Recientemente fueron publicadas en el sitio de la Comisión para el Mercado Financiero Chile (CMF) las memorias anuales de las tres grandes viñas del país: Santa Rita, San Pedro Tarapacá y Concha y Toro, en orden creciente. Los resultados de los ejercicios comerciales de estas firmas constituyen una nueva evidencia de la asimetría imperante en el rubro vitivinícola nacional y de la necesidad de implementar decisiones que aseguren la sustentabilidad de la actividad de miles de productores nacionales de uva y vino. Todas las cifras extraídas de las memorias están en millones de pesos.

Aniceto Hevia

«Así, al 31 de diciembre del mismo año [2024], el resultado de Viña Santa Rita y filiales registró una utilidad de $3.029 millones, representando un aumento del 60% en comparación con los $1.890 millones obtenidos durante el 2023». De este modo la gerencia de esta firma sintetiza el exponencial aumento de ganancias durante el pasado año, lo cual le permitió aumentar también el total de sus activos de $342.312 millones de 2023 a los $344.704 millones de 2024.

Por su parte, la gerencia de San Pedro Tarapacá informó a sus accionistas que «la utilidad del ejercicio alcanzó los MM $19.201, un 35% sobre el año anterior». Esta ingente ganancia le permitió pasar de un total de $433.166, en activos, de 2023 a $459.435 en 2024.

La gerencia de Concha y Toro detalló que «en 2024 mejoramos en ventas, márgenes y utilidad, destacando en la industria vitivinícola y de alcohol en general […] pasamos de 7,8% en margen operacional anual a 12,5%. Así, la utilidad final subió 79,5% hasta $77.420 millones». Esto le permitió abultar sus activos totales, superando los $1.636.537 de 2023 hasta los $1.718.769 de 2024.

De miles de millones a doscientos pesos

En distintas proporciones, estas empresas requieren comprar parte de su materia prima a pequeños productores. De acuerdo a la Oficina de Políticas Agrarias (ODEPA) los precios por kilo de uva fluctuaron entre $200 y $300 durante esta vendimia en las comunas del Valle del Itata ('uble y Biobío). A pesar de lo cuestionable de estas cifras, siempre impugnadas por las agrupaciones de viñateros, siguen siendo insuficientes para cubrir, siquiera, los costos de producción que se calculan en los $400 aproximadamente.

En sucesivas ocasiones, la Coalición Nacional de Viñateros, ha denunciado la situación crítica en la que se encuentran y han propuesto el establecimiento de medidas que aseguren un mejor precio para la venta de su uva, como lo que denominaron "COTRISA del vino", emulando a la empresa homónima que interviene en la comercialización de granos. Es decir, crear una empresa estatal que compre su uva a precios que reflejen valor del vino en el mercado exportador y, junto con ello, pueda vinificar y comercializar tal producción a un mejor precio, corrigiendo distorsiones. Esto permitiría enmendar una de las situaciones que induce a viñateros a arrancar sus vides para utilizar el terreno en otra actividad o venderlo, abandonando el campo, profundizando el despoblamiento de las zonas rurales y dejándolas disponibles para cualquier negocio extractivo y degradante de tales territorios. Sin embargo, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, no ha respondido o bien su mutismo constituye la respuesta.

Aportes estatales, exenciones tributarias y Rafael Guilisasti Gana

Este empresariado es beneficiado de manera permanente con recursos a través de subsidios a la Innovación de CORFO y exenciones impositivas por la Ley de incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D).

En una revisión del portal Data Innovación, Resumen pudo constatar que diversas firmas del rubro vínico obtuvieron en su conjunto $22.942.544.732 desde el año 2012 hasta el pasado 2024, de las cuales Concha y Toro tiene la suma más abultada, beneficiándose de $14.573.633.623. Le secunda la propia entidad gremial del rubro, Vinos de Chile, con $5.015.063.418; le sigue Santa Rita, con $1.517.452.440; y en un cuarto lugar San Pedro Tarapacá, con $1.009.969.993.

Rafael Guilisasti Gana fue gerente de exportaciones de Concha y Toro entre 1985 y 1998, y actualmente es su vicepresidente; desde 1986 a 2003 fue presidente de Vinos de Chile; además preside el directorio de Viñedos Emiliana. En 2011, el expresidente Sebastián Piñera lo nombró como miembro del Consejo Directivo de CORFO, aunque renunció el 3 de septiembre de 2015 para asumir el cargo de director en SQM Salar S.A. y SQM S.A. luego que Julio Ponce Lerou renunciara al ser imputado por delitos tributarios relacionados con el financiamiento de campañas electorales.

