El pasado viernes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de cuatro jefes de divisiones del Gobierno Regional de La Araucanía bajo el delito de Fraude al Fisco, tras develarse su presunta participación en la tramitación de los convenios irregulares impulsados por Fundación Folab y Educc, los que se estiman en más de $730 millones en financiamiento por parte del GORE.
Por Michelle Martínez
A mediados de octubre, las instalaciones del Gobierno Regional fueron allanadas por la Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía de Alta Complejidad (FAC) con el objetivo de periciar nuevos antecedentes sobre los eventuales convenios irregulares realizados por las fundaciones Folab y Educc, siendo esto replicado en la misma tarde en algunos domicilios de los investigados. De este proceso, se incautaron dispositivos electrónicos en las oficinas de los funcionarios, además de realizarse respaldos de servidores informáticos del GORE, bajo la sospecha de la participación de trabajadores dentro de la tramitación de las licitaciones presuntamente irregulares.
En el operativo, Roberto Garrido, el Fiscal Regional de La Araucanía, comentaba a los medios que, «durante el desarrollo de la investigación, se ha logrado determinar que existen antecedentes que permitirían dar cuenta de la comisión de delitos funcionarios, es decir, de personas vinculadas con la tramitación, aprobación y la supervisión de los proyectos que eventualmente incurrieron en hechos ilícitos».
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Los supuestos planteados por el Fiscal en octubre se alinean con la nueva acusación realizada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el pasado viernes. A través de un comunicado de prensa, la institución anunció que presentó una querella en representación del Gobierno Regional de La Araucanía en contra de cuatro funcionarios. El documento, presentado ante el Juzgado de Garantía de Temuco, los acusa del delito de Fraude al Fisco.
Se trata de Iván Alejandro Soriano Tenorio, Luis Germán Loyola González, Ítalo Andrés Flores Toro y Susan Claudia Alarcón Rubilar, quienes ocupan cargos en cuatro de los ocho estamentos directivos del GORE. Soriano es el jefe de la División de Administración y Finanzas (DAF), Loyola es el jefe de la División de Presupuestos e Inversión Regional (DIPIR), Flores es el jefe de la División de Infraestructura y Transporte (DIT) y Alarcón es la jefa del Departamento de Fomento e Industrias (DIFOI), de acuerdo a lo detallado en el Portal de Transparencia del GORE.
Según lo difundido por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en un comunicado de prensa, los funcionarios mencionados «defraudaron al Gobierno Regional de La Araucanía, conjuntamente con los querellados Rinett y Juvenal Ortiz Rivera, estos últimos actuando a través de las fundaciones Folab y Educc, que dirigen, al permitir los empleados públicos con sus acciones que al 27 de febrero de 2023, se les hubiera transferido a ambas fundaciones la totalidad de los recursos comprometidos, sin que a esa fecha se hubiera dictado una clase siquiera de las que se habían comprometido a realizar».
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La iniciativa planteada originalmente por las fundaciones Folab y Educc durante 2022, contemplaba la implementación de programas llamados «Formación de oficios para la autonomía económica de mujeres desocupadas", a ejecutarse en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, sin que a la fecha del traspaso de los fondos se hubiera dictado una clase siquiera de las que se habían comprometido a realizar para capacitar a mujeres pertenecientes al 60% de la población más vulnerable de dichas comunas», de acuerdo a lo indicado por el Consejo de Defensa del Estado en su comunicado.
El financiamiento realizado por el GORE para la ejecución de estos proyectos consistió en el traspaso de más de $700 millones, desglosado en montos de $365 millones tanto para Fundación Educc como Folab durante 2022, según lo expuesto por Contraloría en su informe final de auditorías realizadas al Gobierno Regional de La Araucanía. En el mismo documento, se detalla que a las instituciones se les ordenó que reintegren los montos adjudicados, de los cuales Educc restituye efectivamente solo $38 millones, mientras que Folab solo $32 millones.
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En la actualidad, existen un total de 6 imputados en las líneas de investigación que involucran a las fundaciones Educc y Folab dentro del "Caso Convenios", siendo estos los cuatro directivos del GORE junto a Rinett y Juvenal Ortiz Rivera. Tanto Rinett como Juvenal, hermanos y directivos de las fundaciones investigadas, se encuentran en prisión preventiva tras ser detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) a mediados de agosto bajo los delitos de administración desleal y lavado de activos.
Los presuntos delitos de lavado de activos realizados por Rinett y Juvenal son explicados a través del comunicado difundido por el CDE, el cual indica que los directivos de Fundación Folab y Educc «realizaron una serie de transferencias electrónicas una vez que tuvieron a su disposición los fondos transferidos desde el Gobierno Regional de La Araucanía con el objeto de ocultar el origen ilícito de los bienes que lograron obtener tras defraudar al servicio público aludido, y así lograr que ingresaran a distintas otras cuentas con el fin de ingresar dichos fondos o partes de los mismos al sistema financiero formal».
Mediante el oficio impulsado por el Consejo de Defensa del Estado, los hermanos Ortiz también se encuentran imputados como autores del delito de Fraude al Fisco en conjunto a los funcionarios del GORE.