Tribunal de los Derechos de la Naturaleza declara culpables a empresas mineras canadienses por vulneraciones en Sudamérica y Serbia
El 6º Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza se reunió el 28 de febrero de 2025 en la Universidad de Toronto (Canadá) para analizar los devastadores efectos de las industrias extractivas canadienses, en particular sobre los pueblos indígenas y sus comunidades, los sistemas hídricos y los ecosistemas críticos de todo el mundo.
Con casos que abarcaban Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Serbia y el propio Canadá, el Tribunal, cuyo tema era «Los impactos de la minería y la era posterior al extractivismo», escuchó desgarradores testimonios de defensores de primera línea, expertos jurídicos y activistas medioambientales que expusieron el papel de Canadá en la perpetuación de la destrucción del medio ambiente y las violaciones de los derechos humanos a través de sus políticas mineras y comerciales, justo a tiempo para la Conferencia de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés), una reunión emblemática de la industria minera mundial, que tendría lugar la semana siguiente en Toronto.
«La industria afirma que está construyendo el futuro, pero el único futuro que garantiza es el de la sequía, la contaminación y el desplazamiento», declaró James Yap, Fiscal de la Tierra. «Hoy rechazamos el mito de que la extracción a toda costa es inevitable. Pedimos el fin de la era del saqueo y el comienzo de una era de restauración, regeneración y respeto.»
Un patrón global de destrucción
Las pruebas presentadas al Tribunal dejaron claro que las actividades mineras plantean graves riesgos para las personas y el planeta: Ana Zbona, experta del Business & Human Rights Resource Center, explicó los efectos devastadores de la minería de minerales de transición en el contexto de la actual crisis climática, a través de las conclusiones del Transitions Minerals Tracker, que ha registrado más de 600 denuncias de abusos contra los derechos humanos relacionados con operaciones mineras a gran escala. Destacó el impacto desproporcionado de estas actividades en las comunidades indígenas, ya que más del 50% de los minerales de transición se encuentran cerca o en tierras indígenas. Además, subrayó los peligros a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos, siendo la minería el sector más peligroso para los activistas, ya que a menudo se producen amenazas, intimidaciones e incluso asesinatos.
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En sus recomendaciones, Zbona pidió la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos, negociaciones justas con las comunidades y tolerancia cero con los ataques a los defensores, e instó a gobiernos y empresas a dar prioridad a las prácticas mineras responsables: «No tenemos que elegir entre luchar contra el cambio climático y proteger los derechos humanos. Una transición justa debe significar trabajar por una mayor equidad e igualdad globales, lo que significa que primero deben considerarse las opciones políticas para reducir la demanda de nuevos minerales.»
Brasil: Minería en la Amazonia: un desastre en ciernes
Ana Laide Soares Barbosa, miembro del movimiento Xingu Vivo, y Verena Glas, de la Fundación Rosa Luxemburgo, denunciaron a la empresa minera canadiense Belo Sun por sus operaciones en la Volta Grande do Xingu, una región ya devastada por la presa hidroeléctrica de Belo Monte. «Belo Sun llegó sin permiso, sin consulta y con violencia», afirmaron. El proyecto, advirtieron, podría desencadenar uno de los peores desastres medioambientales de Brasil, ya que las explosiones cerca de la presa de Belo Monte amenazan su integridad estructural. Además, se prevé que la mina extraiga 43.000 metros cúbicos de agua por hora, agravando la crisis hídrica de la región. «Más de 50 personas han sido judicializadas por defender sus tierras, y un defensor de los derechos humanos ya ha sido asesinado», declararon.
El Tribunal tuvo conocimiento de la detención de José Rones, agricultor del asentamiento de reforma agraria PA Ressaca, en Pará (Brasil), en medio de conflictos con la empresa minera canadiense Belo Sun. A pesar de las sentencias judiciales brasileñas que suspenden la licencia medioambiental de Belo Sun y anulan los acuerdos sobre tierras, la empresa ha desplegado operativos armados que intimidan y acosan a los agricultores que se resisten a la minería. Las autoridades han hecho caso omiso de las denuncias de violencia. El Tribunal condena la detención del agricultor mientras las violaciones de Belo Sun quedan impunes y pide al gobierno brasileño que defienda los derechos de los defensores de la tierra y la naturaleza en el Volta Grande do Xingu. Enlace a la carta del Tribunal
Canadá: La minería del uranio afecta a las comunidades indígenas
Jordyn Burnouf, mujer Nehîyaw|Cree y miembro de la Primera Nación de Black Lake, expuso la devastación social y medioambiental causada por la extracción de uranio en el norte de Saskatchewan. «Como el hígado de nuestro cuerpo, el muskeg limpia las aguas y las tierras: este ecosistema es uno de los mayores sumideros de carbono de Norteamérica», explicó. Pero la minería está destruyendo este delicado equilibrio, y los trabajadores indígenas se enfrentan a condiciones laborales inseguras, incluido un acoso sexual rampante. «El primer día me advirtieron: ‘Prepárate para sufrir acoso sexual’. Esa fue mi introducción a la industria».
