Raimundo Contreras / resumen.cl
La primera etapa del proyecto de la empresa Biobiogenera, el terminal marítimo para buques de transporte de gas natural "GNL Penco-Lirquén", fue aprobada por la Comisión Evaluadora de la Región del Bio-Bio pese a un amplio rechazo de la población de las tres comunas involucradas. Desde 2013, organizaciones sociales y ciudadanas realizaron críticas al proyecto a través del Servicio de Evaluación Ambiental, mientras la empresa retiró y reingresó su proyecto, realizando modificaciones tecnológicas sucesivas y buscando respaldo académico en universidades y centros de investigación de la región. Hoy, la empresa declara que sus impactos no serán significativos en la Bahía, pero opositores y manifestantes cuestionan su credibilidad y además ponen en duda que la empresa realice sus operaciones tal como declaró en su proyecto. Mientras el Estado y el empresariado buscan el incremento de la capacidad energética nacional para aumentar la extracción de materias primas para el mercado exportador, la crítica a los proyectos energéticos no solamente debe centrarse en los impactos ambientales locales, sino también en los alcances globales del sistema de producción de energía, así como en la escasa autonomía de las comunidades sobre la gestión del territorio donde viven, debiendo someterse a una visión de desarrollo impuesta por el Estado y el sector empresarial.
El pasado martes 28 de junio de 2016, la Comisión Evaluadora de la Región del Biobio aprobó la primera etapa del proyecto de Biobiogenera, el terminal marítimo "GNL Penco-Lirquén" de tipo FSRU (Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación, por sus siglas en inglés) para recibir buques de transporte de gas en la Bahía de Concepción. Esta primera etapa del proyecto de la filial chilena de Cheniere Energy, asociada con las empresas Andes Minergy y Gasoducto Innergy, pretende recibir buques cargueros de gas natural en estado líquido, para un proceso de regasificación en el terminal marítimo y comprende además, un sistema de transporte mediante un gasoducto submarino con obras de conexión al Gasoducto del Pacífico, para el suministro de una central termoeléctrica de ciclo combinado de 1140 MW en la comuna de Bulnes, un proyecto en conjunto con la multinacional EDF (Electricidad de Francia) aún en calificación (Ver Figura 1).
Mientras en el edificio de la Intendencia Regional del Biobío en Concepción, la Comisión Evaluadora de la Región del Biobío [1], compuesta por autoridades no elegidas democráticamente sino designadas por el gobierno central, votaba para otorgarle una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) al proyecto de terminal marítimo con 10 votos a favor y dos abstenciones, FF.EE. de Carabineros reprimía duramente a manifestantes en la Avenida Arturo Prat y en las calles cercanas a la Plaza España.
Durante las siguientes jornadas, manifestantes continuaron mostrando su rechazo al proyecto, realizando barricadas, velatones nocturnas y marchas. El domingo 3 de julio, un cacerolazo en Talcahuano fue violentamente reprimido por FF.EE y durante la siguiente semana, se registraron manifestaciones y barricadas recurrentes en la ruta 150 entre Concepción y Tomé, cacerolazos en el jardín de flores en la entrada sur de Penco y un "cholgazo" en la Plaza Independencia de Concepción, entre otras manifestaciones. El que la aprobación haya sido realizada por autoridades no elegidas democráticamente, fue denunciado abiertamente por manifestantes y opositores al proyecto en todas las comunas involucradas. Por su parte, los municipios de Tomé y Penco ya anunciaron que interpondrán un recurso de protección para revertir esta decisión tomada por la Comisión Evaluadora. Además, la Comisión de Medio Ambiente de los Consejeros Regionales (Core) hizo pública su molestia porque su criterio no fue tomado en cuenta, añadiendo que no van a presentar más opiniones ante otros proyectos ambientales actualmente en evaluación.
Controvertido proceso de evaluación del proyecto GNL Penco-Lirquén.
