[resumen.cl] En su último reporte financiero, la viña Viña Concha y Toro indica que al 30 de septiembre de 2021, sus activos totalizaron 1.390.258 millones de pesos, "un 8,6% superior de la cifra al 31 de diciembre de 2020". Este cuantioso capital es secundado por el de otras firmas del rubro, como la viña San Pedro Tarapacá que consigna tener al 30 de septiembre del presente año, $425.406.409.000 en activos. Por su parte, Viñedos Emiliana en su memoria de 2020 informó tener activos por $54.485.740.000, mientras que Viña Santa Rita consignó poseer $311.870.799.000 de activos totales. Estas empresas, que concentran una porción relevante del mercado vinífero nacional e internacional, han recibido aportes financieros del Estado a través de subsidios para la innovación de sus operaciones y por la Ley de Incentivo Tributario a la I+D. El monto entregado a estas entidades suma $13.961.905.273, es decir, casi catorce mil millones de pesos, si se considera también la contribución asignada a Vinos de Chile, la asociación gremial que agrupa a este empresariado.

El otorgamiento de estos recursos no ha representado un mejoramiento de las condiciones económicas y productivas para quienes intervienen en la actividad, al contrario, mientras se han asignado, la situación de viñateros/as, productoras de la materia prima requerida por estas empresas, se ha agravado. Ante esto reclaman un trato absolutamente desigual, en tanto cuando han solicitado aportes para mejorar e incrementar su capacidad productiva se las autoridades de turno les han respondido que no existen recursos para ello.

Subsidios y exenciones tributarias

El sitio Data Innovación provee de información respecto de empresas y aportes asignadas a estas a través de subsidios de apoyo a la Innovación de CORFO y exenciones tributarias por medio de la Ley de incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo. Como se podrá apreciar, absolutamente todas las contribuciones se remiten a las operaciones de las las empresas receptoras de los beneficios, sin que ello garantice por sí mismo un mejoramiento en las condiciones productivas generales en el rubro.

Financiamiento a Viña Concha y Toro S.A. Elaboración propia con datos de datainnovacion.cl

Financiamiento a Viña San Pedro Tarapacá S.A. Elaboración propia con datos de datainnovacion.cl

Financiamiento a Viñedos Emiliana S.A. Elaboración propia con datos de datainnovacion.cl

Financiamiento a Viña Santa Rita S.A. Elaboración propia con datos de datainnovacion.cl

Financiamiento a I D Vinos de Chile S.A. y Toro S.A. Elaboración propia con datos de datainnovacion.cl

Reclamo viñatero

De acuerdo a la Coalición Nacional de Viñateros, en 2007, solo quedaban 17.529 productores de vides viníferas de los 34 mil registrados en el censo anterior. "Después de 13 años [2020], con la grave crisis del sector, se estima que al menos un 30% ya no están«. En efecto, la imposición de precios de compra de uva por parte del empresariado del vino, que no llegan a cubrir siquiera la mitad de los costos de su producción, constituye uno de los problemas determinantes para este sector que padece la inexistencia de medidas correctivas en este y otros problemas (como la añadidura de agua al vino o la vinificación con uva de mesa).

El requerimiento de materia prima lo concentran tres de las viñas mencionadas inicialmente: Viña Concha y Toro, San Pedro Tarapacá, y Viña Santa Rita, las cuales han operado como un oligopsonio en medio de la ausencia de políticas orientadas a dotar de capacidad productiva a las comunidades viñateras del país. De esto nos habla Yenny Llanos, vocera de la Coalición.

«En el 2015, después que salimos a la calle a regalar uva en la plaza de Concepción a fines de marzo, nos reunimos con autoridades regionales del Biobío y nacionales, entre ellos el Ministro de Agricultura de la época [Carlos Furche], para pedir un plan de desarrollo para el Valle del Itata, con puntos bien específicos. Entre ellos, dos puntos de venta de vino, programa de jóvenes, y centros de vinificación para poder empezar a vinificar la producción de unos 40 millones de litros del Valle del Itata – Biobío que en su vasta mayoría vende uva a precios muy por debajo de los costos. En esa vendimia de 2015, la uva fue pagada en Itata – Biobío a $30 el kilo las autóctonas [país y moscatel] y $70- $80 el kilo de las cepas francesas en Maule y Colchagua.

