El viernes recién pasado, el Juzgado de Garantía de Cañete impuso la cautelar de prisión preventiva al alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, imputado por delitos de connotación sexual, con acusaciones de violación e inducción al aborto. Hasta el día de hoy no aparece, manteniéndose prófugo de la justicia por casi 5 días. Organizaciones feministas acusan fallas en el sistema persecutor y nula garantía de acceso a la justicia, toda vez que las denuncias contra Reinao tuvieron recién repercusiones luego de 10 años de realizadas.

Prófugo se mantiene el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, uno de los alcaldes de la región de la Araucanía con denuncias en contra por delitos de violación, abuso sexual, entre otros, algunos de ellos presuntamente perpetrados contra menores de edad. El edil es buscado en Chile y el extranjero, luego de que no se presentara a la cárcel de Traiguén a cumplir la cautelar de prisión preventiva.

Debido a la seguidilla de casos de este tipo en la Araucanía (Lautaro, Victoria, Chol Chol, etc) y la reciente fuga por parte de Reinao, la Red de Organizaciones por los Gobiernos Locales con Igualdad de Género acudió a Contraloría solicitando un pronunciamiento jurídico sobre las obligaciones de los municipios en torno a la igualdad de género.

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La organización feminista hace hincapié en la falta de garantías para las mujeres al interior del sistema judicial chileno, considerando que, además de estar expuestas a la constante revictimización, en el caso de Reinao, algunas de las víctimas debieron esperar más de 10 años por una formalización. 

Sobre la fuga del alcalde de Renaico, la abogada Vivian Franco, integrante de la Red de Organizaciones por los Gobiernos Locales con Igualdad de Género, declaró a Resumen que, «es un lamentable hecho de negligencia del sistema que debería proteger a las mujeres y que constituye una parte de la cadena de lo que llamamos, violencia institucional. Imagínate, esperar que pase una década para recién tener una audiencia de formalización y cuando la prisión preventiva realmente se decreta  y nos da la impresión de que se va a empezar a impartir justicia, se produce una fuga».

«Acá hay una responsabilidad compartida», afirma Franco. Por una parte, alude al excesivo tiempo que el Ministerio Público dejó pasar para concretar una audiencia de formalización y por otra, el Poder Judicial, por haber dejado que Juan Carlos Reinao compareciera de forma telemática, pese al aviso de riesgo de fuga elevado por la parte querellante.

La seguidilla de casos de agresión sexual contra mujeres al interior de municipios de la Araucanía

Hace al menos 5 años que altos cargos al interior de diversos municipios de la Araucanía, como alcaldes o jefes de gabinete, han hecho noticia por ser denunciados por diversos delitos de connotación sexual, como abuso, violación, e incitación al aborto, como en el caso del prófugo Reinao.

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Casos como estos son el alcalde de la comuna de Victoria, Javier Jaramillo, quien presenta dos denuncias en su contra y una investigación en curso por los supuestos delitos antes mencionados;  el de Alfonso Coke, alcalde de Cunco, investigado por acoso y abuso sexual contra trabajadoras del mismo municipio; Luis Huirilef Chol Chol, con denuncias por abuso sexual y violación; Daniel Valencia, ahora ex jefe de gabinete de Collipulli, imputado por violación contra una guardia municipal; y Raúl Schifferli Díaz, otrora alcalde de Lautaro condenado a 4 años de libertad vigilada por abuso sexual contra una menor de edad, dan cuenta de  lo de descompuesta de la institucionalidad municipal en materia de género y derechos, situación que para la abogada Vivian Franco, constituye un ejemplo de «violencia institucional».

Franco enfatiza en que, «los municipios en general no tienen dispositivos adecuados para implementar igualdad de género y abordar casos de violencia de género, pensando en reglamentos u ordenanzas. No los tienen. Con suerte tienen oficinas de la mujer, que atienden a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, cuando la violencia ya se produjo.  Esta es una muestra de cómo el Estado, en una instancia como un municipio, que imparte política pública, debería tener considerado en su planificación la perspectiva de género y formas de prevención de violencia».

Foto: Pizarroelgueta