Gracias a la recomendación del testigo, el Tribunal instó a Canadá a promulgar una ley sobre el deber de vigilancia de las empresas en materia de medio ambiente y derechos humanos y una legislación sobre diligencia debida similares a las de Francia y Alemania para rendir cuentas por los abusos contra los derechos humanos.
Chile: La falsa promesa de la minería «verde»
La testigo chilena Valeria Sepúlveda, presidenta de Parque para Penco, rechazó las afirmaciones de que la extracción de tierras raras en Penco (Chile) sirva a la transición energética. «No se trata de energía limpia, sino del complejo militar-industrial», afirmó. El proyecto avanzó sin consulta previa, deforestó ilegalmente zonas protegidas, amenazando a la endémica Queule, entre otras muchas especies, y ha incumplido reiteradamente las normas medioambientales. «Quieren sacrificar nuestra tierra, nuestra agua y nuestra comunidad por una mentira», advirtió. «Esto no es desarrollo; es destrucción». Sepúlveda subrayó que su comunidad lleva años luchando para proteger sus ecosistemas, proponiendo la creación de un parque protegido en lugar de permitir más industrias extractivas. «Queremos un parque, no una mina, queremos poder quedarnos en casa, no ser desplazados y no convertirnos en una zona de sacrificio».
Argentina: Litio y cianuro – Las nuevas zonas de sacrificio
Domingo Jofré, miembro de Jáchal No Se Toca en San Juan, Argentina, se presentó ante el Tribunal para relatar los devastadores impactos de la minería a gran escala en su territorio, centrándose en las operaciones de Barrick Gold y el derrame de 2015 en la mina Veladero, donde más de un millón de litros que contenían cianuro y otros metales pesados se filtraron de esta mina de oro a cinco ríos de la cuenca del Jachál. Este vertido fue ocultado tanto por la empresa como por el Gobierno: «Nos enteramos por un mensaje de WhatsApp» de que el agua había sido contaminada y no debían beberla, denunció.
Jofré describió cómo la minería ha contaminado el río Jáchal con metales pesados, ha destruido glaciares y ecosistemas de alta montaña y ha puesto en peligro la disponibilidad de agua para las comunidades locales. También denunció la corrupción política que permite la impunidad de estas empresas y exige que dejen de financiarse y cotizar en bolsa. Advierte sobre el proyecto José María, que amenaza con dañar aún más las fuentes de agua y los glaciares de la región: «Por la Naturaleza, que haya justicia».
La testigo Verónika Chávez, presidenta de la comunidad de Tres Pozos, en Jujuy, destacó la resistencia de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc: «Tratan nuestra tierra como un recurso a saquear, pero para nosotros es nuestra Madre, nuestra vida, nuestro hogar», afirmó. «Nos negamos a ser sacrificados por su supuesto progreso». Chávez denunció la violación sistemática de la soberanía indígena y pidió la retirada inmediata de las empresas mineras de sus tierras sagradas. «No queremos ser corderos sacrificados para que algunos puedan conducir coches de lujo. Queremos dejar el salar para que lo disfruten las generaciones futuras: nuestros nietos, nuestros bisnietos.»
La experta Miranda Solís reveló la devastación ecológica causada por la minería del litio en los humedales de gran altitud de Argentina, que se están secando debido a la extracción excesiva. «El agua de los salares sustenta la vida, no sólo humana, sino de ecosistemas enteros únicos en esta región», afirmó.
Ecuador: La batalla por el agua y la soberanía
Hortencia Zhagüi, representante de la región de Kimsakocha, expuso la actual lucha de Ecuador contra las empresas mineras canadienses, denunciando cómo los proyectos extractivos amenazan fuentes de agua críticas como los «páramos» de Kimsacocha. «Los páramos son nuestra resistencia, nuestra vida, nuestra familia. No permitiremos su destrucción», declaró Zhagüi, que lleva más de 30 años luchando contra la minería y describió la larga historia de resistencia de la comunidad y los efectos devastadores de la minería en el frágil ecosistema: «Nuestras aguas nos han sostenido durante generaciones. No podemos permitir que las envenenen para obtener beneficios empresariales», recalcó.
