[resumen.cl] Jonathan Alexis Neira Chaparro, Víctor Antonio Lastra Marguirot y Henry Giovanny Cuellar Vega son tres de los seis carabineros que participaron del procedimiento donde golpearon brutalmente a Mario Acuña el pasado 23 de octubre de 2019. Declaraciones anteriores de los funcionarios aseguran que «lo ayudamos a pararse«.

A las 09:00 horas de este martes en el Juzgado de Garantía de San Bernardo está fijado el inicio de la formalización contra tres de los seis carabineros que participaron en el procedimiento que terminó con la brutal golpiza a Mario Acuña el 23 de octubre de 2019 en Buin, dejándolo en estado vegetal y postrado en su cama, lugar en el que permanece hasta la fecha.

Los tres carabineros -de menor grado que sus otros tres colegas- son Jonathan Alexis Neira Chaparro, Víctor Antonio Lastra Marguirot y Henry Giovanny Cuellar Vega, todos imputados en calidad de autores por el delito de lesiones graves gravísimas con ocasión de tortura.

Sin embargo, la querella ingresada por la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) contempla otros delitos tales como homicidio frustrado , lesiones graves gravísimas , abusos contra particulares y denegación de servicio.

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Durante esta mañana, El Desconcierto dio a conocer parte de las declaraciones que han dado los funcionarios policiales donde reconocen haber estado en el lugar el mismo día en que carabineros dejaron al borde de la muerte a Mario Acuña.

A modo de ejemplo, el cabo segundo Henry Cuellar Vega declaró que «observamos a una persona en el suelo y lo ayudamos a pararse, consultándole cómo se encontraba y nos indicó que bien y retirándose hacia el interior del pasaje Los Olmos«. Por su parte, Antonio Lastra Marguirott afirma que «llegando yo primero y preguntándole si estaba bien, esta persona estaba en el piso y nos dice que estaba bien, que estaban tirando piedras y procedimos a levantarlo«.

Sin embargo, las declaraciones han sido duramente criticadas respecto no solo a la falta de confianza con la institución policial -considerando los reiterados casos de violación a los derechos humanos, sumado al historial de violencia y corrupción anclado en esta-, sino también por la existencia de un pacto de silencio entre los seis funcionarios que fueron parte del procedimiento.