[resumen.cl] Estudiantes de la U. de Concepción ocuparon este martes las dependencias de rectoría de la casa de estudios para exigir el retiro de la querella que lidera contra jóvenes que arriesgan prisión política por protestas en el marco del Estallido Social. Convocan al rector, Carlos Saavedra, a conversar con las familias a las 12:00 horas.

La mañana de este martes estudiantes procedieron a tomarse la sede de rectoría de la Universidad de Concepción – campus Concepción, exigiendo el retiro inmediato de la querella que mantiene procesados actualmente a doce jóvenes en el marco del llamado Caso UdeC, siendo imputados por participar en protestas en el marco del Estallido Social.

Las y los estudiantes ocuparon las dependencias de rectoría solicitando la presencia del rector de la casa de estudios, Carlos Saavedra Rubilar, a las 12:00 horas de este martes para sostener una reunión con familiares de los 12 jóvenes que arriesgan prisión política.

De parte de las y los estudiantes han extendido el llamado a las organizaciones sociales a acompañar el proceso de esta jornada.

Fotografía: FEC

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Caso UdeC

Doce jóvenes se encuentran procesados desde septiembre del año pasado por daños generados al interior de la Universidad de Concepción en el contexto del Estallido Social entre los meses de febrero y marzo de 2020.

Una querella presentada por la casa de estudios penquista y la Intendencia Regional -actual Delegación Presidencial- facilitó que algunos de los jóvenes tuvieran que estar en prisión preventiva, medida cautelar que fue modificada en diciembre del mismo año y que actualmente los mantiene con arresto domiciliario mientras el proceso sigue su curso.

En este contexto, a fines de junio de 2021, el abogado defensor, Esteban Arévalo, indicó que «se dio por cerrado el periodo de investigación de esta causa», razón por la que el Ministerio Público no puede incorporar más pruebas para los procedimientos siguientes.

Los detalles de la investigación apuntan a una coordinación entre la Universidad de Concepción, funcionarios de Tribunales de Justicia y la Policía de Investigaciones para levantar antecedentes que permitieron procesar a los jóvenes.