El proyecto de terminal marítimo ingresó por primera vez al Sistema de Evaluación Ambiental en abril de 2013, con el nombre de "Terminal Marítimo Octopus LNG" con un monto de inversión de US$ 150 millones. Su Estudio de Impacto Ambiental fue desarrollado por la consultora HATCH y fue criticado duramente por distintas organizaciones sociales y vecinos de la comuna, quienes realizaron actividades educativas, culturales y artísticas en sus comunas, para informar a la población acerca de las características y consecuencias del proyecto. La preocupación por el ambiente costero de la Bahía de Concepción y el río Diguillín generó movilizaciones y presión social contra el proyecto en las comunas de Penco, Tomé, Talcahuano, Concepción y Bulnes, entre otras. En noviembre de 2013, el representante legal de Octopus LNG, Alfonso Eduardo Ardizzoni Simian retiró el proyecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y en diciembre del mismo año, Juan José Gana, ejecutivo de la empresa Australis Power señaló a Diario Concepción que el proyecto tomaría una nueva orientación para que fuera aprobado.
El entonces proyecto "Terminal Octopus" pretendía usar cloro para evitar la proliferación de organismos marinos que suelen adosarse en barcos e infraestructuras marinas, en un proceso denominado bioincrustación. Además, la succión y posterior devolución de agua a la bahía utilizada tras el proceso industrial, generó inquietud en la población por los efectos de la operación del terminal en el ecosistema costero, por lo cual se comenzaron a realizar denuncias, organizar manifestaciones y movilizaciones en las zonas involucradas. En este escenario, la empresa anunció el uso de un sistema experimental de ionización de ánodos de cobre, entre otras medidas de mitigación tecnológica. Junto a esto, el titular de la central termoeléctrica El Campesino, aunque no retiró su proyecto, también anunció medidas tecnológicas en la captación de agua para refrigeración de la central.
El proyecto fue ingresado por segunda vez en octubre de 2014, con un monto de US$ 165 millones, con un Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la Unidad de Evaluación de Impacto de la consultora SGA S.A.[2] La iniciativa de Australis Power cambió de nombre a Biobiogenera y el terminal marítimo Octopus a GNL Penco-Lirquén. Con una nueva imagen publicitaria, el proyecto se promocionó en campañas de propaganda en medios de internet y radio acerca de la generación de energía con gas, incluso señalando a este combustible fósil como "energía limpia".
En los meses siguientes se realizaron movilizaciones y denuncias contra los posibles impactos ambientales y los trastornos sociales del proyecto en Penco, Lirquén, Tomé, Talcahuano, Concepción y Bulnes. Organizaciones también denunciaron irregularidades en el desarrollo del proyecto conjunto del terminal marítimo y la termoeléctrica, tales como: presentación fragmentada de los proyectos, sucesivos cambios en el área técnica, cambios de nombre y posicionamiento mediático, entrega de información errónea a la comunidad, etc, induciendo a la confusión en la población. Opositores al proyecto señalaron que la empresa, entre otras cosas habría señalado a la comunidad que la temperatura del mar en las proximidades del terminal marítimo disminuiría en 0,5 °C, mientras que el EIA proponía un cambio de 7°C. Además, señalaron que hubo engaños en Bulnes, donde la empresa anunció inicialmente que en el terreno donde se construiría la termoeléctrica "se plantarían arándanos". También se denunció un conflicto de interés con autoridades ministeriales, como el caso del Subsercretario de Medio Ambiente Marcelo Mena, quien habría prestado asesorías a la empresa titular Australis Power, en aspectos como la calidad del aire durante el eventual funcionamiento de la central termoeléctrica El Campesino en Bulnes.
