Este próximo domingo tendrá lugar un proceso electoral intermedio en el contexto del mayor desastre nacional en la historia del México postrevolucionario

Gilberto López y Rivas / La Jornada

Las ejecuciones extrajudiciales cotidianas se elevan ya a una cifra cercana a los 150 mil muertos en una década; las desapariciones forzadas, ese recurrente crimen de Estado y lesa humanidad, se estiman en más de 40 mil casos, mientras la práctica de la tortura no cesa, y los desplazamientos internos y externos rondan el medio millón de personas. Ayotzinapa mostró al mundo el contubernio entre crimen organizado y crimen de Estado, entre delincuencia y clase política, entre delito e impunidad. Ha quedado al descubierto la red de corrupciones y complicidades que como cascada viene desde la cúspide del poder: el Presidente de la República, su gabinete, el Congreso de la Unión, jueces, magistrados, funcionarios electorales, entornos familiares, vinculaciones corporativas, mutuas protecciones y favores, así como fueros castrenses intocados en una guerra social interna.

Asimismo, nunca antes el ejercicio de la soberanía ante el poder imperialista estadunidense, y sobre la política económica, control de los recursos naturales y estratégicos para el desarrollo y bienestar de la nación, había sido tan erosionada, con las injerencias de fondo de las agencias militares, policiales y de inteligencia de nuestros buenos vecinos, así como con las reformas estructurales y leyes reglamentarias que han aniquilado los fundamentos y la esencia misma de la Constitución de 1917. Considerar las exploraciones y explotaciones mineras y petroleras de compañías privadas nacionales y extranjeras como «preferentes sobre cualquier otro uso de la tierra» significa, en los hechos, una felonía a lo establecido en el artículo 27 constitucional, así como una entrega sin condiciones al capital trasnacional del territorio del país y sus recursos. Representa también una desposesión agraria de enormes proporciones que está provocando resistencias de dimensiones también históricas, que la clase política pretende minimizar.

A lo largo de los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos, el concepto desvío de poder contribuyó a comprender lo que ocurre en nuestro país y a tipificar los actos criminales que han cometido reiteradamente los gobiernos neoliberales. Este desvío es definido como: a) el uso faccioso del derecho y los poderes del Estado para favorecer los intereses de los grandes capitales trasnacionales, así como para perseguir y afectar las garantías de los pueblos; b) la aplicación de una ingeniería constitucional e institucional dolosa que configura un estado de guerra social permanente y ocupación interna, una situación estructural, sistemática y de largo plazo por la que el edificio jurídico del Estado se abre a las corporaciones, mientras se cierran los canales legales a la población, que se ve obstaculizada en sus anhelos de justicia por las mismas entidades que deberían defenderla; c) la violencia, despojo, fragmentación y devastación como programa de gobierno; d) el abandono por parte del Estado de su deber primordial de velar por el interés general de la sociedad para satisfacer los intereses de corporaciones y grupos particulares; e) el ejercicio institucional y estructural por parte del Estado como guardián de los intereses privados para facilitar la mundialización capitalista, utilizando su capacidad coercitiva contra toda discrepancia u oposición al modelo.

Presento esta apretada sinopsis de la trágica realidad nacional porque en frecuentes análisis y exhortos sobre la sacralidad del ejercicio ciudadano del voto y los argumentos chantajistas sobre que la nulidad y el abstencionismo «hacen el juego a la derecha», no se toman en cuenta estas violencias de Estado ni la naturaleza criminal y entreguista del mismo; tampoco se asume el grado de descomposición de la clase gobernante y la crisis terminal de los partidos políticos. Se parte de un análisis formal y atemporal de la democracia representativa, sin profundizar críticamente en la historia de los últimos procesos electorales; se pasan por alto las reacciones nada autocríticas de las dirigencias partidistas frente al fraude sistemático, persistente y multiforme. En particular, no se examina hasta qué punto la corrupción estructural de la izquierda institucionalizada ha llegado a penetrar prácticas, formas y contenidos de agrupamientos políticos que se autoafirman la «esperanza de México»; no se indaga sobre el tipo de democracia tutelada que imponen los poderes fácticos y los gobiernos trasnacionalizados, despojada de toda posibilidad de cambio real y basada sólo en la alternancia de partidos que una vez en el poder, son asimilados a la maquinaria de la actual forma de dominación capitalista.

El subcomandante Moisés, vocero actual del EZLN, durante el seminario El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, afirmó que su organización no llama a no votar ni tampoco a votar: "Como zapatistas que somos lo que hacemos, cada que se puede, es decirle a la gente que se organice para resistir, para luchar, para tener lo que se necesita...Lo que nos interesa es conocer más de cómo resistimos y enfrentamos las muchas cabezas del sistema capitalista que nos explota, nos reprime, nos desprecia y nos roba... Nosotros entendemos que hay quienes creen que sí van a poder cambiar el sistema con votar en las elecciones. Nosotros decimos que está cabrón porque es el mismo mandón el que organiza las elecciones, el que dice quién es candidato, el que dice cómo se vota y cuándo y dónde, el que dice quién gana, el que anuncia y el que dice si fue legal o no. Las soluciones las hace el pueblo, no los líderes, no los partidistas. Y no es que lo estamos diciendo porque se escucha bonito. Es porque ya lo vimos en la realidad, es porque ya lo hacemos. Nosotr@s zapatistas decimos que no se le debe tener miedo a que el pueblo manda. Es lo más sano y juicioso. Porque el pueblo mismo va a hacer los cambios que verdaderamente necesita. Y sólo así va a existir un nuevo sistema de gobernar".

Votar para entregar nuestra representación en una clase política repudiada por el pueblo es acción de un día. Organizarse para construir o fortalecer poder popular desde abajo es un quehacer de toda la vida.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/06/05/opinion/023a2pol