Por medio de la Mesa del Vino regional de Biobío, donde convergían autoridades regionales entre ellos altos directivos de la CORFO y con dirigentes de asociaciones comunales (Comités) y la Asociación Gremial del Valle del Itata. Estuvimos trabajando y más bien presionando al aparato estatal para que los temas comprometidos avanzaran, fueron semanas, meses en que hubo reuniones a veces casi todos los días. Las autoridades nos dijeron que para que el Estado pudiera financiar los centros de vinificación, que suponía una alta inversión, era necesario un estudio. Así INDAP encargó un estudio de factibilidad técnica y económica para un centro de vinificación realizado por la Universidad de Concepción [UdeC], el cual costó veinte millones de pesos para determinar la localización, tamaño de planta, inversión necesaria, entre otras cuestiones.

Los resultados del estudio los conocimos recién en septiembre del 2016, a esa altura los dirigentes con sus respectivas asociaciones comunales habíamos creado varias cooperativas y SpA [Sociedad por Acciones] solitos, sin ni un peso del Estado. Estábamos listas las asociaciones que nacieron al alero del los comités comunales para poder hacerse cargo de los centros de vinificación que financiaría el Estado.

El estudio, no exento de errores, falencias y polémicas, solo evaluó 4 tamaños de planta, para 100 , 300, 500 y 700 mil litros. Ninguno de estos tamaños de planta resultó rentable para producción y venta de vino a granel, a pesar que el estudio evaluó comprar la uva a 85 pesos el kilo (muy por debajo de los costos de producción) y luego vender el vino a granel blanco, moscatel a 500 el litro y el tinto país a 350 el litro, precios que nunca había alcanzado el vino a productor de cepas país y moscatel en estos años en el mercado nacional [...] Luego se evaluó los mismos tamaños de planta, pero vendiendo vino embotellado. En este caso, solo los tamaños de planta de 500 y 700 mil litros resultaron rentables, y el más rentable fue el de 700 mil litros, además presentaba otras ventajas como cubrir un mayor número de productores porque era mayor el volumen y la relación entre inversión y capacidad era menor en los 700 mil litros. Por tanto, el tamaño mínimo de planta recomendado fue de 700 mil litros y requería una inversión de unos $620 millones, que fueron remarcados en la reunión por parte de los profesionales de la UdeC que participaron en el estudio.

Me acuerdo muy claro que en dicha reunión, la máxima autoridad del agro en la región del Biobío, Seremi de Agricultura, Rodrigo García Hurtado, junto al director Regional del INDAP, Andrés Castillo Candia, al escuchar la inversión requerida se encogieron de hombros y dijeron que no habían tales recursos y tendríamos que microvinificar o levantar mini centros de vinificación, que claramente según estudio no eran rentables. Es decir, tantas reuniones, tanto trabajo, tanto estudio, tanta promesa para que al final nos dijeran no hay 620 millones para tener al menos un centro de 700 mil litros que sea rentable según estudio y que apenas representaba un 1,75% de la producción del valle del Itata en esa época. Tanto trabajo para tener que repartirnos las migajas entre unos pocos y partir con proyectos a sabiendas quebrados [...] Así, la mayoría de nuestras organizaciones comerciales, entre ellas cooperativas, quedaron sin financiamiento ni para bidón plástico».

El proyecto de vinificación podría haber sido un referente para la vitivinicultura nacional, pues iban a ser las y los propios productores quienes pudieran elaborar vino en condiciones relativamente competitivas con el gran empresariado y con ello posicionar productos que plasmasen la identidad territorial y cultural del valle del Itata. Tal como afirmaba Yenny Llanos, este proyecto tenía un carácter embrionario, en tanto solo cubría 1,75% de la producción total del valle del Itata de entonces, pero también representa el 0,005% del total de recursos que el Estado le ha asignado al empresariado del vino mencionado por subvenciones de CORFO y las exenciones tributarias señaladas, desde 2012 hasta ahora.