El 20 y 21 de diciembre de 2014, se realizó un plebiscito en Penco y Lirquén, donde un 95% de los votantes se declararon en contra del proyecto. Por su parte, los Core, votaron 26 a 0 en contra de la iniciativa energética. En enero de 2015, comenzaron las reuniones de la comunidad con el sistema de Participación Ciudadana (PAC) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en las comunas involucradas, donde la población se opuso al proyecto con argumentos técnicos, rebatiendo en reiteradas oportunidades en duros términos, los explicaciones del personal de Biobiogenera. Con las observaciones realizadas por la comunidad, municipalidades o servicios relacionados mediante las denominadas Participaciones Ciudadanas, el Servicio de Evaluación Ambiental elaboró un informe llamado ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones), y posteriormente el titular del proyecto respondió a las observaciones en un documento denominado Adenda. [3]
El plazo para responder a las observaciones del terminal marítimo fue considerado insuficiente por la empresa, y en una carta fechada el 12 de junio de 2015, el representante legal del proyecto, Alfonso Eduardo Ardizzoni Simian solicitó extender la suspensión de plazo que resta para finalizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental hasta el 30 de octubre de 2015. Ante esto, manifestantes de la "Coordinadora Intercomunal contra Octopus" denunciaron las facilidades otorgadas por este servicio público a la empresa y señalaron en una declaración pública que esta suspensión "se realizó gracias a la participación de cientos de pobladores y pobladoras que realizaron observaciones sociales y técnicas al proyecto, en los mal llamados procesos de participación ciudadana, donde la empresa no fue capaz de responder a estas observaciones en el tiempo estipulado y requirió un plazo hasta finales de octubre de 2015 para realizar el procedimiento" señalaron.
Interrogantes tales como: ¿Podrían afectar las variaciones en la temperatura del agua a los organismos en la bahía? ¿Serían afectadas las larvas de especies de importancia económica, tales como sardina y anchoveta? ¿Como ocurre el proceso de renovación del agua de la bahía? ¿Se considera la actividad combinada de muchas centrales termoeléctricas a escala regional? O ¿Que sucedería con los buques y pontones en caso de terremoto y tsunami? ¿Que sucedería en caso de un accidente grave o explosión? Se contaban entre algunas de las preguntas que realizó la comunidad a la empresa durante las instancias de Participación Ciudadana (PAC).
Respaldo institucional y académico a la industria energética.
Mientras tanto, a solicitud de la empresa Biobiogenera, distintos laboratorios de universidades y centros de investigación regionales presentaron informes para ser adjuntados en la Adenda presentada por la empresa en septiembre de 2015, con el objetivo de responder a las observaciones realizadas al proyecto. En el Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, se realizaron estudios tales como: "Variabilidad ambiental de la Bahía de Concepción, año 2012" que incluyó un análisis de las condiciones biológicas, físicas y químicas de la Bahía de Concepción durante el año 2012, determinando que "la mayoría de componentes del ecosistema presentan una dinámica temporal estacional y que la macrofauna y megafauna presentaron una relación significativa con variables ambientales que dan cuenta del enriquecimiento orgánico existente en los sedimentos de la Bahía de Concepción". En el mismo Departamento de Oceanografía, otro estudio, también de 2012, denominado: "Estimación del impacto del arrastre de huevos y larvas de sardina común y anchoveta por succión sobre el rendimiento pesquero huevo-equivalente" concluyó que "el FSRU del proyecto Terminal GNL Penco-Lirquén no generaría un impacto que sea significativamente adverso en los recursos sardina común y anchoveta distribuidos en la Bahía Concepción, ni al rendimiento pesquero artesanal ni industrial que se sustenta en estos recursos".
