La crisis sanitaria y social que atraviesa Chile, a causa de la pandemia ocasionada por el coronavirus, ha desembocado en complejas situaciones para miles de trabajadoras de casas particulares.  La fragilidad de la legislación existente en materia de salarios y protección laboral ha quedado en evidencia y la precarización de las vidas de las familias chilenas se agudiza cada día más.

Por Nicole Villanueva / resumen.cl

Esta también es la realidad que se está profundizando en el sector de las trabajadoras de casas particulares, quienes ante la incertidumbre e inestabilidad de sus fuentes laborales, exigen al Estado la protección de sus derechos. En Chile 296.548 personas se desempeñan en estos puestos laborales y se estima que 120 mil no cuenta con contrato de trabajo, según señaló el INE el año 2019.

La ley laboral chilena históricamente ha discriminado e invisibilizado a las trabajadoras de casas particulares. Recién en el año 2011 fue reconocido su derecho para acceder al sueldo mínimo, antes de eso contaban con remuneraciones más bajas que el resto de trabajadoras y trabajadores del sector privado. Sin embargo, hasta hoy, se encuentran excluidas para acceder al Seguro de Cesantía, este fondo solidario no las contempla, ya que sus condiciones laborales no están regidas por la ley n° 19.728, sino por el decreto n° 20.786.

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Esta legislación reconoce como personas trabajadoras de casa particular a quienes se dedican, de forma continua, a prestar servicios de aseo y asistencia propios del hogar, reconociendo su derecho a contrato y horarios dignos. Sin embargo, no existe fiscalización en el rubro y muchas veces las condiciones establecidas no se cumplen. Este empleo aún se encuentra altamente feminizado y precarizado. 

Esta pauperización ha ido en aumento desde que comenzó la crisis sanitaria. Muchos hogares se sostienen con el sueldo de las trabajadoras, y lo que está sucediendo a raíz de esta contingencia, es que las y los empleadores les están haciendo optar por cambiar su modalidad de trabajo, de "puertas afuera" a "puertas adentro", o eventualmente ser despedidas para evitar un posible contagio debido a los traslados.  Otras en tanto, continúan desempeñando sus funciones por miedo al desempleo, exponiéndose a sí mismas y a sus familias cada día.

Según cifras entregadas por la Superintendencia de Pensiones en su balance entregado en mayo, 14.105 personas trabajadoras de casa particular han sido suspendidas durante la emergencia. Este número pertenece a aquellas personas que han cobrado su indemnización, sin embargo, se desconoce la cifra total que considera a los y las trabajadoras informales del gremio.

La realidad de las trabajadoras

Ana Albornoz, vocera de la Organización plurisindical del Biobío y abogada asesora del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares de Concepción (SINTRACAP), comenta que la situación en Concepción es desastrosa. En la región del Biobío son aproximadamente 80 mil personas que se desempeñan en el rubro y mientras que el promedio de remuneración nacional es de 270 mil pesos, la cifra local es en torno a los 170 mil pesos.

La abogada comenta a Resumen que las trabajadoras se encuentran totalmente vulnerables antes sus empleadores y agrega que el 26 de abril de este año vio la luz del derecho la Ley de Protección al Empleo (ley n° 21.227) y si bien esta nueva regulación asegura que las trabajadoras no puedan ser despedidas por motivos del coronavirus, esta no considera dentro del  Seguro de Cesantía. El Estado nuevamente las está discriminando, y lo que está sucediendo en la práctica es que muchas están siendo finiquitadas y acceden, por derecho, a una indemnización del 4,11%, una cifra insignificante.

En el caso de que lleven solo un año de trabajo el número es aún más miserable, y peor aún es la situación de las trabajadoras informales, correspondiente a un 53% de nivel nacional, quienes no pueden acceder a dicha compensación. En el Biobío son más de 600 las trabajadoras que se han acogido a la Ley de Protección del empleo y la cifra va en aumento. Explica además, que en el caso de otras trabajadoras, estas no han cesado sus funciones por miedo a la incertidumbre y pobreza, arriesgándose todos los días al contagio en el transporte público, no pudiendo realizar la cuarentena preventiva en sus casas, ya que son sus ingresos sostienen sus hogares. Ana declara que esta responsabilidad es absoluta del Estado, y ellos debieran proponer una solución para resguardar la dignidad y derechos de las trabajadoras.

Las demandas propuestas por el SINTRACAP, a nivel nacional y regional, contemplan una serie de puntos que buscan entregar dignidad a las personas trabajadoras de casas particulares.  Ante todo exige al Estado chileno cumplir con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente, e igualar las condiciones laborales y de seguridad social respecto del trabajo doméstico.

El sindicato solicita la incorporación inmediata de las trabajadoras de casas particulares al Seguro de Cesantía, junto con esto, ampliar la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia, y encontrar un mecanismo para abordar la situación de las trabajadoras migrantes, ya que estas no cuentan con el Registro Social de Hogares, por tanto no pueden postular a los beneficios implementados. Además, exigen la regulación y fiscalización de las condiciones en que desarrollan sus funciones, además de transparentar la información y datos respectivos para poder trabajar y buscar apoyo.

Para Albornoz, debiera estar garantizado constitucionalmente que las trabajadoras de casas particulares reciban sus remuneraciones íntegramente, pese a la suspensión de sus funciones, ya que una emergencia sanitaria como la que ha provocado el COVID- 19 viene a empobrecer aún más a quienes son históricamente precarizadas.

Ante las lamentables condiciones que están viviendo muchas mujeres, Ana comenta que desde el SINTRACAP de la provincia y región hacen un llamado a la afiliación inmediata para que puedan asesorarse legalmente, así también a solidaridad de las y los empleadores para tomar conciencia social y no suspender las remuneraciones. Además incita a las trabajadoras a recurrir a la Oficina de Defensa Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial para buscar soluciones más justas.