25N en Chile: Desentrañando la deuda estatal y la violencia institucional hacia las mujeres
En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las integrantes de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) Wallmapu y la Red Chilena en Contra de la Violencia Hacia las Mujeres se refirieron a la necesidad de un nuevo enfoque cultural y estatal sobre el abordaje de la violencia de género en Chile, la manera en que el Estado y las instituciones intervienen en la salud reproductiva de las mujeres, además del requerimiento de una mayor regulación sobre la violencia hacia la mujer producida al interior de las instituciones.
Por Michelle Martínez
Este 25 de noviembre se conmemora internacionalmente el Día de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, nombrado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en honor a María Teresa, Patria y Minerva Mirabal, tres hermanas de República Dominicana, las cuales durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo tomaron un rol de denuncia ante la dictadura. El 25 de noviembre de 1960, fueron asesinadas a manos de agentes de la policía secreta de la dictadura dominicana.
En 1999, la ONU toma el caso de las hermanas Mirabel para rendir honor a su historia y eligen el 25 de noviembre como una fecha para conmemorar la lucha de las mujeres contra la violencia. El objetivo de la declaración del día se remonta a la necesidad de sensibilizar a la población sobre la violencia hacia las mujeres y, así, impulsar medidas de prevención y erradicación de la misma.
La conmemoración de este día se replica en el territorio chileno y permite a distintas organizaciones feministas movilizarse en virtud de la visibilización de la problemática. La violencia hacia la mujer es una de las violaciones de los derechos humanos más normalizados y también, más urgentes de abordar en la actualidad, contemplando que existe una deuda histórica por parte del Estado sobre la erradicación de la violencia hacia la mujer en todas sus dimensiones.
Violencia institucional contra la mujer
Durante los últimos meses, diversos municipios de la zona sur se han mantenido en la palestra porque sus ediles han sido investigados por agresiones sexuales en contra de mujeres. Lo anterior, ha dejado entrever las debilidades que poseen actualmente los mecanismos estructurales en materias de prevención, sanción y erradicación de las conductas de abuso y violencia en contra de las mujeres, las cuales -en muchos casos- se encuentran con barreras al momento de acceder oportunamente a la justicia en contextos institucionales.
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Vivian Franco, abogada feminista e integrante de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) Wallmapu, explica la participación de su organización en la defensa de víctimas de abuso sexual en los que se han involucrado diversos alcaldes. «Como red hemos dado apoyo en distintas aristas. Pudimos ayudar a visibilizar los casos porque las autoridades y la justicia ya los conocían. En el caso del alcalde de Renaico, las denuncias están hace más de 10 años el sistema. Al movilizarnos, tuvimos respuesta de las autoridades y los medios, pese a que anteriormente a las víctimas se les acusaba que buscar algún beneficio material o político. Todo lo contario, las víctimas se vieron mermadas en su situación laboral, económica y social desde que han hecho las denuncias».
«Desde mi perspectiva netamente personal, considero que muchas veces el Estado puede ser revictimizante en estos casos. Muchas de las víctimas han pedido medidas concretas desde su jefatura, en donde han pedido medidas de protección en el ámbito laboral a tribunales laborales o dentro de sus mismos municipios, y estas no se han decretado y no se han producido oportunamente. La oportunidad es muy importante, porque la verdad es que cuando a mí me dan lo que quiero 10 años después de que lo estoy pidiendo, es difícil hablar de justicia propiamente» agrega.
La abogada explica la manera en que la violencia hacia la mujer es replicada al interior de las instituciones. «Hay un componente cultural en donde nosotras podemos detectar violencia a nivel estructural. Resultado de eso es que tenemos personas que no reconocen la violencia, que la avalan, y que no comprenden la necesidad e implementar planes de prevención. En la actualidad, buscamos que el enfoque del Estado por sobre estas situaciones sea de prevención y no de reacción frente a delitos de violencia contra la mujer».
La violencia hacia la mujer puede ser ejercida de forma física, sexual y psicológica, y puede manifestarse a través de la agresión psicológica o física, el acoso sexual, el abuso o violación sexual, la violencia económica, la violencia obstétrica y, siendo la expresión más extrema de violencia y odio hacia la mujer, el femicidio.
