Según detallaron desde el Área Jurídica Programa Derechos Humanos del ministerio de Jusiticia, mediante una carta dirigida a la subsecretaria de DDHH, Haydee Oberreuter Umazabal,​ el organismo mantendría acumuladas más de 10 mil carpetas con testimonios de conscriptos durante la dictadura cívico militar que involucran al Ejército en parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante dicho periodo.

Por Juan Contreras Jara

Una gravísima situación debelaron este lunes abogadas, abogados y procuradores del Área Jurídica Programa Derechos Humanos del ministerio de Jusiticia y DDHH, quienes mediante una carta informaron a la subsecretaria, Haydee Oberreuter, sobre 30 carpetas ocultas con miles de testimonios de conscriptos que hicieron su servicio militar durante la dictadura.

Los antecedentes están desde 2018 en manos a de la cartera ministerial, pero no han sido presentadas ante los tribunales de justicia, obstruyendo así sus funciones en casos de crímenes de lesa humanidad, los que, según los testimonios, están relacionados al Ejército.

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Tres de estas 30 carpetas contendrían testimonios que dan cuenta de su participación en casos de violación a los DDHH, como, por ejemplo, en la causa ROL 28-2009 Tejas Verde, centro de detención, tortura y desaparición ubicado en San Antonio, en la región de Valparaíso, durante la dictadura cívico militar chilena.

A este gravísimo ocultamiento de información al interior de la subsecretaría de DDHH del ministerio de Justicia, hay que sumarle que también en 2018, se desarrolló un informe como resultado de una mesa de trabajo que sostuvieron organizaciones de conscriptos con la repartición ministerial, el que hasta la fecha tampoco se ha puesto a disposición de la justicia.

En dicho trabajo conjunto, se pudieron recopilar alrededor de 5 mil testimonios, según relata la misiva a la subsecretaria Haydee Oberreuter, de donde 200 vinculaban directamente a conscriptos del Ejército en violación de Derechos Humanos, a través de allanamientos, detenciones, etc.

Las y los abogados que enviaron la carta detallaron que, «por todo el compromiso de este equipo con los principios de memoria, verdad, reparación pero sobre todo justicia, y en virtud de la misión del Programa Derechos Humanos, en específico del Área Jurídica, esto es, el ejercicio de acciones judiciales destinadas al esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de las víctimas de desaparición forzada y ejecución política, según sea el caso, es que consideramos que dicha información debió ser puesta de inmediato a disposición de los tribunales de justicia y que su existencia debió ser compartida con nuestra unidad para el ejercicio de las acciones que nos corresponden por imperativo legal».