El proceso había quedado pactado originalmente para el 7 de mayo, pero la defensa del exgeneral de Carabineros logró aplazar la audiencia para el día de hoy, en donde la Fiscalía lo investiga por la omisión de actuar en casos de apremios ilegítimos durante el Estallido Social. En Concepción las víctimas de la policía uniformada también se manifestaron.

Por Valentín Jara Persoglia

En la mañana de este 1 de octubre, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización contra el exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, su antecesor en el cargo Mario Rozas y el exsubdirector Diego Olate por el delito de omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social.

Yáñez renunció al cargo de General Director el pasado viernes, en relación a la inminente llegada de su formalización. La audiencia había sido programada originalmente para el 7 de mayo, pero los abogados defensores del exgeneral lograron aplazar el proceso hasta el 1 de octubre. En este contexto, la defensa de Yáñez ingresó un recurso de amparo para aplazar aún más la audiencia, medida que fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

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Durante el Estallido Social, Ricardo Yáñez era el director de Orden y Seguridad de Carabineros, cargo bajo el cual habría sido responsable de dar la orden de reprimir las protestas ocurridas en el período. En este contexto, y a pesar de la escalada de crímenes de vulneración a los derechos humanos, habría coordinado que Carabineros continuara su accionar, lo que desencadenó en una multitud de apremios ilegítimos a lo largo del país.

Rodrigo Lagarini, vocero de sobrevivientes, demanda imputación por violaciones sistemáticas a los derechos humanos

En el marco de la formalización del exgeneral, se realizó un punto de prensa en los Tribunales de Justicia de Concepción, en donde Rodrigo Lagarini, víctima de trauma ocular y vocero de la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social, señaló que espera que el exgeneral Yáñez "sea imputado por los graves delitos a los derechos humanos, y por la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social".

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Solo un 2% de los casos de derechos humanos del estallido social ha sido resuelto, afirman representantes.

Con respecto a los carabineros procesados por delitos de lesa humanidad, Lagarini indicó que "solamente un 2% de todos los casos de derechos humanos ocurridos durante el estallido social se han visto con algún tipo de resolución, el resto se han visto simplemente paralizados o cerrados"

En cuanto al rol de la Fiscalía en los casos de vulneración a los derechos humanos durante el estallido social, Lagarini sostuvo que "los fiscales no han dado abasto, han tenido que pedir apoyo y aun así no ha sido suficiente, ya que las pruebas llegaron tarde o simplemente no estuvieron. Se tomaron tarde los casos, y como se tomaron tarde, se dilataron las pruebas, y más la ayuda de Carabineros de ocultar la evidencia, es que nos vemos en esta situación desfavorecida en cuanto a nuestros casos judiciales".

Sumado a esto, Gabriel Arias, miembro de la Red Nacional de Sobrevivientes, añadió que el despliegue tardío de la fiscalía sería parte de la sistematicidad del Estado en el tratamiento a los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.

En un comunicado emitido por la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social, la entidad señaló que en el período de la investigación a los altos mandos de Carabineros, "es decir, desde el 18 de octubre al 30 de noviembre, se registraron 222 personas víctimas de traumas oculares, 964 afectados por perdigones y también personas asesinadas por el actuar policial como Alex Nuñez, Danilo Cárdenas y Cristian Valdebenito".