La lucha contra la imposición de precios en la compra de uva que sostienen pequeños productores ante el gran empresariado vinífero no es exclusiva de Chile, al otro lado de la cordillera de Los Andes también ocurre, aunque con un respuesta de las autoridades muy distinta.

Aniceto Hevia

Justo cuando en la provincia de Mendoza se iniciaba la vendimia, el Banco de Vinos, dependiente del Gobierno Provincial, anunció la que comprará uva para vinificar y fijó su precio por kilo en cien pesos argentinos, como mínimo, equivalentes a unos 400 pesos chilenos. La justificación de la iniciativa la expuso el propio director ejecutivo de la entidad: «queremos que la intervención del Estado ayude a regular los precios de la uva, porque son valores que le generan una renta mínima al productor». Particularmente, el Estado argentino comprará uva para hacer mosto a razón de 100 pesos al contado o a 115 pagado en un plazo mayor. Quienes se acojan a esta medida no pueden superar las 30 hectáreas de vides, en un evidente foco hacia las y los pequeños y medianos productores.

De este modo, el Estado, a través del Banco de Vinos, como en ocasiones anteriores, implementa una política de protección a un sector productivo que, así como en Chile, agrupa una multitud de personas que sostienen parte importante de la producción vitivinícola del país y aspiran a seguir en la actividad.

Vendimia en Valle del Itata. Marzo de 2023.

Llama la atención que el Banco de Vinos de Mendoza indica como su misión «estabilizar ciclos de precios del mercado, de traslado de productos vitivinícolas y lograr una justa distribución de la renta entre todos los eslabones de la cadena productiva». Es decir, el Estado argentino reconoce una situación que las sucesivas autoridades chilenas han soslayado en beneficio empresarial: la existencia de asimetría entre los pequeños productores y el oligopsonio vinífero, y que el Estado debe intervenir en ello para corregir y/o prevenir su acentuación.

La importancia de la medida implementada por el Gobierno mendocino y por qué constituye una referencia para la comunidad viñatera chilena, radica en que el empresariado local impone los precios de compra de su uva, valiéndose de la presión ejercida sobre ella, que al no tener otros potenciales compradores se obligan a entregarles la cosecha en condiciones arbitrariamente establecidas. Concretamente, en estos momentos, cuando la vendimia está en curso en el Valle del Maule y en el Valle del Itata, los intermediarios (o poderes compradores) que entregan la uva a firmas como Concha y Toro, San Pedro y Santa Rita, aún no publican los precios de compra aumentando la incertidumbre en las y los productores. Para las empresas, comprar uvas de sobremaduras no constituiría un problema, al contrario, la Coalición Nacional de Viñateros ha expuesto que acaba siendo una ventaja, pues, como se permite la presencia de agua en el vino a través de determinadas operaciones y el Estado chileno carece de una dotación de fiscalizadores que efectivamente lo vigile, el agua es utilizada para bajar el grado alcohólico propio de las vayas remaduras con una acumulación de azúcar mucho mayor y potencialmente más alcohólicas, también permite comprar a uvas con un peso menor que si fueran solo maduras y, finalmente, incrementar el volumen de vino fabricado.

Ante estos hechos y, los efectos provocados por la expansión de la industria agroindustrial y forestal en la zona centro y sur del país, expresados en la agravada escasez hídrica y la propagación de incendios, la Coalición Nacional de Viñateros, ha propuesto la implementación de múltiples medidas orientadas a regular el uso del suelo, asegurando condiciones básicas de vida para la población, además concretar la medida que desde hace dos años demandan: la creación de una empresa estatal que compre su uva a precios que reflejen valor del vino en el mercado exportador y, junto con ello, pueda vinificar y comercializar tal producción, lo cual han denominado Cotrisa del Vino.

Esto permitiría corregir una de las situaciones que determina el presente de la vitinicultura nacional: que el precio de compra de la uva a productor no cubre ni la mitad del costo de su producción, generando una debacle que anualmente se agrava más, induciendo a una cantidad creciente de campesinos a arrancar sus vides para utilizar el terreno en otra actividad o venderlo, abandonando el campo, profundizando el despoblamiento de las zonas rurales y dejándolas disponibles para cualquier negocio extractivo y degradante de tales territorios. «En la década de los 80 éramos unos 34 mil viñateros, luego el 2007 solo quedamos unos 17 mil productores y los resultados preliminares del censo 2021 son aterradores», afirmaron en una carta abierta destinada al presidente Gabriel Boric donde demandaron el establecimiento de esta Cotrisa del Vino, sobre la cual no han tenido respuesta alguna.

En la foto principal: Nuvia Ortiz, directora de la Asociación Gremial de Viñateros de San Nicolás.