Por su parte, el Centro Regional de Estudios Ambientales (CREA) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, realizó un estudio acerca de la letalidad de contaminantes o cambio de condiciones ambientales que la consultora S.G.A prevé estén presentes en el agua circundante al terminal FSRU. El estudio denominado "Evaluación de Efectos de Cobre, Salinidad y Temperatura sobre Procesos Fisiológicos de Organismos Marinos" concluyó que: "Las pruebas realizadas con la concentración nominal de cobre, que sería vertida al ambiente como resultado de la electrólisis, indican que éstas no provocan ningún efecto toxicológico significativo" y además, que "de las variables evaluadas en el proceso de sinergismo y que tendrán relación con el proceso industrial señalado, sólo la potencial modificación de la temperatura a 7°C posee efectos evidenciables sobre el desarrollo larval y en el crecimiento de microalgas"[4]
Ante esto, manifestantes y opositores al proyecto han señalado su poca confianza en que la construcción y operación del terminal no genere impactos ambientales y sociales en la Bahía de Concepción y que además, esta se realice conforme a lo que se declara en el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la consultora S.G.A. con posterior respaldo de laboratorios de la UdeC y la UCSC. Además, aún persiste preocupación [5] entre la población en caso de accidente grave, tsunami o explosión, debido la cercanía del terminal al sector San José y la cercanía a la zona poblada de Lirquén y el borde costero de playa La Cata, Punta de Parra y Tomé.
Por otra parte, durante todo este proceso, se han realizado denuncias sobre ofrecimientos de dinero de la empresa a organizaciones vecinales y sindicatos de pescadores artesanales y buzos. Leonidas Arancibia, ex vocero de la Coordinadora Penco-Lirquén, declaró que entregaron datos al SII para que verificaran las transacciones irregulares de dinero que ha realizado la empresa Biobiogenera hacia la Unión Comunal de Penco, específicamente hacia su presidente Romualdo Sáez y su vicepresidente Cristián Campbell, a quienes señala como los principales "activistas" del proyecto en la comuna. Por su parte Guillerno Henríquez, representante de la organización "Bulnes sin termoeléctricas", declaró que con la entrega de documentos al SII, "buscan mayor transparencia", ya que hasta ahora, la empresa Biobiogenera estaría "aportando dinero a personas que no corresponden" señaló.
Pese a todo, a finales de junio de 2016, el Servicio de Evaluación Ambiental presentó una recomendación favorable al proyecto GNL Penco-Lirquén y posteriormente suspendió la consulta indígena a las comunidades Lafkenche de la zona, un proceso que se encontraba enmarcado en el convenio 169 de la OIT. Rápidamente, se le dio luz verde al proyecto y ante su inminente aprobación, se realizaron barricadas, marchas, un paro comunal en Tomé y otras manifestaciones en diversos puntos de la provincia de Concepción. Posterior a la aprobación del terminal marítimo realizada por la Comisión Evaluadora de la Región del Biobio, opositores al proyecto criticaron duramente a la institucionalidad ambiental del Estado, denunciando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por la facilitación de condiciones para la aprobación del proyecto, permitiendo irregularidades cometidas por la empresa durante su proceso de evaluación y específicamente, criticando a las reuniones de Participación Ciudadana (PAC), por estar diseñadas a toda instancia para que el titular perfeccione sus proyectos a la medida que requiere SEA para aprobarlos posteriormente, generalmente en base a compensaciones económicas y mitigaciones tecnológicas, denunciando a este servicio público como: "una herramienta hecha únicamente para aprobar proyectos".
Posterior a las protestas en las comunas involucradas, manifestantes y opositores al proyecto presionaron a sindicatos de pesca artesanal y buzos mariscadores de Lirquén, para que deshicieran el acuerdo al que anteriormente habían llegado con Biobiogenera.
El empresariado busca incrementar el uso de combustibles fósiles, respaldado por instituciones estatales y académicas.
El uso de combustibles fósiles se incrementa a nivel global, [6] aumentando las emisiones de gases invernadero, y se prevé que estos combustibles continúen siendo por lejos, la principal fuente de generación de energía durante las próximas décadas (ver figura 2).
