Los artículos más extremistas de la propuesta de Constitución de los políticos
Desde hacer inconstitucional la persecución del narcotráfico, asegurar el negocio de las AFP y las Isapre con nuestro dinero, consagrar el derecho al agua de los grandes grupos económicos por sobre las personas, hasta quitarle a las mujeres el derecho al aborto en tres causales, son algunos de los artículos más extremistas que caracterizan la propuesta de Constitución que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre, redactada esencialmente por el Partido Republicano y Chile Vamos.
Por Alejandro Baeza
El Consejo Constitucional fue una alternativa creada por la clase política para salir de la crisis y contó con una gran hegemonía de la derecha y el partido ultraderecha de «republicanos», presidido por José Antonio Kast.
En sus meses de trabajo, se caracterizaron por proponer enmiendas extremistas y profundizar el actual modelo político, social y económico que fue impuesto en dictadura (tanto así que fue bautizada popularmente como kastitución), por lo que cuenta con un muy bajo apoyo y pocas probabilidades de ser aprobado, a pesar de los esfuerzos ingentes que actualmente están realizando los medios de comunicación para mejorar su imagen y promover el voto «A favor» y así intentar dar vuelta el escenario.
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Con todo y aquello, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló, entre otras cosas, que apenas un 8% se inclinará por el voto «A favor» mientras un 30% de los consultados estaría votando por la opción «En contra». Además, un 53% todavía no ha decidido su voto.
Hace inconstitucional la persecución del narcotráfico
Un grupo de profesores de derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez señalaron que la propuesta de Constitución elaborada por los partidos políticos y liderada por José Antonio Kast, literalmente sabotea «constitucionalmente la prohibición penal del narcotráfico.
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Si se aprueba, ‘La Constitución de la Seguridad’ exigirá que la ley penal describa la conducta ‘precisa y expresamente'». «Cualquier conocedor del derecho constitucional chileno advierte inmediatamente que se está transfiriendo a las multas que no son penas, el estándar hasta ahora a las penas y que se sube este último estándar al previsto por el proyecto de 1980», indicaron.
No es que se despenalice el narcotráfico, sino que los abogados de traficantes podrían aprovechar esto para señalar que el delito por lo que sus defendidos han sido detenidos, no se encuentra especificado, por lo que podrían pedir su libertad. Además, traspasaría al Poder Legislativo la responsabilidad de legislar cada delito en específico, en un ecosistema tan dinámico como lo es el narcotráfico, añadiendo una burocracia absurda que sólo permitirá el crecimiento de la venta y consumo de drogas en nuestro país.
Protección constitucional al negocio de las AFP y las Isapre
La norma que visó el Consejo sobre salud, que en otras palabras consagra al cuestionado modelo de las ISAPRE, plantea: «Es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado», es decir, darle un rango constitucional a esta «libertad de elegir» del modelo que da el privilegio de buena salud a quienes pueden pagarlo y ha precarizado a la salud pública.
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Según palabras del controversial delegado de republicanos, Luis Silva, la idea es justamente proteger este negocio privado para que no pueda ser tocado por la ley: «Precisamente por eso limitamos al legislador, porque podía llevarnos al monopolio estatal».
En tanto a las AFP, el modelo más repudiado por el pueblo chileno, fue protegido con la excusa de «resguardar los ahorros previsionales», repitiendo la estrategia del discurso utilizado para defender este negocio confundiendo a la población. Así, los protectores de este sistema lograron aprobar la enmienda que establece que «Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno».
Además, se consagró el lucro en la educación, lo que fue denominado en dictadura como «libertad de enseñanza».
Asegura el derecho al agua de grupos económicos por sobre las personas
Una norma establecería el derecho de aprovechamiento de aguas para grandes grupos económicos e individualidades que puedan pagar y hacer negocio con ella, por sobre el derecho a la población a su consumo.
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En concreto establece que: «Las aguas, en cualquiera de sus estados y fuentes naturales u obras estatales de desarrollo del recurso, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenecen a la Nación toda. Sin perjuicio de aquello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos, en conformidad a la ley». Es decir, de aprobarse este proyecto de elaborado por la derecha y la ultraderecha, se mantendrá el derecho de acceso a ríos, playas, lagos, etc., pero a su vez, el consumo de personas y de pequeños agricultores no será un derecho, sino un bien más de compra y venta.
«Ahora bien, un detalle que pasó inadvertido durante la votación de estas enmiendas fue que la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia Willer (Republicana), votó a favor de la privatización del agua sin restricciones, cuestión que podría significar un eventual conflicto de interés, ya que los familiares directos de Hevia poseen derechos de agua por 106,86 litros de agua por segundo» consignó entonces Interferencia.
«En total, el padre y sus cuatro tíos suman derechos de aprovechamiento de aguas por 106,86 litros por segundo. Esto equivale a 9.232.704 litros de agua al día, suficiente para mantener el consumo diario de 54.310 personas considerando el consumo humano promedio de 170 litros establecido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)», agregan en el citado medio
En el caso de la familia Kast, fundador del Partido Republicano, posee 198,3 litros por segundo de agua entre cuatro empresas y dos personas naturales, según Interferencia. «El padre de José Antonio, el hermano y su sobrina poseen agua suficiente para abastecer a 100 mil personas, según el promedio de 170 litros diarios establecido por la SISS».
Le quita a las mujeres el derecho a aborto en tres causales
El organismo estableció una enmienda que contempla el derecho a la vida protegiendo la vida de «quien está por nacer», a diferencia de estipulado en la actual Constitución que señala la vida del «que está por nacer». Lo anterior afecta lo establecido en la ley Nº 21.030 promulgada en 2017 que autoriza la interrupción del embarazo cuando: la mujer se encuentre en riesgo vital, el embrión o feto sea incompatible con la vida o cuando el embarazo sea resultado de una violación.
Respecto a lo anterior, desde la Red chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres mencionaron que «con este simple cambio de adverbio se estaría cerrando una discusión que es mucho más amplia que una mera discusión jurídica; es una discusión política, es una discusión biomédica, es una discusión médica que tiene muchas aristas. Creemos que con esta aprobación no se está por la protección de la vida, sino más bien se está por controlar la vida de las mujeres, imponiendo una visión ideológica por sobre el derecho a decidir».
«Lo que ha hecho el Consejo Constitucional es dejar desprotegidas a las mujeres, especialmente a aquellas más vulneradas y que no tienen las mismas posibilidades que las mujeres que viven en la ciudad, que son de clase alta o que tienen muchas más posibilidades de plantearse el derecho a decidir con condiciones materiales», expresaron cuando se aprobó esta enmienda.
Finalmente, cabe señalar que si bien los grandes medios de comunicación hicieron una intensa campaña para el Rechazo en 2022, usando como uno de sus argumentos, que la propuesta de la Convención era demasiado larga y, por lo mismo, fue tildado de maximalista y de abarcar los contenidos con excesivo detalle, lo cierto es que esta propuesta redactada esencialmente por el Partido Republicano y Chile Vamos, es mucho más extensa.
Según el cálculo realizado por La Tercera, la propuesta del Consejo Constitucional tendría casi 49 mil palabras, muy por encima del anteproyecto de la Comisión Experta y el doble de extensa que la Pinochet vigente.
«La propuesta de nueva Constitución es casi el doble de extensa que la Constitución vigente que, según el Comparative Constitutions Project, tiene 25.821 palabras. A su vez, queda por debajo del texto de la Convención. Los convencionales redactaron un texto que tiene, al transformar esa Constitución desde PDF a Word, 52.267 palabras contando el preámbulo» consigna el citado medio.
