Al menos desde 2019, la municipalidad de Talcahuano, conducida por Henry Campos (UDI), paga impajaritablemente el sueldo de una treintena de trabajadores que realizan aseo y mantención en iglesias evangélicas y católicas en la comuna puerto.

Por Juan Carlos Contreras y Felipe Soto Cortés

La escrupulosa utilización de recursos públicos debe ser un objetivo primordial en una administración municipal, pero situaciones como la que ocurre en Talcahuano da para pensar otra cosa.

Una investigación de Resumen acredita que cerca de 28 trabajadores contratados en modalidad Código del Trabajo por la municipalidad de Talcahuano, en realidad no prestan servicios a la entidad edilicia ni a instituciones públicas, sino a instituciones religiosas y a una escuela particular, pese a que se trata de trabajadores cuyos salarios se pagan con dineros fiscales.

La situación se arrastra al menos desde 2019, como puede observarse en la web de transparencia del municipio y se ha mantenido de la misma manera por los dos períodos consecutivos que lleva a la cabeza de su administración, el Alcalde Henry Campos, destacado militante de la UDI.

En el listado de trabajadores y trabajadoras contratadas y las funciones que realizan, llama la atención también la contratación de una funcionaria que realiza aseo en un establecimiento especial privado. Se trata de la Escuela Especial Nidal, ubicada en el Cerro Centinela, de dependencia particular subvencionada donde a una trabajadora se le pagan $478.418 por barrer salas y pasillos.

O también, trabajadoras que ganan más de 800 mil pesos mensuales por hacer aseos en Iglesias, como Rosa Sepúlveda a quien se le pagó $855.327 por limpiar el salón principal de la "Iglesia Cristiana La Hora Desconocida".

Consultada la municipalidad por los hechos, se remitieron a señalar que se trata de trabajadores y trabajadoras que son parte de los programas proempleo que no son pagados con dineros municipales, sino que con dineros de los Proempleo.

La versión del Director Ejecutivo de Proempleo que apunta a la responsabilidad de la Municipalidad de Talcahuano

Resumen se contactó con el ministerio del Trabajo, precisamente con el director ejecutivo de Proempleo, Cristián Rojas, para contrastar la versión dada por la municipalidad.

Rojas señaló a este medio que la treintena de contratos corresponden al Programa de Inversión de la Comunidad de ProEmpleo "en el cual se transfiere dinero a otras organizaciones para la ejecución de empleos a fin de generar impactos positivos en el ámbito local mediante proyectos intensivos en mano de obra contratada para este efecto, al mismo tiempo que permite amortiguar los elevados índices de desempleo en aquellas regiones que superen el promedio nacional en esta materia."

Rojas añadió que "la cantidad de cupos asignados a la Ilustre Municipalidad de Talcahuano ―y otras entidades ejecutoras― son definidos en el Comité de Seguimiento de Programas de Empleo, sin embargo, las funciones a las cuales son asignados los y las trabajadoras son determinación del municipio." (el destacado es nuestro).

Finalizó afirmando que, "Cabe destacar que el Programa Inversión en la Comunidad se encuentra en constante fiscalización y sujeto anualmente a múltiples auditorías internas y externas, incluyendo informes de la Contraloría General de la República, los cuales no han observado la situación consulta por el medio interesado."

Casos de corrupción DAS y DAEM

Las irregularidades al interior de la municipalidad de Talcahuano son, lamentablemente, tramitadas incluso por la justicia.

En octubre pasado, el Tribunal Oral en Lo Penal de Concepción determinó que cuatro personas deberán cumplir penas efectivas de entre 6 y 11 años de cárcel por la malversación de $412 millones y falsificación en la Dirección de Administración Municipal de la Salud de Talcahuano. El caso ha generado un gran flagelo a las arcas municipales y al funcionamiento de su salud.

Los condenados Alejandro Cabello -jefe de finanzas de la DAS- y Nubia San Martín -administradora contable de la DAS-, fueron sentenciados a 11 años de presidio cada uno, por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsificación de documento.

En tanto Pedro Paredes Montoya, -Jefe de Proyectos de la DAS- fue condenado a 6 años de prisión, la misma pena que Pedro Ravanal, quien es pareja de Nubia San Martín.

Otro eventual fraude también fue investigado en el Departamento de Educación Municipal del puerto, donde fueron condenados a 5 años de libertad vigilada los funcionarios Gerardo Cuello y César Jara, imputados por el fraude de 300 millones de pesos.

Todo esto en el contexto de intensos reclamos de la comunidad educativa por las pésimas condiciones en que se imparte la educación municipal.

De hecho, docentes vienen manifestándose desde hace semanas: primero por el no pago de cotizaciones y luego contra el Plan anual de Educación Municipal, que provocará el despido o reducciones de cargas horarias de alrededor de 200 profesoras y profesores.

Revisa el personal, las funciones asignadas, el lugar y el sueldo que reciben: