El Juzgado de Garantía de Arica dictó este sábado, 19 de octubre, la medida cautelar de prisión preventiva para José Luis Méndez Materno, José Ángel Díaz Yáñez y Miguel Enrique Salas Valbuena. Los tres hombres fueron imputados por el delito consumado de tráfico de migrantes agravado, tras ser sorprendidos el viernes en el Complejo Fronterizo de Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota.

En la audiencia de formalización, presidida por la magistrada Paulina Zúñiga Lira, se ordenó el ingreso de los imputados al Complejo Penitenciario de Acha. La jueza consideró que la libertad de los acusados representaba un peligro tanto para la seguridad de la sociedad como por riesgo de fuga, motivo por el cual se determinó que permanezcan privados de libertad mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 100 días.

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La detención de Méndez Materno, Díaz Yáñez y Salas Valbuena fue posible gracias a la denuncia de una ciudadana ecuatoriana, quien se acercó a las autoridades el viernes 18 de octubre en el Complejo de Chacalluta. Según el Ministerio Público, la denunciante reveló que los tres hombres, conocidos comúnmente como «coyotes», habrían ingresado a un grupo de migrantes de forma ilegal a Chile, tras coordinar el cruce desde Tacna, Perú. El grupo estaba compuesto por 11 adultos y cuatro menores de edad, de nacionalidades ecuatoriana y venezolana.

La denuncia fue entregada a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes lograron la detención de los tres imputados poco después de la llegada de los migrantes. Las víctimas relataron que pagaron entre 150 y 280 dólares para que los «coyotes» los guiaran a través de una peligrosa travesía desde Tacna hasta el Hito 18, en la frontera con Chile. El trayecto incluyó el cruce de una inhóspita zona desértica, donde algunos sectores están marcados por la presencia de minas antipersonales.

Este caso destaca por la gravedad de las condiciones en las que los migrantes fueron transportados y los riesgos a los que estuvieron expuestos. Las autoridades subrayaron que el tráfico de migrantes no solo vulnera la legislación nacional, sino que también pone en riesgo la vida de personas que buscan mejores oportunidades en un nuevo país. Según la ley, el tráfico de migrantes agravado es un delito que puede acarrear penas más severas cuando se compromete la integridad física o la vida de las personas involucradas.

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El fiscal encargado del caso destacó que la colaboración de la denunciante fue clave para desmantelar esta operación de tráfico humano, una práctica cada vez más común en las zonas fronterizas del norte de Chile, donde los migrantes suelen ser explotados por redes delictivas que operan en la región.

La formalización de cargos marca un paso crucial en la lucha contra el tráfico de migrantes en Chile, un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años, particularmente en el norte del país, donde las redes de «coyotes» aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes. Con la investigación en curso, se espera que se esclarezcan más detalles sobre el rol de los detenidos y la extensión de sus operaciones.

La magistrada Zúñiga Lira dejó claro que la decisión de prisión preventiva busca garantizar que los imputados no huyan del país ni representen una amenaza para la comunidad mientras se reúnen las pruebas necesarias para un juicio.