Una grave situación reveló esta semana el medio Interferencia, dando a conocer que Aes Andes, ex Aes Gener, empresa transnacional que se encuentra detrás del megaproyecto hidroeléctrico Alto Maipo, infiltró información sobre integrantes de organizaciones medioambientales y algunos de sus mismos trabajadores por medio de un servicio de ciberinteligencia. Desde las organizaciones estudian los recursos legales que pueden interponer en defensa de las y los afectados.

Por Nicolás Silva

El lunes 8 de noviembre, un artículo de Interferencia reveló que la empresa Aes Andes destinó fondos para que un hacker, identificado como Phillips Smith, realizara diversas actividades de espionaje a las redes de comunicación de representantes de organizaciones ambientales y trabajadores de la misma empresa que se han mostrado descontentos en alguna ocasión con la construcción del proyecto.

El informe, con fecha de 23 de abril de 2020, revela diversos datos personales como RUT, domicilio, teléfono móvil y ocupación de las y los espiados, además de lo que el especialista pudo indagar sobre el origen y la articulación de las distintas organizaciones ambientales que se han opuesto históricamente a la instalación del proyecto.

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Las y los principales afectados por la filtración de datos dentro de las organizaciones son Marcela Mella, Anthony Prior y María Jesús Martínez de la Red Metropolitana Alto Maipo; Maite Birke, ex concejala independiente de San José de Maipo; y Francisca Fernández, del Movimiento por el Agua y los Territorios. 

Esta última catalogó como una "barbaridad" los resultados que arrojó el informe de ciberespionaje, en el cuál se le declara como un agente peligroso y proclive a realizar acciones de eco-terrorismo.

La dirigenta aseguró que desde el Movimiento por el Agua y los Territorios, "estamos estudiando con la Red Metropolitana No a Alto Maipo los cursos de acción a seguir (...). Estamos viendo posibilidades como un recurso de protección o un recurso de amparo, nos estamos asesorando para ello".

"Lo que estamos haciendo ahora es una difusión, porque nos interesa mucho visibilizar el hecho político mientras estudiamos los cursos de acción jurídico, además de difundir nuestros casos a organismos internacionales", añadió Fernández.

La representante del MAT explicó que si bien siempre han existido sospechas de que las empresas extractivistas destinan recursos para investigar a sus posibles enemigos políticos, esta es "la primera vez que contamos con información documentada de que se realizan este tipo de prácticas."

"Lo grave, por una parte, es la publicación de información personal como nuestros correos o direcciones, y por otro lado, son las conclusiones a las que se llega en el informe, porque en el análisis dice que somos proclives a realizar acciones eco-terroristas.", sentenció la vocera.

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Las organizaciones afectadas publicaron una declaración en la que repudian el hecho y señalan al Estado como principal defensor de los derechos humanos de las personas, razón por la cual emplazan a las autoridades a deshacer el acuerdo alcanzado con la empresa sobre el aumento en la capacidad de almacenamiento de energía en base a baterías, anunciado en el marco de la COP 26.

Asimismo, denunciaron que en los años que han estado oponiéndose a la instalación de la hidroeléctrica, las autoridades han realizado un "blindaje político" a la empresa, aún cuando diversos organismos han constatado en múltiples ocasiones las diversas irregularidades en que ha incurrido Aes Andes (y Aes Gener) durante la construcción del proyecto. 

Desde las organizaciones han alertado permanentemente sobre el irreversible daño a la naturaleza que la transnacional ha realizado en el Cajón del Maipo, y sostienen que este proyecto pondrá en riesgo la matriz hídrica del Gran Santiago.  

A continuación puedes revisar el comunicado firmado por las diversas organizaciones afectadas por el ciberespionaje de Aes Andes:

Fotografía principal: Radio San Joaquín