Por su parte, Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó siete casos críticos del XV Tribunal Local de Derechos de la Naturaleza de Ecuador: Las Naves, Kimsacocha-Loma Larga, Warintza, Nabón, Fierro Urco, Espíndola, y Palo Quemado – Las Pampas, presentándolos a los jueces junto con el mandato oficial del Tribunal local. «Estos casos representan las realidades vividas y las experiencias de las comunidades que resisten al extractivismo en todo Ecuador. Estamos aquí hoy no sólo para denunciar, sino para exigir que se actúe», declaró Yasacama, y advirtió de la criminalización sistemática de los defensores indígenas de la tierra. Más de 200 personas han sido criminalizadas en diferentes territorios de Ecuador: «Somos perseguidos, amenazados y tratados como delincuentes por defender el agua y la vida».
Viviana Herrera, de Mining Watch, destacó los peligros del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá firmado en febrero, que otorga a las empresas el poder de demandar a los gobiernos que rechacen proyectos mineros. Canadá lo presenta como un acuerdo comercial «inclusivo», pero las comunidades de primera línea han sido sistemáticamente excluidas de las negociaciones. Esto no es más que una expansión del colonialismo corporativo». El contenido de este acuerdo se ha negociado a puerta cerrada, y existe una reserva ministerial sobre su contenido que las comunidades instan a que se haga pública.
Serbia: La nueva frontera extractiva
El juez Francesco Martone sacó a relucir el caso de la región serbia de Homolje, donde la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) está ampliando sus actividades extractivas: «El gobierno serbio está convirtiendo el país en una colonia minera, suavizando las restricciones medioambientales y reprimiendo la resistencia civil», advirtió. Las explotaciones auríferas de la empresa amenazan a 143 especies, entre ellas varias ya en peligro, y suponen un riesgo existencial para los ecosistemas de la región. «Los ríos, los bosques y las comunidades que han vivido aquí durante generaciones están siendo sacrificados en nombre del beneficio», declaró Martone.
Rade Mošić, de la aldea de Laznica, en Serbia, relató cómo la fuente de agua de su familia, utilizada durante generaciones, dejó de ser potable tras las actividades de perforación de DPM, que contaminó las fuentes de agua locales con sustancias tóxicas como arsénico, aluminio, cobre y cadmio, además de destruir bosques, provocar el desplazamiento de la fauna silvestre, y mencionó la presión psicológica y la vigilancia impuestas a los activistas. «Homolje resistirá. La tierra, la Naturaleza y los niños de Homolje triunfarán».
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El caso serbio se presentó por primera vez en el 14º Tribunal Local de Derechos de la Naturaleza, donde organizaciones de base y defensores del medio ambiente documentaron los cuantiosos daños causados por las inversiones mineras extranjeras, y los resultados de este Tribunal se entregaron como denuncia al Convenio de Berna.
El veredicto oral del Tribunal
En su declaración final, el juez Tom Goldtooth, de la Red Ambiental Indígena, manifestó que cada uno de los casos demostraba un caso claro de violación de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, reafirmando que la Naturaleza es un ser vivo y autorregulado con derechos inherentes, y cuestionó la legitimidad de los modelos de desarrollo impulsados por las empresas, exigiendo que los gobiernos, los inversores y las empresas rindan cuentas por su papel en la destrucción de las tierras y culturas indígenas. Además, citó los casos como una violación de la Declaración de la Semilla de Siena adoptada por GARN y de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. «¿Quién le pregunta a la Naturaleza? ¿Quién le pide permiso a la Madre Tierra, al agua, al aire, para hacer el daño y la destrucción que están planeando hacer o que están haciendo actualmente?», preguntó. «Las violaciones de los Derechos de la Naturaleza son violaciones de los Derechos Indígenas y de los Derechos Humanos: uno no puede existir sin el otro».
La jueza Tzeporah Berman, del Fossil Fuel Treaty, condenó a continuación los continuos abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos de las empresas mineras canadienses, denunciando su papel en el envenenamiento de las fuentes de agua dulce, la destrucción de la biodiversidad y el atropello de los derechos indígenas. «Un problema para el que no hay solución es una tragedia. Un problema para el que existe una solución conocida sobre la que no se actúa no es una tragedia, es un escándalo», declaró. «Al escuchar los desgarradores testimonios de hoy, más de una vez pensé: esto es una tragedia. Pero luego me recordé: no es una tragedia, es un escándalo». Berman subrayó la urgente necesidad de eliminar progresivamente los combustibles fósiles y las actividades mineras, centrando la transición en la justicia: «El coraje es contagioso. Vuestro coraje nos ha inspirado a todos».
