¿Cómo entender que el Día Nacional del Vino se haya decretado en viña Cousiño Macul?
Este 4 de septiembre se celebra el Día Nacional del Vino. El hito se decretó el año 2015 por la expresidenta Michelle Bachelet, desde la viña Cousiño Macul, donde se refirió al aumento de producción y exportación vínica, así como a los planes de apoyo para los llamados "pequeños productores", a través de INDAP.
Aniceto Hevia
La elección del lugar en que la autoridad suscribió el edicto se puede interpretar en múltiples sentidos, en el documento presidencial, se puede leer a Bachelet planteando: «El vino es patrimonio, cultura e historia. Es lo que representa esta Viña que nos acoge hoy día, nacida hace casi 160 años, allá por 1856, misma época donde llegaron mis antepasados a Chile -en 1850, por ahí-, parte de la riqueza, entonces, esta Viña de la historia vitivinícola de Chile».
Ceremonia de firma de decreto que estableció el Día Nacional del Vino en viña Cousiño Macul.
En efecto, viña Cousiño Macul constituye una de las firmas más antiguas del rubro, su fundación responde a la tendencia oligarca de mediados del siglo 19 de tener vides y elaborar vino con etiquetas que señalaran sus apellidos. Su inclinación a la vitivinicultura era estimulada por el intento imitativo de familias francesas potentadas, adoptando sus hábitos y paradigmas gustativos, en este caso, expresados en la incorporación del modelo vinícola franco, con sus variedades de uva y métodos de vinificación en boga. Todo esto, al tiempo que sus negocios estaban en rubros como la minería, el transporte marítimo y ferroviario o los bancos, como fue el caso de los fundadores de Concha y Toro, Cousiño Macul, Urmeneta o Santa Rita, respectivamente.
Ahora bien, cuando estas viñas constituyen un negocio en sí mismo, permitiéndoles obtener ingentes utilidades, la firma del decreto que estableció el Día Nacional del Vino en viña Cousiño Macul provoca la pregunta: ¿desde dónde las sucesivas autoridades posdictatoriales han mirado la vitivinicultura nacional?
Capitalización
Las exportaciones de vino chileno se han decuplicado entre 1990 y 2021. Este 2022, las empresas viníferas nacionales colocaron a Chile en el cuarto lugar mundial de exportación de vino con la estrategia de venderlo bajo el precio promedio de comercialización en diversas naciones.
Elaboración propia con información de las Memorias Anuales de las empresas mencionadas extraídas de cmfchile.cl
Entre los resultados de esta operación, se puede constatar que empresas como Concha y Toro registran utilidades con un incremento exponencial, permitiéndole octuplicar sus activos desde el año 2000 hasta el 2022. Ahora bien, para representar el volumen de capital de esta empresa, podemos decir que el total de sus activos es casi el doble del presupuesto del Ministerio de Agricultura para este 2023. De manera alarmante, esto ocurre mientras una de sus reparticiones, el Servicio Agrícola y Ganadero, tiene por función fiscalizar sus procesos productivos.
Por su parte, Viña San Pedro Tarapacá ha cuadruplicado sus activos desde el año dos mil uno, mientras que Santa Rita se encamina a triplicar los suyos desde la misma fecha hasta la actualidad. Estas empresas, junto a otras, agrupadas en la entidad gremial Vinos de Chile, representan prácticamente la totalidad de las transacciones comerciales en el interior y exterior del país.
Si bien, la producción vínica nacional se ha incrementado a más del doble, desde fines de la década de los noventa del siglo pasado, el consumo de vino ha mermado: si en 1995 era de una proporción anual de veinte litros por persona, actualmente se calcula en unos 11,6 litros, debido a la incorporación y masificación de otros productos, como la cerveza y múltiples destilados. En este contexto, la exportación vínica es determinante en la capitalización de las empresas del rubro que, por cierto, también han abarcado la producción y comercialización de estas últimas mercancías.
Estas firmas se presentan en sus memorias anuales como integradas verticalmente, es decir, que controlan las sucesivas etapas de su cadena productiva. De este modo, por ejemplo, Concha y Toro, declara poseer más de 12 mil hectáreas de viñedos en Chile, Argentina y Estados Unidos, con más de 10 mil de ellas en el país, además de poseer bodegas, centros de vinificación, embotellado y de innovación enólógica, así como de filiales dedicadas al transporte y a la fabricación de corchos. En su última memoria anual,Viña San Pedro Tarapacá informa ser controlada por la Compañía Cervecerías Unidas donde la familia Luksic, a través de Quiñenco Sociedad Anónima, tiene una participación destacada, otorgándole a esta sociedad vinífera todo el soporte logístico propio de CCU, expresado en la distribución y el traslado de mercancías a nivel nacional, la obtención de envases y la comercialización de los productos.
