No todos enfrentamos la misma lluvia
Para la autora de este escrito, "nuestra sociedad ha normalizado que existan vidas expuestas permanentemente al riesgo. La catástrofe natural no afecta por igual a todos, las consecuencias de la lluvia, enfermedades o de cualquier crisis recaen siempre sobre los mismos cuerpos y los mismos territorios".
Por Mariela Santana | Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo - CODEPU
La fotografía que encabeza esta reflexión me ha acompañado todo el día. Le preguntamos a Paola Martínez, tía y cuidadora de Mario Acuña, una de las víctimas del estallido social, cómo estaban con las lluvias. Su respuesta fue: «Hola, estamos bien, ya están sacando el agua.»(con motobombas)
La frase de la señora Paola no habla de un conformismo, sino de cómo la desigualdad termina moldeando el propio concepto de bienestar. Cuando una familia ha debido sobrevivir durante años a la violencia institucional, la exclusión y el abandono, «estar bien» deja de significar vivir con dignidad y pasa a significar simplemente que la tragedia aún no es peor.
La violencia estructural atraviesa a la familia de Mario Acuña y a tantas otras en nuestro país. La foto de la inundación da cuenta de la acumulación de desigualdades que el sistema produce y reproduce, una y otra vez. En ellas convergen múltiples formas de exclusión y violencia estructural: la pobreza, la precariedad habitacional, el limitado acceso a la educación formal, la sobrecarga de los cuidados y el abandono estatal.
El derecho a una vivienda digna, a un entorno seguro y a condiciones materiales compatibles con la dignidad humana no puede depender de la capacidad de cada uno para soportar la adversidad. Son obligaciones del Estado.
Sin embargo, nuestra sociedad ha normalizado que existan vidas expuestas permanentemente al riesgo. La catástrofe natural no afecta por igual a todos, las consecuencias de la lluvia, enfermedades o de cualquier crisis recaen siempre sobre los mismos cuerpos y los mismos territorios.
Esa constatación adquiere hoy una dimensión más preocupante aún, luego de la aprobación parlamentaria de la denominada “Megarreforma” impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.
Mientras las grandes empresas reciben más beneficios, el riesgo es que el Estado tenga menos recursos para garantizar derechos. Si ello ocurre, no serán los sectores más acomodados quienes soportarán las consecuencias.
Serán, nuevamente, familias como la de Mario Acuña o mujeres como Paola, que sostienen el trabajo de cuidados y de crianza, quienes habitan viviendas precarias en territorios marginados históricamente, quienes dependen de una salud pública debilitada o de políticas sociales para garantizar condiciones mínimas de existencia. En otras palabras, los mismos de siempre quienes cargarán con los costos de un modelo que socializa las pérdidas y concentra los beneficios.
Desde una perspectiva de derechos humanos, ello supone un grave riesgo de regresión en el goce de los derechos económicos y sociales.
No todos enfrentamos la misma lluvia.
