[resumen.cl] Viñateras y viñateros han cosechado esta temporada en medio del mismo problema que se sucede anualmente: la imposición de precios de compra de su uva bajo el costo de producción por parte de empresas agremiadas en Vinos de Chile, predominado por Concha y Toro, Santa Rita y San Pedro. Las numerosas gestiones realizadas por la Coalición Nacional de Viñateros, como su denuncia a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) el 2015 y 2018, sus presentaciones ante comisiones en la Cámara de Diputados/as y el Senado, no han sido suficientes para corregir este perjuicio. Cada temporada deja tras de sí, un cúmulo de testimonios acerca de las repercusiones de esta situación y de denuncias respecto a nuevos procedimientos y agentes que complejizan tal entramado. Este es el caso de los llamados "poderes compradores", intermediarios entre quienes producen y el empresariado. A algunos de estos se les acusa de recibir recursos públicos sin que este financiamiento posibilite una mejora en las condiciones productivas imperantes para quienes laboran en el rubro.

Viñateras/os denuncian a poderes compradores. Proporcionada por Coalición Nacional de Viñateros.

Según el informe presentado por la Coalición a la FNE (2018), la producción de las tres empresas mencionadas requiere de aproximadamente un 70% de la materia prima producida por pequeñas/os propietarios. En este contexto, tales empresas pueden comprar directamente o hacerlo a través de poderes compradores que han ido propagándose este último quinquenio. Yenny Llanos, vocera de la organización y también de Viñateros del Valle del Itata, denuncia a estas entidades como funcionales a este empresariado y que este rol lo cumplen con financiamiento estatal, a través de INDAP.

Expone que durante la vendimia de 2015, el kilo de uvas estaba siendo comprado a $30 pesos en el valle del Itata por las empresas viníferas. "Quedó mucha uva colgada porque no se pagaba el cosecharla", rememora. Finalmente, buena parte de lo que pudieron cosechar lo regalaron en la plaza Independencia de Concepción y establecieron un trabajo organizativo en dos ejes: la normativa y el fomento productivo.

En ámbito de la normativa, emprendieron diversas gestiones, tales como las denuncias por abuso de posición dominante ante la FNE, la participación en múltiples instancias en Ministerios de Agricultura y Economía, así como en las instituciones legislativas e incluso realizaron una exposición en la ONU acusando abusos monopólicos. En ese contexto, les fue necesario articularse en la Coalición Nacional de Viñateros, explica Yenny Llanos. Todas estas acciones reclamaban el cumplimiento de normativas y el establecimiento de salvaguardas hacia su trabajo.

En cuanto al fomento productivo, entendieron que la asociatividad y la incorporación de la agroecología a sus procesos eran pilares fundamentales. En cuanto a la asociatividad impulsaron la creación de Asociaciones Comunales de Viñateros o Comités, a partir de los cuales se constituyeron Cooperativas y Sociedades por acciones (SPA) entre el 2015 y 2017. Según la vocera, estas "empresas asociativas nacieron muy reducidas en numero de socios, pero la idea era empezar con los que estuvieran convencidos e ir sumando socios y creciendo todos en conjunto. Entonces, este sería nuestro esqueleto y semilla inicial para ir creciendo". No obstante, todos estos intentos se mostraban estériles en tanto continuaba la práctica de las grandes viñas de establecer precios insostenibles para su actividad.

Luego de recurrir a las instituciones mencionadas, a fines de 2018, Yenny Llanos recuerda que resolvieron botar vino en las calles de Chillán. "Desde esa fecha las autoridades de gobierno hicieron de todo para evitar la manifestación del primero de febrero 2019. Recuerdo que fuimos llamados los dirigentes a reunión los primeros días de enero de 2019 con INDAP región de 'uble, donde su actual directora regional [Tatiana Merino Coria] nos dijo que habían unos 552 millones disponibles para proyectos de inversión. Claro que la idea era no salir a manifestarse y nuestra respuesta fue agradecer tal gesto, pero mantener la manifestación en contra de las grandes viñas, pues los 552 millones no eran ninguna solución para los miles de viñateros que recibirían $50 o $70 por sus uvas [kilo], donde se perderían unos $10 mil millones por vender bajo costos". Seguidamente, agrega: "las autoridades regionales, comenzaron reuniones en las comunas a espaldas del gremio, con las empresas asociativas, ofreciéndole financiar proyectos a condición de no manifestarse y descolgarse del movimiento. También se hizo correr el rumor que no había permisos para tal manifestación y a quienes asistiesen los detendrían y sacarían de los programas de INDAP. Y, efectivamente, nos negaron el permiso y solo pudimos obtenerlo unos días antes".

Resumen intentó contactar a la directora regional de INDAP en 'uble, Tatiana Merino Coria, sin resultados.

Viñateras/os denuncian a poderes compradores. Proporcionada por Coalición Nacional de Viñateros.

En una solicitud de acceso a información del pasado 8 de abril, la representante de la Asociación Comunal de Viñateros de San Nicolás, Nuvia Ortiz San Martín, contextualizó:

"En el Valle del Itata, según último Censo Agropecuario del (2007) habían unos 6449 viñateros que explotan sobre 0,5 hectáreas para ser reconocidos como tales, de los cuales 405 pertenecían a la comuna de San Nicolás. Durante el pasado gobierno 2014 – 2017, el gremio integrado y sus asociaciones comunales de viñateros del valle del Itata, comenzó un trabajo asociativo […] creando empresas asociativas con fines comerciales como Cooperativas y SPAS por los propios productores y sin ningún peso puesto por el estado en su conformación.

En la actualidad son 6 empresas asociativas (Moscin SA, Viñedos Quinchamalí Spa, Cuvas de Ninhue, Ecoparras Spa, Centinelas Spa, Coovicen), 5 de las cuales fueron formadas o constituidas el periodo del 2014-2017, agrupan unos 133 socios, financiadas y asesoradas por INDAP y que están comprando uvas en esta vendimia a 130 pesos/kilo la Moscatel de Alejandría y 100 pesos/kilo la negra país, igual que el resto de intermediarios no financiados por INDAP e inclusive menos, ya que no pagan grados, todos estos precios bajos costos de producción que bordean en promedio los 300 pesos por kilo. Además algunas de estas empresas se les ha subsidiado proyectos de vinificación en volúmenes, que estarían vendiendo vino a granel bajo costos , ya que para hacer un litro de vino se necesitan en promedio 1,5 kilos de uva más el costos de la vinificación.

[...] Así vemos que los pocos recursos que llegan al sector, que hemos defendido inclusive en la calle para inversión en equipamiento e infraestructura para los miles de productores del Itata, se han centralizado en estas empresas asociativas".

En esta documento, Nuvia Ortiz San Martín pide el listado de socios y directivos e indicar si es usuario INDAP y cuanta viña tiene inscrita en catastro del SAG. También solicita información de los subsidios entregados por INDAP, desde el 2014 a la fecha, a cada una de estas empresas asociativas, entre otros antecedentes.

Cuando se le preguna a Yenny Llanos qué representan ahora estas Cooperativas y SPA, devenidas en poderes compradores, responde: "Son un empleado más de grandes viñas, financiados por el Estado que traicionaron la causa de miles, por proyectos para ellos, a cambio de prestarse para la publicidad engañosa que intentan vender algunas autoridades a los miles de viñateros y opinión pública, de manera de desviar el problema y soluciones reales, para no tocar intereses de poderosos de la gran industria".