Marcela Tiznado, consejera regional del Biobío, preside y representa legalmente a la ONG Baruc, que administra cientos de cupos proempleo en la Provincia de Arauco y recibe miles de millones de parte de la Delegación Presidencial del Biobío, no informa públicamente de su participación en la sociedad en su Declaración de Intereses y Patrimonio.

El sábado reciente, Resumen informó que la Delegada Presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, autorizó pagos por $3.254 millones a la ONG Baruc, presidida y representada legalmente por la Consejera Regional, parte del conglomerado político de la UDI -partido que le dio el cupo para postular-, Marcela Tiznado.

La ONG de desarrollo cristiano, como señala en su ficha de Institución Privada inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado y municipalidades, recibió los millonarios montos bajo el concepto de «Financiar ejecución Proyectos Proempleo Línea Inversión en la Comunidad Remuneración». Son cupos proempleo que la organización maneja en Los Álamos, Lebu y Curanilahue.

Entre enero y mayo, la organización a la que pertenece la autoridad electa recibió desde la Delegación Presidencial $3.254.009.335 -tres mil doscientos cincuenta y cuatro millones nueve mil trescientos treinta y cinco pesos- por adjudicarse la licitación de dichos dineros.

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No obstante, no sería lo único extraño en esta situación.

La Ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, señala que los CORES deben cumplir con la obligación de realizar la Declaración de Intereses y Patrimonio -DIP-.

Tiznado cumplió con ello, sin embargo, en su última declaración de marzo de 2023, todos los lugares donde debió informar públicamente sobre su participación en la ONG Baruc o como representante legal de Kapital FM, Kapital TV y Lebu Televisión Canal 2, su DIP describe la información en calidad de "Reservada" o bien, «No tiene».

La ley establece: "La declaración será pública, sin perjuicio de los datos sensibles y datos personales que sirvan para la individualización del declarante y su domicilio, y revestirá, para todos los efectos legales, la calidad de declaración jurada."

Es decir, la omisión de estos antecedentes en la DIP no estaría justificada porque no se trata de datos personales y/o sensibles. Resumen intentó contactarse con la Consejera Regional, sin embargo, la representante no se refirió a los antecedentes expuestos.