Política neoliberal en el vino
De acuerdo a la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, las empresas vínicas chilenas son de las más favorecidas con la política comercial de los últimos treinta años. El incremento en sus ventas ha sido vertiginoso y su capitalización es ostensible, sobre todo desde la entrada en vigencia de cláusulas de diversos acuerdos comerciales que les han dejado exentas de pago de aranceles por la entrada de sus productos en múltiples países.
Junto con ello, gozan de la entrega permanente de recursos a través de subsidios a la Innovación de CORFO y exenciones impositivas por la Ley de incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo. Sólo, con la implementación de estas políticas, el Estado le ha asignado a estas empresas y su entidad gremial, más de veinte mil millones de pesos desde el año 2012 hasta este 2022.
De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), en la vendimia de este 2023, los precios para el kilo de Moscatel de Alejandría bordearon los $160, mientras que la uva País se compró a $80 el kilo. Estas dos variedades son las más producidas en el valle del Itata, por cuanto sus valores determinaron buena parte de los que las y los productores obtuvieron por el cultivo de sus vides. Por otra parte, las cepas francesas como Cinsault y Cabernet Sauvignon, se compraron a precios que bordean los $100 y los $130 por kilo, respectivamente, lo cual resultó catastrófico para quienes accedieron al plan del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) de sustituir las vides españolas por estas, con la promesa de ser pagadas a un mayor valor.
Fuente: Odepa. 31 de marzo de 2023
Fuente: Odepa. 31 de marzo de 2023
Como una forma de contribuir al establecimiento de precios que permitan la sustentación de la actividad, la Coalición Nacional de Viñateros ha planteado la necesidad urgente de crear una empresa estatal que compre su uva a precios que reflejen valor del vino en el mercado exportador y, junto con ello, pueda vinificar y comercializar tal producción, la cual han denominado Cotrisa del Vino. Hasta ahora, han sido desoídas/os.
Desde hace años existe un fuerte cuestionamiento al rol de los agentes que compran la materia prima para entregársela luego al gran empresariado vínico, dominado por Concha y Toro, San Pedro y Santa Rita. Estas entidades, llamadas en el argot del rubro «poderes compradores», pueden ser empresas privadas o cooperativas, siendo estas últimas receptoras de financiamiento estatal a través de Indap, bajo el argumento que la asociatividad de las y los productores devendría en mejores condiciones productivas para sí. Sin embargo, los recursos destinados a los poderes compradores no implican un aumento de los precios de la materia prima, sino que reproducen los valores que las grandes firmas mencionadas imponen. En este sentido, la viñatera Seferina Riquelme, en San Nicolás, se pregunta ante Resumen, «¿de qué sirve toda la plata que el Estado entrega a estos poderes compradores? Finalmente, la única beneficiada es la industria que ya no tiene que recorrer los campos de cada viñatero, porque cada uno va a dejar la uva al lugar de donde se la llevan, toda de una vez. Ahora van donde está la gallina echada, con todos los huevos abajo». Paralelamente, la Presidenta de la Asociación Gremial de Viñateros del Itata, Nuvia Ortiz, explica que la asociatividad ha sido la respuesta que recurrentemente han ofrecido las sucesivas autoridades políticas, desconociendo que los y las viñateras ya están organizadas, además, esta contestación elude el problema fundamental: el poder empresarial de imponer precios e implementar prácticas en función de sus beneficios, sin que exista fiscalización y regulación de ello (adición de agua al vino, vinificación de uva de mesa, entre otros). «Pueden seguir haciendo cooperativas, pero mientras no se nos pague un precio justo por la uva, no va a cambiar nada», asevera.
Nuvia Ortiz en su viña, comuna de San Nicolás, 2023.
Se esperaba que el gobierno de Boric pudiera implementar políticas de protección a la actividad, pero esta expectativa ya se ha difuminado. La razón no radica en la inviabilidad de la medida, de hecho el Gobierno Provincial de Mendoza la implementa desde hace años con resultados favorables para cientos de viticultores/as, sino más bien constituye una opción política, tal vez la misma que orientó al gobierno de Piñera a legalizar la adición de agua al vino, en función de los intereses del empresariado, o indujo al gobierno de Bachelet a decretar el Día Nacional del Vino en la viña Cousiño Macul.
