Fue hace una semana que distintas organizaciones de DDHH rompieron relaciones con el Gobierno, apropósito del nulo avance en materia de justicia, reparación y garantías de no repetición respecto de las víctimas de violencia estatal durante el Estallido Social. Sobre la decisión, la senadora Fabiola Campillai conversó con Resumen, poniendo hincapié en la falta de cumplimiento de la administración de Gabriel Boric con los acuerdos pactados durante su candidatura y posterior asunción al poder.

Por JC Contreras Jara

Tras la última cuenta pública de Gabriel Boric, nuevamente los acuerdos relativos a las víctimas de agentes del Estado durante el Estallido quedaron fuera. Y es que, desde enero que las distintas organizaciones de Derechos Humanos que conformaron junto al Ejecutivo una mesa de trabajo sobre el tema, esperaron el apoyo del mandatario al Proyecto de Reparación Integral, pero este no llegó.

Es bajo este contexto que, anuncios como el de Punta Peuco resultan un mero saludo a la bandera, sobre todo considerando que sería la próxima administración presidencial la que tenga que poner en marcha la arremetida de Boric en la materia, la que llega en el último periodo de su gobierno.

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Sobre la bicicleta que terminó haciéndole el gobierno de Gabriel Boric a las víctimas de la violencia estatal durante el Estallido Social, conversó con Resumen la senadora independiente Fabiola Campillai, quien se refirió a la génesis del acuerdo hoy desconocido por el mandatario.

«En plena campaña de segunda vuelta, el entonces candidato Gabriel Boric solicitó reunirse con nosotras y nosotros, y pidió nuestro apoyo como sobrevivientes. En ese encuentro se comprometió con la justicia, con una Comisión de Verdad y con una ley de reparación para las víctimas. Ya en el gobierno, se creó una Mesa de Reparación Integral que presidí junto a la exsubsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter. Durante un año recorrimos el país para recoger testimonios y elaborar un informe detallado que fue entregado al presidente. A la fecha, ese informe sigue ahí», argumentó Campillai.

La senadora y víctima de la brutalidad policial desplegada durante el Estallido agregó que, «ante la falta de avances, en octubre del año pasado constituimos la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, junto a agrupaciones de derechos humanos históricas y actuales. Elaboramos el proyecto de ley de reparación integral, el cual --lamentablemente-- requiere del patrocinio del Ejecutivo. El presidente Boric recibió el documento y se comprometió públicamente a entregar una respuesta en enero, pero cuando llegó la fecha, no obtuvimos respuesta».

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La mesa de trabajo compuesta por la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social, la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna y el equipo de trabajo de la senadora Campillai, anunció el quiebre con el Gobierno apuntando a que, «debe existir un compromiso real con las víctimas y con las familias de quienes fueron asesinados por el actuar de agentes policiales y militares en el contexto de la Revuelta Popular y este gobierno ya no lo hizo».

Bajo en derechos, alto en represión

Además del cuestionamiento a la falta de los acuerdos asumidos por Boric en materia de DDHH y Estallido Social, la senadora se refirió a la contra parte, es decir, la represión y cómo esta se fortaleció con la administración del representante del Frente Amplio.

Aspectos como la Ley Antitomas, la ley Naín Retamal o Gatillo Fácil y la permanencia de la policía militarizada en territorio mapuche son parte de los botones de muestra que entregó el Gobierno respecto a la profundización de las políticas represivas. Sobre esta materia, Campillai fue lapidaria:

«Lo dije desde un inicio: este gobierno giró hacia una agenda que criminaliza la protesta social, impulsando proyectos como la Ley Nain-Retamal o, por ejemplo, lo que ocurrió hace unas semanas con las Reglas del Uso de la Fuerza. En esa votación, el Ejecutivo no defendió ni organizó a sus senadores para resguardar elementos fundamentales, como la prohibición de apuntar o disparar a la cabeza. No quiero decir que las RUF sean malas, al contrario: necesitamos que el uso de la fuerza esté regulado por ley y no por reglamentos que pueden modificarse según quién esté de turno», acotó.

Campillai, quien ha votado constantemente en contra de la extensión del estado de excepción en Wallmapu, se mostró decepcionada de Gabriel Boric y su gobierno, que llegó al poder justamente sirviéndose de promesas en materia de justicia y reparación para con las cientos de víctimas de la violencia estatal sistemática desplegada durante el Estallido.

Sobre el compromiso anunciado en enero por el Gobierno, respecto a apoyar el Proyecto de Reparación Integral, Fabiola Campillai concluyó que, «envió al equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos a pedir una semana más de plazo para reflexionar. Estamos a las puertas de junio, y la respuesta aún no ha llegado».