Pese a que el reconocimiento del femicidio comenzó a finales de la década de los 70' por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), su tipificación en el país como un delito distanciado del homicidio se creó apenas en 2010. Solo en 2020 se integra la Ley 21.212 para realizar modificaciones al código penal e incluir el asesinato de una mujer en razón de su género y no solo a partir de la relación sentimental que mantenga con su victimario.
«En la actualidad, las organizaciones feministas nos encontramos en la pugna de que el Estado chileno reconozca que existen diversos tipos de violencia, como la económica o la obstétrica. La legislación actual tiene que ver con un enfoque completamente anacrónico que es familista y que no protege los derechos de las mujeres. Este es el enfoque que tenemos que seguir cambiando y eso es lo que seguimos impulsando. Nosotras necesitamos una normativa robusta y ejecutable que proteja los derechos de las mujeres en su autonomía e independencia» concluye la abogada.
El reconocimiento de la autonomía corporal y la salud reproductiva
Existen antecedentes de décadas en relación a las luchas feministas y la visibilización de su autonomía corporal, además de la promoción de la salud reproductiva. Solo en el año 2017 se pone en vigencia la "Ley de las tres causales" (21.030) tras dictaminar el Tribunal Constitucional que la protección del no nacido no debe considerar la desprotección de la mujer gestante, en tanto el feto no posee el mismo estatus y no posee los mismos derechos que persona que lo gesta.
Sobre los avances del Estado en materias de la implementación de la Ley, Priscila González, vocera de la Red Chilena en Contra de la Violencia hacia la Mujer, explica que «lo que se ha avanzado es poco, y, por otra parte, ha habido resistencias y reacciones de parte de los sectores más conservadores de este país en, por ejemplo, promover la objeción de conciencia. Resulta raro porque las distintas organizaciones siempre han tenido diferentes posturas, historia, cultura organizacional, y eso no se desconoce. Pero cuando se trata de derechos de las mujeres, ahí es cuando reaccionan férreamente, hasta remover y cambiar las estructuras, al punto de construir esta nueva figura de la objeción de conciencia institucional para oponerse, ahora con las armas de las instituciones por encima de los derechos de las mujeres».
A lo anterior, agrega que «son realmente situaciones límite porque se está negando la prestación de ayuda a estas mujeres y niñas. Solo nos muestra que están dispuestos a dejar morir a las mujeres, que están dispuestos a obligar a las niñas a ser madres a temprana edad, en vez de dejar y contribuir a que las mujeres puedan ejercer su autonomía. Es violencia institucional cuando se permite que sea esta figura reaccionaria de la violencia, de la objeción de conciencia institucional y que esté por sobre el ejercicio de la autonomía de las mujeres, que está además muy limitada».
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En la actualidad, nos encontramos ad portas de un proceso constitucional fuertemente influenciado por partidos conservadores. Recientemente, se publicó el borrador de la nueva Constitución, el cual, propone la posible eliminación de la "Ley de tres causales" en función a su propuesta de asegurar a todas las personas el derecho a la vida. «Se protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad» plantea la iniciativa del Partido Republicano.
«Lo que el Partido Republicano intenta hacer mediante la constitucionalización de la prohibición del aborto, es decirnos a nosotras que esa posibilidad no la vamos a tener nunca más y va a estar lejos de que la podamos ejercer. Posibilita que nosotras tengamos el retroceso a la vuelta de la esquina. Por eso, la consigna de la marcha por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres es precisamente que estamos en contra de retroceder. Sabemos que hoy día la derecha ya ganó. Si gana la en contra, si gana a favor, políticamente la derecha ya está satisfecha. Pero lo que hoy día está en peligro es ese retroceso».
Sobre lo anterior, la vocera concluye que «incluso entendiendo que es una práctica que no está permitida, sabemos que el aborto es una realidad. Lo muestran los estudios, lo muestra la cultura y es una práctica ancestral. Y en ese sentido, el aborto va a seguir existiendo. Por lo tanto, nosotras creemos que lo mejor sería regularlo. Es una realidad que siempre está presente y que enfrentamos de manera constante en nuestros debates. Sabemos que su implementación cambiaría significativamente nuestra realidad, al entender que se ampliaría la posibilidad de contar con cuidados y de ejercer nuestra autonomía sin continuar en la clandestinidad».
