En Chile se ha vuelto costumbre dejar heridas abiertas y convivir con la injusticia y la impunidad. A los miles de casos de Detenidos Desaparecidos y otras violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la Dictadura de Pinochet que han quedado impunes, se suma ahora la gravísima situación provocada desde el Estallido o Revuelta Social de octubre de 2019, con abusos sistemáticos y cientos de personas privadas de libertad, condenas desmesuradas, procesos injustos y dilatados, montajes burdos orquestados por una de las instituciones más desprestigiadas del país (Carabineros), y cuyas medidas cautelares no se ajustan a principios de objetividad e imparcialidad.

A marzo de este año en Chile existían alrededor de 2.500 jóvenes en prisión preventiva por hechos acaecidos en protestas sociales. Muchos de estos casos afectan a menores de 15 años y en su gran mayoría, se trata de menores de 30 años sin antecedentes penales. En el país se encarceló y encarcela la justa lucha por demandas sociales.

Ningún país que se considere democrático y que ya está viviendo un proceso constituyente puede permitirse tal nivel de injusticia e impunidad. Ad portas de instalar la Convención Constitucional para que inicie su labor, no es posible eludir las injusticias cometidas contra jóvenes que, cansados de una vida precaria e indigna, dieron el puntapié inicial a todo este proceso.

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Por ello, hacemos un llamado urgente al poder constituido a asumir el desafío de construir un país más justo y más solidario. Mientras muchos celebramos el futuro prometedor que podemos construir como sociedad, existe una realidad paralela, cruda y desgarradora, ante la cual no podemos quedar indiferentes.

Por lo tanto, exigimos la libertad inmediata de todas las presas y presos políticos, con especial urgencia para las y los menores de edad que han sido sometidos a procesos judiciales y encarcelados en centros del SENAME, en abierta vulneración de todos los tratados internacionales suscritos por Chile en esta materia. En ese sentido, apoyamos las demandas de las agrupaciones de familiares y amigos de presos políticos de la Revuelta, así como de las demás organizaciones que los han acompañado durante todo este difícil período.

Finalmente, llamamos a la conformación urgente de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, autónoma del Estado, pero financiada por este, compuesta por un espectro amplio y diverso de organizaciones sociales, que se haga cargo de indagar sobre las violaciones sistemáticas, masivas y gravísimas de los derechos humanos perpetrados por parte de agentes del Estado.

Hacemos un llamado a las y los constituyentes electos a sumarse a esta exigencia. La triste y dolorosa historia de nuestro pasado reciente ha demostrado con creces que no es posible construir un país sano sobre cimientos tan poco sólidos, como lo son la injusticia y la impunidad.

Adhieren:

Dayyana González Araya, Distrito 3
Constanza San Juan, Distrito 4, (ACA)
Ivanna Olivares, Distrito 5
Lisette Vergara, Distrito 6
Cristóbal Andrade, Distrito 6
Tania Madriaga Flores, Distrito 7
Camila Zárate, Distrito 7
Marco Antonio Arellano Ortega, Distrito 8
Alejandra Pérez, Distrito 9
Manuel Woldarsky, Distrito 10
Natalia Henríquez Carreño, Distrito 9
Ingrid Villena, Distrito 13
Rodrigo Rojas Vade, Distrito 13
Francisco Caamaño Rojas, Distrito 14
Loreto Vallejos Dávila, Distrito 15
Gloria Alvarado, Distrito 16, (Lista Corrientes Independientes)
Elsa Labraña, Distrito 17
Fernando Salinas Manfredini, Distrito 18
Francisca Arauna Urrutia, Distrito 18
César Uribe, Distrito 19
Adriana Ampuero, Distrito 26
Elisa Giustinianovich Campos D28