[resumen.cl] Este sábado se solicitó la ampliación de la querella interpuesta contra el Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz Wörner, por el caso convenios, esta vez acusando por prevaricación al encargado de la Unidad Jurídica del Gore, Mauricio Moris Barrera.

El diputado Leonidas Romero solicitó la ampliación de la querella señalando que Moris Barrera aparece como apoderado de la parte demandante en el juicio por servicios eléctricos impagos de Isla Mocha caratulado «COMERCIALIZACI"N DE COMBUSTIBLES SERVICIOS DE INGENIERÍA DYM LIMITADA con COOPERATIVA DE GENERACI"N ABAS» siendo la parte demandada el Gobierno Regional, su empleadora.

Por otra parte, Romero agrega que Mauricio Moris Barrera es además, miembro del directorio de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo, FADECH, relacionados directamente con el Rally Mundial, para lo que el Gobierno Regional aportó más de 7,5 millones de dólares.

La semana pasada, la Fiscal de Alta Complejidad del Biobío, María José Aguayo, asumió la titularidad de la causa contra el Gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, que fue interpuesta por el diputado Romero y que persigue los presuntos delitos de Fraude al Fisco; Malversación de Caudales Públicos; Apropiación Indebida; Detrimento del Patrimonio Fiscal y Graves Vulneraciones de la Probidad Administrativa, en calidad de autor, o a lo menos, cómplice o encubridor, y en grado de consumado.

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La misma semana se revelaron nuevos antecedentes respecto al caso convenios a nivel local.

Entre las distintas indagatorias de transferencias realizadas por el GORE a entidades privadas, se descubrió una presunta relación entre el actual jefe de División de Desarrollo Social y Humano del Gore, Simón Acuña,-exdirector regional de Infocap que en febrero de 2022 dejó su cargo para unirse al Gobierno Regional del Biobío comandado por Rodrigo Díaz- y los representantes de FUNDEF e Impulsa, Carlos Careaga y Felipe Muñoz, personas con las que trabajó y cuyas entidades recibieron aportes del GORE.

Todos ellos trabajan actualmente en el Gobierno Regional del Biobío.

Fue el Consejero Regional, Gabriel Torres, quien solicitó a Contraloría a aclarar estas relaciones.