Ante estos hechos es perentorio relevar que el año 2013, mientras Guilisasti se desempeñaba en CORFO, Concha y Toro se benefició con exenciones tributarias equivalentes a $2.483.328.256 a través de la Ley I+D. Vinos de Chile obtuvo un subsidio de CORFO de $5.000.000.000 justo en 2012. Por su parte, Viñedos Emiliana se favoreció con $521.726.785 entre 2016 y 2020.

Ser más ligth

En las memorias de empresas mencionadas el concepto «diversificación» es recurrente para explicar las razones del aumento de capitalización, cubriendo segmentos de consumo más diversos. En este sentido, una de las tácticas en auge son los productos con menor graduación alcohólica.

En 2018, Harry Jürgensen Rundshagen, diputado inicialmente miembro de Renovación Nacional y ahora vinculado al Partido Republicano y el exdiputado UDI, Ramón Barros Montero, redactaron una moción destinada a bajar la graduación alcohólica exigida para el vino, hasta ahora de 11,5 grados, a 8,5 grados. Afirmaban que «la legislación chilena no va acorde con las nuevas tendencias en materia vitivinícola, mercado donde la demanda por vinos de menor graduación alcohólica ha aumentado». Agregando que los beneficios de disminuir los grados alcohólicos para el vino radicarían en la ampliación de zonas productores a latitudes más frías; la diversificación productiva; que se podrá rotular como vino el producto de emprendimientos de bajo volumen; entre otros.

Ante este cúmulo de supuestas ventajas, hasta ahora perdidas por la obsoleta legislación chilena, surge la interrogante: ¿cuál es el problema con bajar los grados alcohólicos necesarios para considerar un fermento de vitis vinífera como vino?

Aunque aparenta constituir solo una actualización mercadotécnica, estos intentos parecen obedecer más bien a la carta de navegación del gran empresariado vinífero, destinada en incrementar su capitalización diversificando sus mercancías y, sobre todo, disminuyendo ostensiblemente sus costos de producción, pues una merma en los grados alcohólicos requeridos posibilitaría la incorporación de mayor cantidad de agua, así como del fermento de variedades de uva de mesa, aminorando el requerimiento de materia prima, profundizando la ruina de pequeños viñateros.

Sin mediar permisos, el empresariado vinífero y sus comercializadores ya han comenzado a implementar estas decisiones, elaborando productos presentados con conceptos como «selección dulce», «cóctel de vino» o simplemente «dulce», y seguidamente vendidos como vino. Todos ellos adicionando agua a su contenido, así como otros aditivos para incrementar su dulzor. El caso de Casillero del Diablo Belight es paradigmático, pues aunque el 11 de marzo de 2024, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, informaba al Congreso que «sacaron del mercado varios de estos productos que se llamaban…. el famoso Casillero del Diablo Belight». Resumen pudo constatar aún el producto elaborado por Concha y Toro, es presentado en el marco de lo que denominan Línea Reserva: «Nuestra clásica colección de vinos premium está compuesta por más de 10 variedades, elaboradas con uvas seleccionadas de los principales valles vitivinícolas de Chile…»

Balance

Las ventajas del empresariado vínico nacional son múltiples y se pueden evidenciar en las más diversas políticas e «inversiones» financiadas por el Estado. La posibilidad de producir con bajísmos costos y laxas regulaciones, le permitió a estas firmas vender su vino a bajo el valor de comercialización en países del norte global, donde han abierto oficinas y tienen una participación creciente en los circuitos mercantiles, como lo detalla un informe técnico de 2023 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A estos beneficios pueden acceder en el marco de los tratados de libre comercio suscritos por Chile con múltiples Estados. Sus cláusulas les permiten ingresar sus mercancías exentas de impuestos o con rebajas importantes, mientras el país padece como una fuente de materias primas dependiente de la industria extranjera, incrementándose el desempleo y la informalidad laboral.

Recurrentemente, quienes vociferan la supuesta legitimidad del neoliberalismo aseveran que el crecimiento de empresas depende de las virtudes competitivas de quienes las conduzcan, sin embargo la realidad les refuta sucesivamente, pues de manera insistente se evidencia al propio Estado actuando como operador y financista de estas firmas con autoridades políticas cabildeando en función de sus intereses en escenarios locales e internacionales.