Al tiempo que se conmemora un nuevo Día Nacional del Vino este 4 de septiembre, como si fuera un signo de las condiciones que marcan la producción vitivinícola nacional, la Coalición Nacional de Viñateros denunció que empresas compradoras de su producción aún no pagan la adquirida en la reciente vendimia.

Aniceto Hevia

Hasta ahora, la organización registra a más de 150 productores que tienen impaga la venta de su producción. Las razones de esta situación son desconocidas, aunque suponen que podría tener relación con decisiones del gran gran empresariado del vino. La Coalición apunta a la Sociedad Agrícola Zúñiga y Zúñiga Limitada, pero al cierre de la edición de esta publicación, Resumen no recibió repuesta de su parte.

Anuncio de Sociedad Agrícola Zúñiga y Zúñiga Limitada de precios de compra por kilo de uva Moscatel y País. Vendimia 2022.

De acuerdo a Nuvia Ortiz, directora de la Asociación Gremial de Viñateros del Itata, esta situación constituye parte del cúmulo de hechos que evidencian el fracaso de las políticas gubernamentales en torno a la vitivinicultura y vuelven a plantear la urgencia del establecimiento de lo que han llamado la Cotrisa del Vino, es decir, la creación de una empresa estatal que compre su uva a precios que reflejen valor del vino en el mercado exportador y, junto con ello, pueda vinificar y comercializar tal producción.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, a través de INDAP, insiste en potenciar «poderes compradores», es decir, intermediarios que revenden la uva las empresas agremiadas en Vinos de Chile, predominando entre ellas Concha y Toro, Santa Rita y San Pedro, a los precios que ellas imponen. A esto, autoridades de INDAP le han denominado "venta asociativa", difundiendo que estas entidades son integradas por productores y, por ende, generan mejores condiciones comerciales para sus partes. No obstante, la evaluación que hacen las y los viñateros de estas entidades es tajantemente negativa, pues su actividad no ha representado en ningún caso un mejoramiento de sus condiciones productivas, además de carecer de representatividad para el sector. El año pasado, en una solicitud de información por Ley de Transparencia, del listado de socios y directivos de estas entidades, entre otros antecedentes, Nuvia Ortiz San Martín, informó: «En la actualidad son 6 empresas asociativas (Moscin SA, Viñedos Quinchamalí Spa, Cuvas de Ninhue, Ecoparras Spa, Centinelas Spa, Coovicen), 5 de las cuales fueron formadas o constituidas el periodo del 2014-2017, agrupan unos 133 socios, financiadas y asesoradas por INDAP y que están comprando uvas en esta vendimia a 130 pesos/kilo la Moscatel de Alejandría y 100 pesos/kilo la negra país, igual que el resto de intermediarios no financiados por INDAP e inclusive menos, ya que no pagan grados, todos estos precios bajo costos de producción que bordean en promedio los 300 pesos por kilo».

Ante este escenario, las y los viñateros concluyen que de nada ha valido el financiamiento de estas entidades y planes , pues no resuelven uno de los nudos centrales de su problema: la ausencia de regulación eficaz de las condiciones en que el oligopsonio vinífero compra su uva. Hasta ahora, este empresariado tiene un control omnímodo de la compra, estableciendo cuándo y cuánto pagar por el kilo de uva, sin que se implementen acciones destinadas a resguardar la producción vitivinícola, teniendo como eje a sus productores y productoras. Este propósito podría ser cumplido por lo que han denominado una Cotrisa del Vino que, si bien, fue comprometida su revisión por parte del actual Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, aún no reciben respuesta de ello.

Hasta ahora, algunos de los problemas más acuciantes de las y los viñateros tienen relación con la vinificación de uva de mesa, la adición de agua al vino y la imposición de precios leoninos en la compra de su uva, por parte del gran empresariado vinífero. Los valores cancelados por kilo de uva no logran cubrir el costo de su producción, propiciando que una cantidad creciente de productores/as abandone la actividad y, con ello, sus predios sean destinados a fines relacionados con la industria agrícola o forestal, mientras que tales firmas acumulan ingentes ganancias favorecidas por el bajísimo costo en la provisión de materia prima. Cada temporada deja tras de sí un cúmulo de testimonios acerca de las repercusiones de esta situación, como denuncias a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) el 2015 y 2018, presentaciones ante comisiones en la Cámara de Diputados/as y el Senado, que han sido insuficientes para corregir este perjuicio. «En la década de los 80 éramos unos 34 mil viñateros, luego el 2007 solo quedamos unos 17 mil productores y los resultados preliminares del censo 2021 son aterradores», afirmaron en una carta abierta destinada al presidente Gabriel Boric.

De este modo, este nuevo Día Nacional del Vino, decretado por Michelle Bachelet el 2015, en referencia a una carta de Pedro de Valdivia, fechada un 4 de septiembre de 1545, solicitándole al rey Carlos V «vides y vinos» para la evangelización de la población originaria, encuentra a la vitiviniculta nacional inmersa y amenazada por problemas irresolutos por los sucesivos gobiernos civiles, inclusive el actual.

Fotografía principal: Alejandra Manríquez.