Finalmente, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por parte de la derecha, contra los indultos otorgados por Boric a siete condenados políticos, seis de ellos correspondientes al Estallido Social. 

Por Juan Contreras Jara

Tras acoger a trámite la acción que busca impugnar la gran mayoría de los indultos presidenciales, el TC deberá informar este jueves sobre la posible admisibilidad de los requerimientos presentados por senadores de la UDI, Evópoli, RN y Demócratas. 

Quienes podrían ver revocado su indulto presidencial, de ser declarados admisibles los requerimientos de inconstitucionalidad, serían, Felipe Eduardo Santana, Jordano Santander, Brandon Rojas, Bastián Campos, Claudio Romero, Luis Castillo y Jorge Mateluna,  exmilitante del FPMR y único condenado político que no corresponde al Estallido Social.

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Recordemos que los indultos que beneficiaron a dichos condenados políticos, fueron efectuados el 30 de diciembre pasado, generando la histeria de la derecha, que terminó recurriendo al TC contra el decreto supremo del presidente de la República, el mismo que Piñera utilizó para indultar a los criminales de lesa humanidad Juan Fernando Alfredo Torres Silva, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, Víctor Manuel Mattig Guzmán, Hugo Prado Contreras y Raúl Ernesto Rojas Nieto, en 2020.

La acción de la derecha, basada en una supuesta vulneración de igualdad ante la ley, desviación de poder y juridicidad, busca devolver a prisión a condenados políticos como Jordano Santander, condenado a 7 años de cárcel por un supuesto homicidio frustrado contra un funcionario de la Policía de Investigaciones. La única prueba estimada por el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio fueron las declaraciones del funcionario de la PDI Hugo Gutiérrez, uno de los mismos policías que habrían torturado a Jordano al interior del cuartel, situación judicializada en una querella por parte del INDH.

Cabe destacar que producto de los trece indultos, la derecha incluso se bajó de la mesa de seguridad que mantenían con La Moneda, demostrando así que su participación en ella no respondería a un interés real en la seguridad del país, sino más bien a una moneda de cambio con el Gobierno.