En estos últimos cuatro años, la entrega de recursos al empresariado del vino ha tenido lugar mientras la Fiscalía Nacional Económica investiga diversas situaciones denunciadas por organizaciones viñateras, respecto a "abusos de posición dominante en el mercado de compra de uvas viníferas". Ante ello, de manera preliminar, la FNE ha establecido entre otras consideraciones que "la aplicación práctica de la normativa sectorial, por parte de los organismos públicos sectoriales, no sería ajustada a los objetivos de la regulación, ni ha contribuido a mejorar las asimetrías de información presentes en el mercado. Un ejemplo de aquello se refiere al levantamiento de precios de referencia, advirtiéndose diferencias respecto de los precios efectivos de compra de uva". Es decir, se reconoce que las entidades públicas no aplican la normativa vigente en coherencia con sus propósitos de regulación comercial que precisamente impidan que un sector productivo pueda sufrir los perjuicios que hasta ahora han padecido las y los viñateros.

Factura para Concha y Toro pagando $70 el kilo de uva País. Año 2019.

Factura para Concha y Toro pagando $130 por el kilo de Sauvignon blanc. Año 2019.

Luego de exhibir facturas que registran a empresas como Concha y Toro pagando $70 el kilo de uva País o $130 por el kilo de Sauvignon blanc cuando su costo de producción actualmente bordea los $300, la vocera de la Coalición Nacional de Viñateros interpreta el millonario traspaso de fondos al empresariado vinífero como "un saqueo al Estado y sus ciudadanos, una burla a los miles de pymes viñateras del país y sus familias, y a los millones de chilenos que tenemos que trabajar duro todos los días para llevar el pan a casa y más encima tenemos que pagar el 19% de ese pan en impuesto al Estado, mientras otros, como Concha y Toro, nos extirpan nuestro trabajo y el Estado con la plata de todos los Chilenos los premia con beneficios millonarios y nosotros los afectados, solo migajas para la foto, circo y engaño. La colusión del poder político- económico en Chile, para saquear al Estado, sus recursos, ciudadanos, productores, consumidores es aberrante y debe parar porque se está transgrediendo el primer principio fundamental de la Constitución vigente, que es velar por intereses transversales en pro del bien común, y prefiere servir a intereses particulares de poderosos, transformándolo en un Estado corrupto".

Puerta giratoria

Cuando se revisan las memorias de una de las empresas con mayor capital y también con mayor cantidad de recursos recibidos por parte del Estado, como Concha y Toro, aparece el nombre de Rafael Guilisasti Gana como vicepresidente del directorio e informando su membresía desde 1998. Guilisasti también fue Consejero de la CORFO desde el año 2011 hasta su renuncia el 3 de septiembre de 2015 para asumir el cargo de director en SQM Salar S.A. y SQM S.A. luego que Julio Ponce Lerou renunciara luego de ser imputado por delitos tributarios y relacionados con el financiamiento ilegal de campañas electorales.

Ante estos hechos es perentorio relevar que según la información disponible el año 2013, mientras Guilisasti se desempeñaba en CORFO, Concha y Toro obtuvo un financiamiento de $2.483.328.256 a través de la Ley I+D. Por su parte, Vinos de Chile, fue beneficiaria de 5.000.000.000 el año 2012. Guilisasti, también aparece como presidente del directorio de Viñedos Emiliana, en tanto, controlaría un 46,37% de acuerdo a su última memoria disponible.

Balance

El contubernio político empresarial no es desconocido para quienes se vinculan a la producción de vino desde contextos que están en las antípodas del relato fácil de la mercadotecnia, y en este sentido Yenny Llanos asevera:

«Desde el 2015 que soy dirigente… ha sido una constante negativa…. y cuando las autoridades han bajado algo de recursos extras o frescos lo han hecho después de manifestaciones en la calle, denuncias, presión mediática, y solo han sido migajas que alcanzan para unos pocos que usan para publicidad engañosa o para financiar programas que han servido básicamente a instituciones, operadores políticos, asesores, gente que no tiene viñas, que no han tenido impacto en el sector, ni en los miles de pymes abusados por la grandes del vino, liderados por Concha y Toro que con jugosas utilidades, recibe beneficios millonarios por parte del Estado. Para los poderosos siempre hay voluntad de sacar leyes y normas a la medida de ellos, en los distintos gobiernos sin mayor esfuerzo, pero para el resto nos toca duro para conseguir migajas».

Foto principal extraída de https://chileabroad.gov.cl/