La principal ocupación y preocupación del gobierno de Piñera durante el manejo de la crisis del COVID19 ha sido proteger y salvar al mercado. No es la vida y la salud de la población lo que mueve las acciones de los gobernantes, sino las exigencias económicas de los poderosos dueños del modelo neoliberal. Cual títere o marioneta, Piñera reproduce las absurdas y estúpidas determinaciones mercantiles del presidente de Estados Unidos quien ya tiene a los pobres y marginados de ese país sometidos a la implacable voracidad de la pandemia.

Las respuestas de Piñera y su gobierno ante la propagación del virus también están determinadas por criterios comerciales y no por factores de salubridad pública o por el bien común del país, de la población trabajadora, de los pobres y marginados. Amparados en el autoritarismo propio de la derecha heredera de la dictadura -y en un centralismo extremo- característico de los criterios patronales, han impuesto un secretismo absurdo en la toma de decisiones sanitarias que solo busca encubrir los fundamentos economicistas de las tales decisiones. Más que economicistas, son fundamentos mercantiles que justifican en supuestas decisiones técnicas de los ya manoseados comités de expertos. Lo prioritario para estos gobernantes es el mantenimiento a toda costa de las utilidades de los empresarios.

En los hechos, el gobierno jamás adoptará por voluntad propia ninguna medida que atente contra el sistema neoliberal, que afecte los intereses de los grandes grupos económicos, que cuestione alguno de los pilares en que se sustenta este modelo de explotación y acumulación. Peor aun, esta administración da muestras de un sometimiento absoluto a la voluntad empresarial, pues cuando trata de limitar el descaro, el abuso y el atropello en que incurren sus mandantes contra la población en general, repta para pedirles el favor que aplaquen su avaricia, que moderen su codicia, que morigeren sus ansias. Todo por favor. Este presidente-gerente actúa como gestor de los poderosos patrones y les pide favores para conseguir algo, que ni siquiera significa un freno, sino solo un cambio de ritmo al proceso de acumulación. Los poderes del autoritarismo presidencial, de los que se dotó al dictar el Estado de Catástrofe, solamente los ha utilizado para aplastar al pueblo y dejar caer sobre los hombros de la población el peso y el costo de la crisis; los ha usado para sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, o para hacer montajes escénicos de demostración de poder yendo a sentarse a Plaza Dignidad.

No solo eso, sino que las pretendidas medidas de apoyo económico para la población afectada por la crisis, han estado destinadas a favorecer, a proteger y beneficiar al gran empresariado. Fieles a su lógica de abusos y atropellos, la estrategia gubernamental apunta a hacer pagar los costos de la crisis sobre la clase trabajadora, a dejar caer sobre los más necesitados los efectos demoledores de la epidemia. Los poderosos empresarios, los patrones, los dueños de este modelo, no aportan ni un centavo para afrontar esta pandemia y sus consecuencias; por el contrario, solo buscan salvaguardar sus intereses, proteger sus inversiones y además, para prevenirse de riesgos, recurren a su gobierno (entiéndase al Estado) para que les cubra de cualquier zozobra. En esa dinámica, se han apoderado de los recursos el Estado y los están usando a su antojo en entero beneficio.

Los paquetes de medidas que ha introducido Piñera y su gobierno han dejado esta cuestión absolutamente clara; del primer paquete, no más del 35% de los fondos prometidos (US$ 11.500 millones) irá a favor de los más necesitados, el 65 % restante va destinado a los intereses de los poderosos, disfrazado como apoyo a la Pymes y al empleo. Para la población, solo paliativos y engaños. El mentado "bono COVID19", anunciado y ventilado con toda la pompa mediática empresarial, consiste en miserables $50.000 que solo beneficiaría (eventualmente, porque tampoco es seguro que puedan recibirlo) al 15 % de población más vulnerable, marginados o trabajadores sin contrato. El resto, los trabajadores y trabajadoras afectas a contrato, o los independientes, o los informales, o los jubilados, que se jodan. Si no lo expresan en el registro social de hogares, se joden. Si quedan cesantes, no importa, porque pueden acudir al Seguro de Cesantía, dice la fría lógica piñerista.

Por cierto, este mecanismo es un chiste grosero de estos gobernantes de pantomima porque obliga a los afectados a utilizar los escasos recursos que pudieran haber acumulado en ese fondo personal, y que con suerte puede costearles un mes de sobrevida. Lo único seguro de ese seguro es la cesantía. Los montos difícilmente puedan sostener las necesidades de los trabajadores y trabajadoras que masivamente han sido dejados en cesantía por esos mismos empresarios inescrupulosos a los que Piñera busca proteger. No olvidemos que fue este mismo gobierno el que, amparado en un dictamen infame de la Dirección del Trabajo, y la siguiente «ley de protección al empleo» que les otorgó resquicio a los patrones para despedir a los trabajadores y dejarlos en descampado en plena tormenta.

El segundo paquete de medidas anunciado hace una semana, tiene las mismas características o peores. Esta vez, la pompa mediática estuvo puesta en los US $ 2.000 millones (dos mil millones de dólares) que estarán destinados a apoyar a los trabajadores informales sin acceso a seguro de cesantía. No se sabe cómo ni cuándo los más de 2.600.000 personas afectas pudieran tener acceso a esta ayuda que no se sabe si se otorgará de una vez o por cuotas, pero tampoco es para volverse locos puesto que no superaría los $ 770.000 por persona (si es que eventualmente pueden acceder a ella, dados los requisitos que implica).

Lo esencial del segundo paquete de Piñera va destinado al empresariado y en especial al mercado financiero. Consiste en poner a disposición de la banca US$ 24.000 millones (veinticuatro mil millones de dólares) destinados -supuestamente- a otorgar créditos a las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes. Punto. ¿A quién está ayudando el gobierno de Piñera? El disfraz de ayuda a las PYMES se cae a pedazos cuando el Estado entrega a la banca privada semejante cantidad de dinero para que otorgue créditos (préstamos) con aval del propio Estado a las empresas que lo soliciten.

El adorno se completa con el agregado de que dichos créditos se entregarían "solo" a aquellas empresas cuyas ventas sean inferiores al millón de UF anuales. Las empresas en Chile que tienen ventas por sobre ese monto representan el 0,2 % del total, es decir, el 99,8 % de las empresas pueden solicitar créditos (con respaldo del Estado) a los bancos. No es la única trampa. Los bancos ofrecerán estos prestamos a sus clientes comerciales, no a cualquier persona o empresa sino a sus clientes, y el gobierno les "pidió por favor" que el interés real que cobren a sus clientes no supere el 3,5 %. El Estado servirá de garantía hasta de un 80% del crédito para aquellas empresas pequeñas (de ventas no mayores a 700 millones al año), de un 70% para empresas medianas (cuyas ventas no superen los 2.800 millones al año), y de un 60% de garantía para las grandes empresas. ¿Ayuda para los pequeños? Otro chiste.

Sin embargo, Piñera y su coro mediático se ha esforzado en poner el acento en el supuesto afán que hace su gobierno para conversar con los empresarios y con la banca privada a fin de que pongan su buena voluntad y sus esfuerzos, su cuota de sacrificio, y no cobren intereses muy altos ni pongan condiciones muy estrictas a "sus clientes" para acceder a estos créditos especiales. Y, tal como lo hizo antes con las ISAPRE, con la CPC y con otros, ahora le ha pedido el favor a los bancos de que sean buenitos.

Este gobierno no ha adoptado ninguna medida que le quite un céntimo a los poderosos ni ninguna medida que signifique apoyo, alivio, ayuda a la gran mayoría de la población chilena que sufre los efectos económicos y materiales de esta pandemia.

Pudiendo hacerlo como gobernante y basado en la capacidad económica del país, no ha resuelto ninguna ayuda directa, inmediata y efectiva para aliviar la situación de las mayorías del Chile real. Otros países lo han hecho, aun sin contar con las condiciones mínimas necesarias, como sí las tiene el Estado chileno. No cuesta tanto disponer que las grandes empresas no cobren los suministros por servicios básicos por los próximos tres meses. No cuesta tanto esfuerzo disponer que el transporte público sea gratuito para la población por los próximos tres meses. No cuesta tanto fijar precios o poner límites tarifarios para los productos de alimentación y de primera necesidad por los próximos tres meses. No cuesta tanto congelar el pago de deudas que tenga la población con los bancos o el retail por los próximos tres meses. No cuesta tanto organizar la entrega de agua potable y de canastas de alimentos básicos para las familias marginadas. No cuesta tanto que el Estado financie un ingreso o un sueldo básico mensual para cada familia por el tiempo que se requiera, que haga falta. Alguna vez que se usen los recursos del Estado en beneficio de todos los chilenos y no en función de los intereses de un grupo de filibusteros que se refugian en bunkers subterráneos y se desplazan en helicóptero o autos blindados.

Tampoco cuesta tanto ocuparse de dotar a los servicios de salud pública de los insumos y materiales necesarios para que puedan cuidar de la salud de los enfermos y puedan velar por la propia. No cuesta tanto preocuparse un poquito, solo un poquito, de la sobrevida y salud de la población y establecer cuarentenas que permitan derrotar sanitariamente al virus. Pero este gobierno de pantomima solo se preocupa de su 1% y sus magnates.

Hay que poner freno al robo y al descaro. No podemos permitir que, como hace su jefe en Washington, Piñera y sus aliados utilicen la pandemia como instrumento de masacre del pueblo chileno.

Resumen.

Foto extraída de prensa.presidencia.cl/