En la región del Biobío, luego del progresivo cese del suministro de gas argentino desde 2004 a través de Gasoducto del Pacífico (1998) [7] autoridades y empresarios buscan que una serie de industrias puedan acceder nuevamente a este combustible. El gas que ahora se pretende importar al Biobío por vía marítima, proviene de un escenario de bajos valores en el mercado mundial, principalmente debido al aumento en la producción del denominado shale gas o gas de esquisto. Desde principios del siglo XXI, la extracción de gas de esquisto por perforación horizontal y fractura hidráulica o fracking ha impulsado la producción de gas en Estados Unidos, transformando los mercados globales de energía y llevando a una fuerte disminución en los precios del petróleo y el gas natural.[8]
El auge internacional de este combustible fósil en los mercados y su discurso de energía relativamente más limpia es repetido de forma conveniente por autoridades locales, tales como la Seremi de Energía de la Región del Biobío, Carola Venegas, quién en una entrevista en Radio Universidad de Concepción señaló a este escenario económico como "una revolución energética". En realidad, esta oferta de gas a nuestra región, lejos de buscar mejorar las condiciones de vida de la población local, se orienta exclusivamente a aumentar las ventajas económicas del empresariado al aumentar el volumen total del mercado industrial al que abastece, con el pretexto de reducir emisiones de material particulado al mínimo costo. De esta forma, la disminución en las emisiones de fuentes puntuales trae como contraparte el aumento de la capacidad industrial completa de la región. (ver figura 3)
Las ventajas y desventajas en el desarrollo del gas de esquisto han sido ampliamente debatidas. Mientras los opositores argumentan que los costos en el ambiente y la población son demasiado altos, sus promotores señalan que es importante para cumplir los compromisos de reducción de emisiones ante el cambio climático. Mientras el gas de esquisto ha sido relacionado a reducciones en las emisiones de carbono en Estados Unidos [9] su impacto global continúa en incertidumbre. Aunque el gas natural ha sido considerado como un "combustible puente" para una transición desde otros combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, hacia un sistema energético de cero emisiones invernadero, la expansión global del uso de gas natural arriesga un retraso en la introducción de tecnologías de cero emisiones, contrarrestando los potenciales beneficios de la disminución de emisiones en la sustitución de gas por carbón. [10] Aunque la huella de carbono de la producción de gas de esquisto se compara favorablemente con otros combustibles fósiles [11], las filtraciones y la liberación de metano a la atmósfera durante su extracción, neutralizan los beneficios de menores emisiones, ya que el metano es un gas invernadero mucho mas potente que el el dióxido de carbono.[12]
De esta forma, la transición de carbón y petróleo a gas natural no puede proveer las profundas reducciones en las emisiones de gases invernadero necesarias para "estabilizar las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera a un nivel que podría prevenir una peligrosa interferencia antropogénica en el sistema climático terrestre"[13], lo que requiere al menos un 80% de reducciones en las emisiones invernadero para 2050. El uso de gas natural no dará como resultado, reducciones en las emisiones de las magnitudes necesarias, de hecho, si la introducción de gas natural retrasa la transición hacia sistemas energéticos de cero emisiones, existe el potencial de que el uso masivo de gas natural incremente los efectos del cambio climático para las próximas décadas.[14]
En función de los tratados económicos a los que el Estado de Chile adscribe, se ha facilitado la construcción y operación de terminales marítimos de regasificación para gas licuado siguiendo del camino liderado por Estados Unidos en la producción de gas de esquisto. El pasado sábado 11 de junio, el Ministro de Energía de Michelle Bachelet, Máximo Pacheco Matte, encabezó la recepción del primer cargamento de gas de esquisto en Chile, proveniente de Estados Unidos. «Hace justo dos años me correspondió acompañar a la Presidenta Bachelet a una gira por Estados Unidos, que incluyó una reunión con el Presidente Obama. Fue en esa reunión cuando se acordó que Chile tendría el privilegio de recibir shale gas apenas se abrieran las exportaciones de este combustible desde el terminal de Sabine Pass en Luisiana», comentó el ministro Pacheco.[15]
En la costa chilena, ya funcionan los terminales marítimos GNL Quintero (2009) y GNL Mejillones (2010). Ambos ya han ampliado su capacidad de regasificación, GNL Quintero desde 10 a 15 millones de m3/día [16], mientras que GNL Mejillones busca alcanzar una capacidad 8,25 millones de m3/día. [17] El terminal marítimo GNL Penco-Lirquén tendría una capacidad de 12 a 15 millones de m3/día, aunque la demanda actual de la región podría llegar a ser de aproximadamente 2,5 millones de m3/día.[18] En este nuevo escenario, manifestantes y opositores a estos proyectos han denunciado que una nueva generación de centrales termoeléctricas de ciclo combinado a gas natural podría instalarse en la región. Hasta ahora, además de GNL Penco-Lirquén, asociado a la Central termoeléctrica El Campesino, ha ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental, otro terminal marítimo: GNL Talcahuano, cuyo principal accionista es el fondo estadounidense Stonepeak y que contempla además, obras de operación para conexión al trazado del Gasoducto del Pacífico y al también recientemente ingresado, proyecto de "Central termoeléctrica Tierra Noble" en Cabrero, de la multinacional española Gas Natural Fenosa. Por otra parte, según señaló el Intendente del Biobío, Rodrigo Díaz a Diario Concepción [19], y anteriormente había señalado el alcalde de Coronel Leonidas Romero, en la ex comuna minera se estaría planificando un tercer y cuarto proyecto de terminal marítimo de gas.
