En una decisión que marca un precedente importante para la defensa de los derechos laborales en la función pública, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de protección interpuesto contra la Universidad de La Frontera (UFRO), ordenando la reincorporación de una trabajadora injustamente desvinculada en el año 2024, en el marco de la crisis de despidos masivos de la casa universitaria.

La sentencia reconoce la vulneración de garantías constitucionales en la decisión de no renovar su contrata para el año 2025, pese a que la trabajadora no contaba con los 5 años; reafirmando una interpretación más amplia del principio de confianza legítima tras años de servicio continuado y evaluaciones positivas, que – según indica la sentencia- «han desarrollado una expectativa razonable de permanencia en el cargo».

La Corte de Temuco estableció que el vínculo laboral sostenido desde 2014 --primero a honorarios y luego a contrata-- no puede ser desconocido por simples consideraciones administrativas, como problemas presupuestarios generales.

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En un análisis riguroso, el tribunal interpretó con enfoque de derechos humanos el caso, validando la jurisprudencia y dictámenes que exigen una motivación específica y objetiva cuando se pretende desvincular a un trabajador que ha demostrado compromiso, desempeño y permanencia.

El fallo no solo restituye el puesto de trabajo a la persona afectada, sino que también ordenó el pago de todas las remuneraciones y beneficios no percibidos durante el periodo de separación.

Las abogadas a cargo del caso – Vivian Franco y Daniela Riffo- valoraron este resultado en el marco de la dignidad en el empleo público, e indicaron que «esta reincorporación representa no solo el triunfo de una trabajadora, sino también un paso más en la lucha contra la precarización del empleo».