La escritora, activista y jueza del Tribunal canadiense Maude Barlow advirtió de una inminente crisis mundial del agua, ya que la demanda superará a la oferta en un 40% en la próxima década. «Hemos desviado, contaminado y utilizado el agua como un recurso para el placer y el beneficio. Debemos dejar de hacerlo. Amar y honrar el agua es esencial para llegar adonde necesitamos ir», afirmó. Denunció la financiarización de la Naturaleza como estrategia corporativa para maquillar de verde la destrucción, declarando: «El antídoto contra la financiarización de la Naturaleza son los Derechos de la Madre Tierra».
Casey Camp Horinek, anciano de la Nación Ponca, subrayó que la destrucción causada por las industrias extractivas es un ataque a la propia red interconectada de la vida. «Nuestra Madre Tierra tiene leyes, y estas leyes deben respetarse por encima de las leyes de las corporaciones y los gobiernos que pretenden explotarla», declaró el juez del Tribunal. «Los Derechos de la Naturaleza no sólo deben ser reconocidos, sino ferozmente defendidos».
Como mujer cree de las llanuras de la Primera Nación Kawacatoose, en el territorio del Tratado 4 de Canadá, la juez Danii Kehler puso de relieve la violenta imposición de la minería canadiense del litio en los territorios indígenas, exponiendo cómo las comunidades han rechazado repetidamente la extracción, sólo para ser ignoradas. «Hemos dicho ‘no’ una y otra vez, pero siguen imponiéndonos esta destrucción», declaró. «No es un sacrificio que estemos dispuestos a hacer». Kehler hizo hincapié en la necesidad de que se defienda la soberanía indígena, afirmando que la verdadera justicia medioambiental debe incluir el derecho de las comunidades a rechazar los proyectos extractivos.
El juez Francesco Martone expuso el papel de los acuerdos de libre comercio a la hora de facilitar la destrucción del medio ambiente y la impunidad de las empresas. «Los acuerdos comerciales son instrumentos modernos de colonialismo. Conceden a las corporaciones derechos sobre la Naturaleza mientras despojan a las comunidades de su capacidad de resistencia». Pidió el desmantelamiento de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que permiten a las corporaciones demandar a los gobiernos por proteger los ecosistemas.
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El ingeniero chileno Lucio Cuenca Berger condenó la expansión de la minería bajo el pretexto de «minerales críticos para la transición energética», advirtiendo de que esta retórica se está utilizando para impulsar el modelo extractivista a expensas de las comunidades y los ecosistemas. «Se nos está forzando a una falsa urgencia para que la Naturaleza esté disponible para la transición energética», declaró el juez. «Se están debilitando las normas reguladoras y se está socavando la propia democracia para beneficiar a las corporaciones».
Enrique Viale, abogado y juez del Tribunal argentino, puso en la picota el saqueo de los ecosistemas latinoamericanos por parte de las empresas mineras canadienses, advirtiendo que «las zonas de sacrificio no son un error, son un modelo de negocio». Subrayó que el extractivismo es una continuación de la violencia colonial, afirmando: «Estas corporaciones están escribiendo nuevos capítulos en Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Pero no dejaremos que dicten el final de nuestra historia».
Para clausurar la sesión, Heather Milton Lightening, que presidió esta sesión del Tribunal, hizo un llamamiento directo para que se devuelvan las tierras y se ponga fin al colonialismo verde. «Como indígena de Canadá, quiero decir que es hora de recuperar las tierras. Canadá está cometiendo ecocidio y debería ser responsable de la remediación y reparación de los daños en todos estos casos, incluida la expulsión de estas empresas de todos estos países. La transición debe ser justa, sin sacrificar a nadie».
La consejera del Tribunal Osprey Orielle Lake también pidió la adopción de la Declaración, afirmando que este marco es fundamental ante el caos climático y la destrucción ecológica: «Necesitamos avanzar hacia marcos que promuevan la justicia, los derechos, la reciprocidad, la restauración, las reparaciones y las relaciones saludables entre nosotros y con nuestra sagrada Tierra», instó. «Los Derechos de la Naturaleza no son una fantasía: 39 países ya los están promoviendo y se han ganado casos legales. Es una idea real en acción. No hay más tiempo para retrasar el cambio sistémico».
