De manera unánime, el pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió presentar una querella contra Raúl «tronco» Torrealba, quien fue alcalde RN de Vitacura, así como a su círculo cercano, por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y distracción indebida.

Por Alejandro Baeza

Con esta acción judicial, el CDE se suma a la municipalidad y al Ministerio Público como querellantes en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte.

La querella también apunta a Renato Sepúlveda, Domingo Prieto y Antonia Larraín-, además de los contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, que habrían emitido boletas falsas. Todos están relacionados en la causa de lavado de activos y malversación de caudales públicos, desde junio del 2021 en la municipalidad de Vitacura. Por su parte, el exjefe comunal, Raúl «tronco» Torrealba se encuentra o imputado por desvío de fondos, a través de las corporaciones de derecho privado "Vita", tanto a sus cuentas personales como mediante sobres con efectivo.

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"La decisión unánime del órgano colegiado se funda en los antecedentes que, a la fecha, ha tenido a la vista de la carpeta investigativa y que darían cuenta de la ejecución de diversos mecanismos para la sustracción de cuantiosos recursos fiscales, propósito para el cual los querellados habrían actuado concertada y reiteradamente", informó el CDE en un comunicado.

En la votación se inhabilitó el consejero Alberto Espina (exministro y militante RN) "por causa legal para conocer de este asunto, en conformidad al Artículo 12, número 3, de la Ley 19.880, esto es, por vínculo de amistad con uno de los querellados", se informó desde el CDE.

El caso de Torrealba

Fue la misma actual administración de Vitacura, asumida en 2021, comenzó con las denuncias que se tradujeron en querellas en donde, mediante el relato de una funcionaria municipal, se acusa directamente al excaldalde Torrealba de recibir dinero en efectivo de parte del representante legal del Consejo Local de Deportes, Vita Salud y Vita Deportes, Domingo Prieto, quien también está imputado en el caso.

Ante esto tanto la vivienda del exedil como de Prieto fueron allanados el 23 de agosto del año pasado. La mujer relató que desde que comenzó a ocupar el cargo de Directora de Desarrollo Comunitario en 2018, todos los meses ella recibiría del imputado Prieto un sobre con suma aproximada de $5.000.000, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020. Señala que el sobre con dinero se lo entregaba Prieto y en otras oportunidades Arnaldo Cañas o Cesar Silva.

La funcionaria indicó además que «todos los años, para la semana de la chilenidad, ella recibía de parte del señor Prieto una suma de dinero variable, cercana a los $3.000.000, para que administrara y gastara en temas propios de esa celebración, sin embargo, normalmente sobraban sumas cercanas a $ 1.000.000 que ella debía entregar en efectivo al alcalde en ejercicio, Raúl Torrealba».

En este contexto fue que Raúl Torrealba renunció a su histórica militancia de 30 años en Renovación Nacional, para intentar no «manchar» al partido y a la colación.

El 9 de septiembre del 2021, el fiscal del caso, Francisco Jacir, remitió al consejo un oficio donde daba cuenta del caso que había comenzado a investigar y donde estaban involucrados exfuncionarios públicos.

Además, Jacir dio cuenta de que en la causa se investigaban "los delitos de malversación de caudales públicos (Artículo 233 del Código Penal), fraude al Fisco (Artículo 239 del Código Penal), cohecho (Artículo 248 del Código Penal), falsificación de instrumento público (Artículo 197 del Código Penal) y el delito de lavado de activos (Artículo 27 de la Ley 19.913)".

Con ello quedó establecido que el CDE tiene las atribuciones para sumarse a las querellas, al involucrar dineros públicos pese a que se trate de instituciones de derecho privado.

*Imagen: ATON | Obtenida de Cooperativa