El consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acordó interponer una querella contra altos mandos de Carabineros por masivas violaciones a los DDHH durante las manifestaciones populares del Estallido Social, en concreto, porque «omitieron impedir o hacer cesar la aplicación de apremios ilegítimos y otros tratos».

Por Alejandro Baeza

Según publicó La Tercera, la acción legal pretende que "se cumpla con las obligaciones estatales relativas a la investigación y sanción de estas graves violaciones de derechos, procurando perseguir una de las dimensiones de la responsabilidad penal, la de los mandos policiales, que en el período comprendido entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre de 2019 [el primer mes de manifestaciones] omitieron impedir o hacer cesar la aplicación de apremios ilegítimos y otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición de hacerlo".

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Si bien por una parte la querella busca va "en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumamos o degradantes", hay siete generales que son mencionados directamente: Mauricio Rodríguez, exjefe Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, exjefe Zona Santiago Este; Jorge Ávila, exjefe de la Zona Control Orden Público e Intervención; Jorge Valenzuela, exdirector nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Jean Camus, exdirector de Logística; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; y Hugo Zenteno, exjefe de la V Zona.

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La acción será presentada durante los próximos días y según señalaron, busca cumplir las recomendaciones que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de instar a las instituciones nacionales a "adoptar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar pronta, adecuada y efectivamente la fuerza arbitraria empleada por el personal de las fuerzas de seguridad, particularmente de Carabineros, en el contexto de protestas", y también a "identificar, juzgar y sancionar a los agentes del Estado responsables de ataques, violencia, amenazas, hostigamiento y uso abusivo de la fuerza en el contexto de las manifestaciones".

Es importante señalar que la acción legal aprobada precisa que Carabineros no podía no saber su actuar implicaba graves y masivas violaciones a los derechos fundamentales de las personas que se manifestaban en las calles.

En octubre de 2021, Amnistía Internacional - Chile hizo entrega del informe «Responsabilidad penal por omisión de los mandos con ocasión de los crímenes cometidos durante el estallido social» al Ministerio Público, facilitando antecedentes y análisis en las investigaciones en trámite y venideras contra funcionarios de Carabineros de Chile.

El informe, que se enmarca en el lanzamiento de otro trabajo titulado «Policías bajo la Lupa: cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas» pretende analizar la responsabilidad penal de los mandos de la policía chilena sobre los crímenes involucrados en el control del orden público.

Entre las conclusiones elaboradas por Amnistía se encuentran que los antecedentes disponibles permiten exigir responsabilidad penal a las autoridades y mandos de las instituciones que se vieron involucradas en el resguardo al orden público, señalando el carácter de actuación por omisión.

Asimismo, el trabajo indica que los crímenes cometidos por agentes del Estado dan cuenta de «e diversas conductas típicas individuales o grupales, por parte de personal de Carabineros, cometidas dentro de un determinado contexto político-social y temporal, y que dan cuenta de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la institución».

De esta forma, la omisión deliberada de los mandos de la institución ha sido acompañada de un «discurso que asegura o promete la impunidad», el cual aún se mantiene vigente a pocos días de conmemorarse el segundo aniversario del inicio del Estallido Social.

Finalmente, cabe recordar que durante aquel mes, por ejemplo, la policía uniformada utilizó 16.856 Granadas CS contra la población en todas las regiones del país. Pese a los efectos nocivos que trae para la salud, el Estado chileno desplegó grandes cantidades de bombas lacrimógenas para enfrentar las protestas, cifras que lidera la región Metropolitana (10.519), La Araucanía (1.263) y el Biobío (1.169), las mismas que han sido prohibidas como armas de guerra a fines de la década de los noventa.