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El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza emitió una serie de recomendaciones urgentes que abordan las violaciones generalizadas de los derechos humanos y no humanos de las empresas mineras canadienses a escala local e internacional, con el respaldo del gobierno canadiense. Los jueces del Tribunal piden al Relator Especial de la ONU que investigue el impacto de la extracción de minerales críticos sobre los derechos de los pueblos indígenas, instan a la adopción de un Tratado Vinculante de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y exigen el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en los países afectados.
Entre los casos concretos se incluyen llamamientos a Canadá para que promulgue leyes más estrictas de diligencia debida en materia de medio ambiente y derechos humanos, respete el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y suspenda proyectos destructivos como Belo Sun en Brasil. Además, el Tribunal denuncia la impunidad empresarial en Chile, Argentina, Ecuador y Serbia, destacando las violaciones relacionadas con la extracción de litio, uranio y oro, y pidiendo la protección urgente de los ecosistemas naturales y las comunidades afectadas.
El Tribunal insta a los gobiernos a detener los proyectos mineros en zonas ecológicamente sensibles, a poner fin a la criminalización de los defensores del medio ambiente y a garantizar una auténtica consulta con las comunidades afectadas. Exige la retirada inmediata de las empresas mineras canadienses de Ecuador, el rechazo del Tratado de Libre Comercio Ecuador-Canadá y la plena reparación de los daños causados por las operaciones mineras en todo el mundo. El Tribunal pide además al gobierno serbio que suspenda las prospecciones de oro en Homolje y ponga en marcha medidas de reparación medioambiental.
En respuesta a estas violaciones generalizadas, el Tribunal declara a las empresas mineras canadienses culpables de infringir los derechos colectivos, los derechos indígenas y los derechos de la naturaleza. Una sentencia final, el «Nuevo Pacto con la Madre Tierra», se presentará en la COP30 en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, basándose en la primera sesión de la audiencia del 6º Tribunal Internacional en Nueva York durante la Semana del Clima 2024, con el tema «El fin de la era de los combustibles fósiles», y esta segunda sesión en Canadá, para enfatizar que las industrias de los combustibles fósiles y la minería son componentes interconectados del mismo sistema destructivo y deben abordarse colectivamente.
El Tribunal también tiene prevista una misión de investigación a los tres países productores de litio de América Latina para seguir investigando el impacto de la minería en la Naturaleza y las comunidades.
Vea el Tribunal completo y todas las intervenciones individuales aquí.
Fondo
La sesión del Tribunal siguió a su audiencia de noviembre de 2021 en Glasgow, en la que abordó las continuas amenazas a la Amazonia, en particular en los territorios de Xingu y Carajás en Brasil, afectados por proyectos como la mina de oro de Belo Sun. Una delegación del Tribunal visitó la región en 2022 y fue testigo directo de la devastación causada por las operaciones mineras a gran escala, como la deforestación, la contaminación y el acaparamiento de tierras. Las comunidades locales y los pueblos indígenas, apoyados por organizaciones como Xingu Vivo Para Sempre (MXVP), han solicitado al Tribunal que tome medidas contra estas prácticas destructivas.
Canadá es un actor clave en la industria minera mundial, ya que el 47% de las empresas públicas del mundo cotizan en las bolsas canadienses. A pesar de los importantes abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos vinculados a las operaciones mineras canadienses en América Latina, África y Asia-Pacífico, Canadá sigue dando prioridad a la extracción de recursos. La audiencia del Tribunal pretende sacar a la luz estas prácticas y proponer una respuesta crítica para defender los derechos de la naturaleza y de las comunidades afectadas. Antes de la sesión de Toronto, el Tribunal celebró una audiencia local sobre Dundee Precious Minerals (DPM) en Serbia, que dio lugar a una declaración de los jueces del Tribunal condenando tanto a DPM como al gobierno serbio por su papel en las violaciones actuales y potenciales de los Derechos de la Naturaleza.
Sobre el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución dirigida por ciudadanos que aborda las violaciones contra la Naturaleza y los derechos de sus guardianes, responsabilizando a empresas y gobiernos de la destrucción medioambiental. Al ofrecer recomendaciones jurídicas y amplificar las voces populares, el Tribunal promueve un marco de justicia medioambiental basado en los derechos de la naturaleza.
Desde su creación, el Tribunal ha visto casos en todos los continentes, abarcando cuestiones como el fracking, la deforestación, la extracción de combustibles fósiles, las infraestructuras a gran escala y la minería. Sus decisiones sirven de modelo para proteger la Naturaleza y defender sus derechos como base para una gestión eficaz y justa
