Motosierra para el pueblo, perdonazos para la élite: lo que hay detrás del plan de reconstrucción de Kast
El autor de esta columna indica que el régimen chileno considera la siguiente lógica: "Plata para balas, motosierra para las aulas. Kast reduce el Estado a ser un vigilante de la oligarquía. Calcan el modelo argentino. Fabrican crisis fiscales para aniquilar derechos sociales".
Por Jean Flores Quintana | Politólogo
La élite conservadora pisa el acelerador de su maquinaria hegemónica. El bloque de poder activa sus trincheras mediáticas para legitimar el saqueo. El Mercurio y La Tercera imponen la línea ideológica y aplauden el asalto al Estado desde sus primeras planas. Radio Bío-Bío martilla el pánico en el sentido común para justificar la motosierra fiscal. Diario Financiero maquilla el despojo con jerga técnica para seducir al gran capital. Vemos en directo el manual exacto de la doctrina del shock.
Kast exprime la tragedia de los incendios en el Biobío para clavar una daga estructural al país. El "Plan de Reconstrucción Nacional" consagra la mayor transferencia de riqueza hacia la casta en décadas.
Hacienda formaliza el festín de la clase patronal. El hachazo al impuesto corporativo —del 27% al 23%— transfiere miles de millones de dólares anuales hacia el bolsillo empresarial. La cifra resulta demoledora. Cada punto de este impuesto equivale a cerca de $500 millones de recaudación que el Estado entrega por decreto. La trampa radica en la letra chica. La "reintegración tributaria" permite a los grandes accionistas usar el impuesto de sus empresas como crédito personal, maniobra que arrebata otros $1.500 millones extra de la caja pública. El Estado pierde por partida doble. Recauda menos a nivel corporativo y regala descuentos masivos a los súper ricos en su impuesto personal. El asalto total supera los $3.500 millones de dólares cada año; un saqueo gigantesco en una década. Como remate, la eliminación del IVA a la vivienda opera como un salvavidas descarado para que las constructoras liquiden un sobrestock de 105 mil propiedades —valorado en $12.000 millones— con el dinero de todos los chilenos.
La crueldad del plan brilla en la tasa de ganancia del desastre. Las familias del Biobío retiran escombros; simultáneamente, Hacienda anuncia un fondo de reconstrucción de 400 mil millones de pesos, equivalentes a 400 millones de dólares. Esa cifra representa una burla frente al banquete de la élite. El hachazo tributario corporativo regala 3.500 millones de dólares anuales a los grandes grupos económicos. Kast entrega a la casta empresarial nueve veces el presupuesto total de la reconstrucción en un solo año. En una década, el perdonazo a los súper ricos suma recursos suficientes para reconstruir casi noventa veces la región devastada.
El gobierno vende el perdonazo bajo el eufemismo técnico de "regularización transitoria de activos", un régimen de repatriación de capitales diseñado para blanquear dinero oscuro. La oligarquía esconde fortunas gigantescas en paraísos fiscales y el Ejecutivo ofrece traer esos fondos disfrazando la operación como "incentivos a la inversión nacional". Cobran tasas irrisorias, legalizan el fraude histórico y premian a los evasores. El paquetazo suma una arremetida privatizadora brutal camuflada de "alianzas público-privadas". Añaden el blindaje a las AFP bajo el dogma de la "libertad de elección" para sepultar la solidaridad en las pensiones. Para cuadrar la caja, La Moneda decreta despidos masivos en el sector público apelando a la "eficiencia estatal", precarizando servicios esenciales justo cuando la población más los necesita.
La soberanía nacional queda hipotecada. Las reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental entregan nuestros bienes comunes a las corporaciones transnacionales. Consolidan a Chile como un enclave extractivista sometido a Wall Street. Este plan esconde una ofensiva territorial feroz. La reconstrucción del Biobío camufla la militarización definitiva del Wallmapu. El gobierno blinda los intereses forestales con contingencia militar permanente, asegura el lucro a punta de fusiles y criminaliza la reivindicación de tierras mapuche.
El ajuste fiscal tiene una excepción macabra. Hacienda exige recortar la gratuidad universitaria a menores de 30 años y decreta el cobro implacable del CAE. Castigan a los estudiantes para costear las rebajas impositivas del gran capital. Mientras secan la educación pública, inyectan recursos históricos al aparato represivo. Multiplican el presupuesto de Fuerzas Armadas y Carabineros para blindar este modelo de despojo.
Plata para balas, motosierra para las aulas. Kast reduce el Estado a ser un vigilante de la oligarquía. Calcan el modelo argentino. Fabrican crisis fiscales para aniquilar derechos sociales. Las fuerzas transformadoras deben frenar este saqueo histórico.
