«En la década de los 80 éramos unos 34 mil viñateros, luego el 2007 solo quedamos unos 17 mil productores y los resultados preliminares del censo 2021 son aterradores. Si el Estado no interviene ahora, el motor y corazón del sector terminará por desaparecer y con ello la industria imagen país. Pierde Chile, pierden las economías regionales, pierden las miles de familias que ya no tendrán empleo ni sustento. Los grandes empresarios solo moverán sus inversiones a otro sector para seguir explotando a otros, porque en Chile NO existe libre mercado de verdad, sino libertad para explotar y abusar de los más débiles de la cadena». Así es como describen las organizaciones viñateras, en una carta abierta destinada al presidente Gabriel Boric, el escenario que avizoran si es que persisten las condiciones que les constriñen desde hace décadas.

Aniceto Hevia / resumen.cl

En la misiva, las y los representantes de la pequeña vitivinicultura, además de describir en términos generales las situaciones que les perjudican, también exponen propuestas para corregir el franco perjuicio que han sufrido, junto con medidas de corto plazo destinadas a mitigar los efectos nocivos de lo que han denunciado como "abuso de posición dominante", por parte del empresariado vinífero nacional.

Explican:

«Hoy día volvemos a sufrir un atentado a nuestra economía familiar, sumado a la drásticas bajas productivas por la prolongada sequía, la gran industria del vino en Chile liderada por Concha y Toro que volvió aumentar sus utilidades en el 2021 en un 27% con respecto al 2020, sin justificación técnica alguna en mercados, vuelve a fijar precios por uvas bajo costos que no reflejan los precios de vinos en mercado exportador. Los precios que se están pagando en esta vendimia por las uvas, se concentran en $200-$300 por kilo de las cepas francesas y $140-$180 por kilo de las cepas autóctonas, con costos crecientes que en el pasado ciclo bordearon en promedio los $300 por kilo, pero en este ciclo tenemos a lo menos un aumento de costos del 20% básicamente por mano de obra e insumos que están por las nubes. En el mismo sentido, para producir un litro de vino se necesita en promedio un kilo y medio de uva ( $450) más el costo de vinificarlo que en promedio bordeaba $100 por litro ciclo pasado, pero el precio pagado a productor por sus vinos (granel) esta también bajo costos.

Todo lo cual está volviendo a generar cuantiosas pérdidas para pequeños productores de uva y vino (granel) que también se paga bajo costos a productores, significará en muchos casos la quiebra por no poder hacer frente a deudas, otros muchos no tendrán como continuar con ciclo productivo, lo que se traducirá perdida de fuente laboral, cesantía y pobreza en las regiones vitivinícolas del país que se arrastrará hacia el futuro. A modo de ejemplo estiman perdidas en el Valle del Itata por vender bajo costos y esta asciende alrededor de ocho mil millones de pesos. Zona que vive principalmente de la vitivinicultura y que fue declarada el 2015 como zona de rezago por ser una de las pobres del país».

«Desde el 2006, se lleva consecutivamente denunciando en la Fiscalía Nacional Económica, la última realizada en diciembre del 2018 para que esta investigue al "poder comprador altamente concentrado y verticalmente integrado, [que] explota a pequeños productores que están fuertemente atomizados y atrapados a seguir en el rubro, sin poder de negociación o de escalamiento en la cadena, debido a elevadas barreras, economías de escala, la condición estacional y perecible del producto. Este poder dominante incurre en abusos y prácticas desleales, como la fijación de precios predatorios que no cubren los costos ni guardan relación a las variables imperantes en la industria ni al valor con que el producto es percibido en mercados competitivos. Poder comprador que habría escalado en la cadena de los abusos, fijando también el precio de los vinos a productor y con ello, de manera automática el valor de las uvas. Acciones que constituyen infracción grave a la Ley de Libre Competencia en Chile, DL 211 de 1973"».

Uva País

En los discursos de las sucesivas autoridades ministeriales se ha enfatizado en la asociación de viñateros/as como un factor determinante en la mejora de sus condiciones productivas, no obstante, desde sus organizaciones han denunciado que las asociaciones financiadas y promovidas por entidades estatales no son representativas, pues cuentan con cantidades ínfimas de integrantes (algunos de ellos sin registro en el Catastro del Viñedo Chileno), además operan como agentes del empresariado del vino, comprando uva a pequeños productores al mismo precio que este lo hace y para entregársela a este mismo, concentrado en Concha y Toro, San Pedro y Santa Rita. Las denuncias de las organizaciones viñateras de Itata, respecto a esta situación han sido expuestas recientemente a la Contraloría General de la República, pues hay una ingente cantidad de dinero público involucrada, sin que tales entidades cumplan con los propósitos que formalmente tienen. En este sentido, las organizaciones viñateras exponen a Gabriel Boric que ningún plan asociativo tendrá resultados si no cesa el abuso de las empresas al momento de imponer precios de compra de su uva, que la requieren en un 70% para su producción, según calculan.

Proponen el establecimiento de precios referenciales que reflejen los valores a los cuales se vende el vino en mercados internacionales y de este modo sirvan para fijar el precio en la compra de uvas y vinos a productor. Explican que otras materias primas lo tienen y son básicos, pues actúan como semáforos y activan la alarma frente a distorsiones.

También proponen la implementación de un poder de compra estatal «que compre a precios justos a productores que reflejen precios en mercado exportador». Indican que solo el Estado tiene la capacidad y herramientas «para competir con los gigantes que están exterminando pymes». Al respecto, se puede señalar que en la trasandina provincia de Mendoza, por ejemplo, el año pasado, el Gobierno provincial estableció precios mínimos que los agentes compradores deben respetar y, en el caso en que sus cosechas no fuesen vendidas, comprometió el financiamiento para su vinificación, evitando la pérdida.

Finalmente, demandan la entrega de recursos frescos que mitiguen los efectos de las pérdidas sufridas por las circunstancias expuestas. Concretamente, solicitan «en forma urgente que el Estado pueda subvencionar parte de las perdidas por hectárea, esto es 600.000 pesos por hectárea, que corresponde básicamente a gastos por insumo por hectárea, que es lo más urgente para poder continuar ciclo productivo y así evitar la pedida de empleo e ingresos futuros». Junto con ello, solicitan una reunión con Gabriel Boric «para explicar en detalle el problema y sus posibles soluciones que proponemos o escuchar de usted y vuestro equipo cual es la propuesta para implementar los precios justos prometidos», en alusión al compromiso de campaña.

La carta se puede revisar a través de este enlace