Como todo proyecto industrial, el funcionamiento de los terminales marítimos de gas, el gasoducto y las centrales termoeléctricas asociadas, difícilmente podrían ser inocuos para el ambiente y la población. Por ahora, no hay certeza que la información emitida por la empresa y las proyecciones realizadas por laboratorios regionales, sean acordes a como se desarrolle finalmente la construcción de este primer terminal GNL Penco-Lirquén. Por otra parte, el conocimiento de la dinámica costera y la biodiversidad marina es importante para la sociedad completa, pero hasta ahora, solamente una pequeña parte de la sociedad accede a este conocimiento, y es una parte mucho menor la que se beneficia. Los laboratorios científicos de la región que poseen las herramientas para estudiar el oceáno y la costa local, trabajan para las necesidades de las empresas por la profunda dependencia con los fondos que éstas les otorgan para realizar investigaciones. Sin embargo, este respaldo científico es una apuesta peligrosa, ya que nada les asegura sensatez o cordura en el comportamiento del empresariado en el presente y el futuro.
Ante las protestas desencadenadas con la aprobación, el director ejecutivo de Biobiogenera, Juan José Gana, en una entrevista a Diario Concepción señaló que la oposición al proyecto es debido a que desde la empresa no supieron comunicarlo correctamente, y además que: "existe otra oposición, que yo no la llamaría como tan legítima que obedecen más bien a grupos con intereses económicos y políticos, que tienen otros fines y no están preocupados por la salud de las personas ni por un impacto real en el medio ambiente". Precisamente, el debate sobre los impactos puntuales de la operación del terminal marítimo, no es más importante que la discusión sobre el control y el uso de la energía para las necesidades reales de la población, y no para el incremento del negocio energético, principal fuente de emisiones invernadero en Chile [20] y cuyo destino es primordialmente el sistema industrial-extractivo nacional. [21] Es el sector empresarial quien busca incrementar un modelo energético depredador, acelerando la modificación drástica de la biosfera. Son ellos quienes buscan también atraer a la población a debatir en un terreno que les acomoda, con instituciones públicas y académicas de su parte, priorizando el área técnica y efectos puntuales, eludiendo la discusión política del sistema que hace posible sus negocios, y que además nos arrastra a todos nosotros hacia una progresiva catástrofe. Mientras tanto, la población no tiene porque creer en la supuesta inocuidad que tanto aseguran desde el Estado, la industria privada y la academia científica y además, no tiene porque aceptar que les obliguen a vivir conforme deciden autoridades políticas y hombres de negocios: siguiendo adelante con la transformación irreversible del ambiente planetario, aceptando toda iniciativa empresarial basada en el usufructo global de los ecosistemas, a costa de efímeros beneficios económicos que gotean hacia una población humana cada vez más explotada, y que intensifica su dependencia a la energía fósil.