Desde injurias con publicidad, hasta malversación de fondos públicos, abuso sexual y fraude al Fisco, van los delitos que, en el último periodo legislativo, han tenido o tienen fuera del Congreso de la República a diputados y diputadas de distintas bancadas, desde la extrema derecha a la centro –  izquierda. Pese a la suspensión de sus funciones por la apertura de investigaciones judiciales en su contra, todos siguieron y siguen recibiendo su dieta bruta con normalidad, la que, a la fecha, asciende a los $ 7.348.983.

Por JC Contreras Jara

A pocos meses de una nueva elección presidencial en Chile, la clase política sigue dando de qué hablar en materia de probidad y corrupción. Lo anterior, debido a la seguidilla de desafueros que tiene a tres diputados y una diputada investigados por diversos delitos, pero que han seguido costándole al Estado de Chile un aproximado de 170 millones de pesos por cada funcionario en los últimos dos años.

Desde el Senado, las alarmas fueron encendidas por Fabiola Campillai, senadora que presentó en agosto de 2024 un proyecto de ley que busca suspender el salario de los y las congresistas que sean desaforados, es decir, suspendidos de sus funciones por la presunta comisión de delitos. Según aseguró a Resumen, «cuando un trabajador falta, se le descuenta el día; si falta tres, lo despiden. Las condiciones no son justas si las comparamos con los privilegios que tienen los cargos de senador y diputado. Es aún más injusto para las víctimas, que deben ver cómo un parlamentario formalizado cuenta con recursos para costear una buena defensa, gracias al dinero de su dieta, por una labor que no está ejerciendo directamente».

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A la fecha, afirma, la iniciativa duerme en la Cámara Alta sin ser revisada por la Comisión de Constitución. «No hay razones técnicas ni jurídicas que lo impidan. Lo que hay, más bien, es falta de voluntad política para abordar de frente un tema incómodo, pero urgente», acotó en conversación con Resumen.

El listado de desaforados y un proyecto que duerme en la Cámara Alta

Fue la diputada de RN, María Luisa Cordero, la primera desaforada del último periodo, específicamente en junio de 2023, luego de asegurar que la senadora y víctima de trauma ocular producto de la represión policial, Fabiola Cmapillai, «tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes; ella no es ciega total». Actualmente retornó a su actividad legislativa, es decir, a su trabajo, luego de cobrar dos años un sueldo superior a los 7 millones de pesos estando desaforada.

A Cordero, cuestionada también por la entrega de licencias falsas, se le suman los diputados Mauricio Ojeda (IND-Republicano) y Francisco Pulgar (IND-exbancada DC), desaforados el 7 y 23 de octubre de 2024 respectivamente, por los delitos de Fraude al Fisco reiterado en el primer caso, y abuso sexual en el segundo. En lo que va de 2025, fue Catalina Pérez, (ex Frente Amplio) desaforada por el escándalo de Democracia Viva, y este lunes, fue el turno de Miguel Ángel Calisto (bancada Demócratas, Amarillos, Independientes), quien está siendo investigado por Fraude al Fisco.

La lista podría aumentar con el posible desafuero de Joaquín Lavín León, contra quien la Fiscalía Metropolitana Oriente, siendo investigado por fraude al Fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.

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Considerando el contexto, Campillai insiste en la urgencia de la discusión de su proyecto, considerando que, «estamos hablando de un principio básico: que un parlamentario formalizado, que ha perdido su fuero, no siga recibiendo la dieta como si nada ocurriera. ¿Qué señal le estamos dando al país cuando no somos capaces siquiera de discutir este proyecto? El silencio también es una forma de proteger los privilegios».

La senadora independiente agregó que se debe «legislar de cara al pueblo», apuntando a que, «el Congreso debe estar sujeto a los mismos estándares que cualquier otro trabajador del país. La ciudadanía merece ver un Parlamento que responda con responsabilidad y transparencia, no con impunidad».

Considerando el tenor de los delitos perseguidos actualmente por el Ministerio Público en contra de diputados y diputadas de la República, la senadora Campillai enfatizó en que, «no es aceptable que mientras millones de chilenos hacen esfuerzos para llegar a fin de mes, un parlamentario formalizado tenga la tranquilidad de ver su cuenta bancaria llena cada fin de mes, sin asumir las consecuencias de sus actos».

El proyecto por ahora sigue durmiendo en el Senado, sin ser revisado aún por la Comisión de Constitución, que podría destrabar su tránsito legislativo luego de casi un año de ser presentado. «Si queremos recuperar la confianza en la política, debemos empezar por terminar con estos privilegios y poner al Congreso a la altura de la gente que representa», concluyó.