[resumen.cl] Mientras en el viejo orden político, específicamente la comisión de Cultura de la Cámara, avanza un proyecto que pretende instalar una nueva Ley del Patrimonio, impulsa por el gobierno de Piñera a través del subsecretario de patrimonio Emilio de Cerda, los recientemente electos convencionales constituyentes representativos de diversos sectores sociales y políticos firmaron una carta manifestando su rechazo total a la tramitación de esta iniciativa e instando al Congreso a votar en contra.

Hace sólo una semanas el gobierno de Piñera había otorgado a esta polémica nueva ley de Patrimonio la extrema urgencia, medida que debió cambiar debido a la presión ejercida por organizaciones sociales, vecinales, gremiales, académicas, culturales y de pueblos originarios, sobre los congresistas de la Comisión de Cultura. Piñera se vio obligado a cambiar la extrema urgencia por urgencia simple para asegurar los votos en la comisión y así garantizar el paso del siguiente, la aprobación de este cuestionado proyecto en la cámara.

Y efectivamente esta negociación tuvo su efecto ya que el jueves pasado, la comisión de cultura de la cámara de diputados aprobó por 7 votos contra 6, la tramitación de esta proyecto, rechazado por las comunidades de barrios patrimoniales, colegios profesionales de arquitectos, antropólogos y arqueólogos, trabajadores del patrimonio y la cultura, además de académicos de las principales universidades del país, tanto la U de Chile, como la Católica, pueblos originarios. Mapuche, Rapa Nui, Kaweskar, Aymara, Chango.

Donde estuvo la novedad, es que mientras se discutía la nueva ley del patrimonio de Piñera, se hizo pública la carta de un conjunto de nuevos constituyentes electos rechazando dicha tramitación, en una clara señal de contradicción entre el viejo orden político, representado por congresistas marcados por leyes al servicio del empresariado y los poderes económicos, y el nuevo poder constituyente al servicio de las comunidades y el conjunto de la sociedad chilena.

La carta contra la nueva ley de patrimonio fue firmada muy rápidamente por representantes a la convención constitucional entre ellas y ellos mapuches: La Machi Francisca Linconao, Elisa Loncon, Natividad Llanquileo y Adolfo Millabur, Aymara Luis Jiménez, Pueblo Chango Fernando Tirado, Pueblo Licanantay Félix Galleguillos Aymani, Lista del Apruebo Malucha Pinto, Independientes por Tarapacá Alejandra Flores, Independientes Nueva Constitución Patricia Politzer, Apruebo Dignidad Hernán Velásquez, Ignacio Achurra, Giovanna Roa, Hugo Gutiérrez, Constanza Schonhaut, Vanessa Hoppe, Carolina Vilches, Manuel Royo y Jeniffer Mella.

Para nadie es un misterio que la campaña de Sebastián Piñera tuvo entre sus principales financistas a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que la única acción destacada de Emilio de la Cerda como subsecretario del Patrimonio ha sido la desafección de la Villa San Luis en la comuna de Las Condes como Monumento Nacional, esa villa construida durante el gobierno de la Unidad Popular, resguardado como monumento en uno de los paños de terreno más caros de Chile, donde las empresas constructoras bregaban por su desafección, cuestión que Emilio de la Cerda logró con sus gestiones. Sin embargo, estas dificultades y resistencias que la CChC encuentra en la antigua Ley de Patrimonio y en la actual constitución del Consejo de Monumentos Nacionales, se transformó en un proyecto de modificación de la Ley por el cual el subsecretario de la Cerda, hombre cercano al segundo piso de La Moneda, ha presionado con insistencia desde el inicio de su gestión.

Para nadie es un secreto que la CChC no sólo financia campañas políticas en la derecha, sino también en otros sectores políticos, por lo cual este proyecto cuestionado por las comunidades, tiene serias posibilidades de ser aprobado, como lo han sido otras leyes asociadas a la corrupta financiación de la política como la Ley de Pesca por nombrar una, con resultados en tribunales.

Sin embargo, hoy entra un nuevo actor a escena, los constituyentes quienes en una rápida articulación despacharon esta carta. Ésta es toda una señal, no sólo para esta Ley del Patrimonio de Piñera, sino que para cualquiera otra ley de amarre que pretenda instalar el antiguo régimen.