Por Catalina Herrera / resumen.cl

La Comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales: peligro de vida para la mujer, inviabilidad del feto y violación. Tras 14 meses de análisis y largas sesiones en sala, que estuvieron marcadas por un intenso debate, la idea de legislar fue aprobada con los votos de Pizarro (DC)-quien presidió la comisión y reemplazó a Pedro Araya-, Urresti (PS) y Harboe (PPD), diputados de la Nueva Mayoría. En cambio, los parlamentarios de Chile Vamos, Espina y Larraín, se pronunciaron en contra.

Uno de los temas que cruzó el debate es la constitucionalidad de la medida, esto pues la oposición sustenta su rechazo en que la iniciativa vulnera el derecho a la vida. El senador de la UDI, Hernán Larraín, marcó la jornada con sus dichos en donde comentó que «La contradicción de este proyecto es con la Constitución. Lo que hace es creer que hay vida, que este ser que está en el vientre materno es sujeto, y por eso exige su salvaguarda. Este proyecto contradice directamente la Constitución".

Además, tras su votación ratificó que "Si no se corrige el proyecto recurriremos al Tribunal Constitucional".

Una postura completamente contraría manifestó la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, quien enfatizó en que le proyecto que despenaliza el aborto tiene el 70% del respaldo ciudadano, recalcando además que la iniciativa del Gobierno no vendría a imponer nada, sino que se ampara en la necesidad de abrir opciones. Asimismo, explicó que "hemos construido una iniciativa legal que permite respetar las decisiones de las mujeres y entregar las prestaciones de salud y psicosociales para el acompañamiento".

Los hechos han demostrado que la criminalización no impide la práctica de abortos en el país, por el contrario, provoca que se realicen en condiciones de riesgo y clandestinidad que atentan contra la vida de las mujeres. Esto no responde al trato digno que el Estado debiera otorgar a sus ciudadanas, y sitúa al país en uno de los cinco, a nivel mundial, que lo criminaliza en todas sus modalidades, además de El Vaticano, El Salvador, Nicaragua y Malta.

Será durante las jornadas del 24 y 25 de enero que se verá el futuro del proyecto en la sala del Senado.