejo sostenible del suelo puede contribuir a reducir los impactos de cambio climático. La OCDE le ha pedido a Chile revisar sus incentivos perversos en materia ambiental y esta revisión está contemplada en el programa de gobierno del Presidente Boric Hacemos el llamado para que se presente una ley acorde a los compromisos internacionales, a la voluntad soberana del proceso constituyente y, sobre todo, a la capacidad efectiva del país para la adaptación al cambio climático.

2. Somos un país vulnerable ante la amenaza que significa la crisis climática y ecológica. La falta de alimentos y los altos precios de la energía, requieren acercar a la ciudadanía la agricultura, y que la soberanía alimentaria sea una estrategia a desarrollar, asumiendo una perspectiva territorial desde las cuencas y fomentando un financiamiento para potenciar la agricultura familiar campesina. Para ello, sin embargo, es imprescindible una focalización en los pequeños productores, eliminando, entre otras cosas, la captación desde suelos húmedos como los humedales, o suprimiendo la incorporación de nuevas superficies irrigadas para la agroexportación en zonas de secano mediante decretos de escasez hídrica.

3. Las soluciones tecnológicas cuyo objetivo sea mantener la matriz productiva extractivista, solo profundizarán la miseria que ya exhiben nuestros territorios. La tecnología es imprescindible, y debe ser gestionada con todos los actores del territorio, desde las empresas hasta las organizaciones campesinas, indígenas y ambientales, incluyendo por cierto a la academia y a las autoridades que escuchan y consideran la voz de quienes conocen el territorio. Esto permitirá dinamizar las economías locales, restituir los ciclos naturales arrasados por la ceguera global y posibilitar la continuidad de la vida en el país.

4. Una transformación de esta envergadura requiere la concurrencia y la buena voluntad de todos los sectores. La naturaleza desde siempre ha invitado al trabajo colaborativo, uno que potencie la diversidad que en ella habita, no que la extinga en beneficio de una sola especie. Esa sabiduría debe animar los cambios, y pasa por asumir que como país nos equivocamos y que el modelo impuesto fracasó: individualismo, competencia, exitismo, consumismo y desechabilidad, nos tienen sumidos en una crisis socioambiental, económica, cultural e identitaria, sin precedentes.

5. Exhortamos a que, mediante una nueva ley y políticas públicas, se asegure el agua para la soberanía alimentaria, para la recuperación de las cuencas, para el desarrollo económico con la naturaleza y no contra ella; para la preservación de las diversas formas de vida de nuestros territorios y, finalmente para el trabajo articulado y conjunto que ponga en valor lo que somos, sin que se nos siga depredando para el beneficio de muy pocos.

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