Empresarios de distintos rubros quitaron la tierra a campesinos y mapuches en un proceso ampliamente documentado y conocido. Durante los últimos años, se ha registrado un creciente aumento de las recuperaciones de estos grupos que reivindican como propias las tierras usurpadas. En las zonas rurales donde el avance de plantaciones forestales ha destruido el bosque nativo o ha reemplazado las tierras agrícolas, distintas comunidades en resistencia han anunciado que lo que se denomina mediáticamente como «robo de madera» es en realidad un intento de recuperar algo que les pertenece y además necesitan para subsistir.

No es posible hablar de robo de madera si la propiedad de la tierra es reclamada por comunidades mapuches y campesinas usurpadas, con un conflicto ampliamente reconocido y con grandes expectativas de que se solucione por las partes afectadas, principalmente para quienes han permanecido décadas sumidas en la pobreza causada por el uso de la tierra con interés patronal y empresarial

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Hoy,  la industria de plantaciones forestales o monocultivos forestales de pino y eucalipto para pulpa de celulosa o productos derivados de la madera, domina el paisaje en la zona centro sur de Chile y el territorio mapuche. Su expansión fue potenciada con privatizaciones masivas en la Contrarreforma Agraria durante dictadura, mediante violentos despojos territoriales.

La reducción drástica de la biodiversidad vegetal y acuática con el desmonte y quema de bosque nativo, en conjunto con su impacto en ciclo del agua, han transformado radicalmente el paisaje, empobreciendo a las comunidades. Las plantas de celulosa contaminan ríos, zonas costeras y generan emanaciones tóxicas para comunidades locales.

Un estudio recientemente publicado que analizó el periodo 1997-2015 concluye que la industria forestal incrementa la pobreza y la desigualdad social para las comunidades rurales que viven en los territorios donde ésta se ha instalado. Los hallazgos muestran que la expansión de la industria forestal en las últimas décadas no ha reducido el desempleo ni aumentado los ingresos en las comunidades, sino todo lo contrario.

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En 2014, nuestro documental «Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile» apuntó a la gran industria de monocultivos forestales y pulpa de celulosa y papel como responsable de una amplia gama de impactos socioambientales. Uno de los más determinantes era la pobreza que afecta las comunidades rurales y periurbanas rodeadas por estas plantaciones.

En la zona centro-sur de Chile es una de las más pobladas del país y ha sufrido drásticas transformaciones ambientales durante su historia reciente. Ciclos de deforestación y monocultivos agrícolas han destruido o dejado en un estado muy fragmentado a los bosques que caracterizaban anteriormente la región.

Gran parte del territorio utilizado hoy por empresas forestales tuvo en el pasado extensas franjas de bosques. Una significativa parte de ellos comenzó a ser destruida durante la primera etapa de la colonia española, especialmente para el cultivo de cereales y el monocultivo de trigo, mientras que las zonas que no fueron intervenidas en este periodo, lo fueron de una manera mucho más acelerada durante las últimas tres décadas del siglo XX en el marco del fomento de la industria forestal, subsidiada por el Estado neoliberal como política de la dictadura de Pinochet.

Un estudio de 2020 constata que los cambios ocurridos en las últimas décadas son los más significativos de los últimos 500 años. Este periodo coincide con la expansión acelerada de monocultivos forestales, mayor uso de agua con fines agroindustriales e incremento de fertilizantes. El impacto es mucho mayor que el generado por cambios climáticos y actividades humanas previas.

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En toda la Cordillera de la Costa y Nahuelbuta, innumerables testimonios revelan cómo en los terrenos que hoy son dominados por las empresas forestales, se recurrió al fuego como arma para despejar el bosque nativo y plantar monocultivos. Además de esto, un arma de despojo territorial que expulsó a la población campesina, un proceso denominado «Desplazamiento forzado» y que actualmente se busca que se reconozca y se repare como un crimen de lesa humanidad.

Es un hecho reconocido que las comunidades campesinas y mapuches históricamente solían proveerse de leña de predios forestales y que ahora su actividad ha ido en aumento en relación con sus procesos de recuperación territorial y reivindicación de tierras usurpadas.

En estos casos, distintas comunidades han planteado la necesidad de utilizar los espacios recuperados para salir de la pobreza, apuntando a la soberanía alimentaria, la recuperación de las fuentes de agua y la biodiversidad, particularmente el bosque nativo destruido por las forestales, encontrándose con una política criminalizadora.

El gobierno actual, así como los precedentes, se niega a reconocer este y otros fenómenos asociados a las mismas causas como problemas políticos, obturando así cualquier posibilidad de resolverlos. La receta de asistencialismo y represión, aunque adornada, ha mostrado su completa ineficacia. Finalmente, con esta política obtusa de priorizar los intereses cortoplacistas del empresariado, el gobierno de Gabriel Boric, pierde oportunidad de responder a las expectativas generadas y profundiza su descrédito.

No habría robo de madera sin robo de tierras.

Resumen.