[resumen.cl] El fin de la criminalización del trabajo artístico callejero ha sido una demanda levantada insistentemente por diversas organizaciones de quienes laboran en distintas expresiones artísticas. Durante décadas han sufrido el acoso por efectivos policiales y también funcionarios de seguridad de instituciones como municipalidades con distintas repercusiones en cada una de ellas y ellos.

La Ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, y sus representantes regionales, así como las anteriores autoridades de la cartera, nunca han estado llanas a reconocer el trabajo artístico como tal, buscando establecer normas que garanticen su ejercicio en condiciones integrales de seguridad para quienes lo realizan. Y es este bloqueo, oscilante entre la negligencia y el autoritarismo, el cual ha sido uno los factores determinantes en el asesinato del malabarista Francisco Martínez Romero por parte de un carabinero en Panguipulli.

Según testigos, el homicida habría intentado hacer un control de identidad ante lo cual Francisco Martínez Romero le habría preguntado también su nombre, además de negarse a entregar sus instrumentos de trabajo para que fuesen confiscados. La institución policial a la que pertenece lo ha protegido, indicando que habría obrado en función de "legítima defensa" en un relato que al ver el registro del asesinato se vuelve inverosímil. Por su parte, el alcalde de la comuna, Rodrigo Valdivia (PS), normalizó el hecho planteando que «me interesa que se restablezca el tránsito vehicular, peatonal, y que Panguipulli vuelva a la normalidad».

La percepción de impunidad en las filas de las policías es evidente y se ampara en la realidad. El reciente Informe de seguimiento de recomendaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) asevera, entre otros antecedentes que «de las 2.834 querellas interpuestas por el INDH por hechos ocurridos hasta el 31 de marzo [de 2020], 42 causas han sido formalizadas, es decir, un 1,5% del total. Adicionalmente, los datos disponibles indican que el Ministerio Público ha presentado acusaciones en cuatro causas, existiendo una causa con uno de sus imputados condenado». Es decir, a pesar de las más de dos mil querellas presentadas por el organismo y de la multitud de actos criminales perpetrados por tales agentes en el contexto del Estallido Social, solo uno de ellos ha sido condenado.

La Asamblea de Titireteros y Titireteras de Chile afirmó en una declaración que "no podemos dejar de trabajar, no lo haremos por la memoria de este artista, por la responsabilidad social que tenemos, por la urgencia económica que atravesamos y porque es urgente que el arte tome su lugar en esta sociedad".

Si bien, la responsabilidad inmediata del asesinato de Francisco Martínez Romero está absolutamente probada existe también una responsabilidad política radicada en autoridades desinteresadas en resolver problemas visibilizados reiteradamente por quienes los sufren. La expresión más evidente de este hecho es el absoluto mutismo del Ministerio de las Culturas, así como también del Trabajo ante este homicidio de un trabajador del arte.

Para este sábado al mediodía, en la intersección de las avenidas Los Carrera con Paicaví, conocida también como Paicarrera, la Asamblea de Artistas Autoconvocadxs ha convocado a una manifestación titulada el EL ARTE CALLEJERO NO ES DELITO

Manifestación por el fin de la criminalización del trabajo artístico callejero.