[resumen.cl] La Comisión Ética Contra la Tortura junto a la Coordinadora por la Libertad de Lxs Presxs Políticos 18 de Octubre han emitido una declaración para ser suscrita por quienes valoren su contenido como digno de ser apoyado. En ella exigen la libertad a los y las presas políticas del estallido social, además de la retrotracción de las sanciones impuestas al juez del 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia Labreaux, por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Estas exigencias se contextualizan en los hechos ocurridos este miércoles, luego que el mencionado juez de garantía emitiera una resolución en la cual reemplazaba la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total de trece personas acusadas de desórdenes públicos en el marco de las protestas sociales recientes. Ante el conocimiento de esta determinación, el Pleno de la Corte se reunió y determinó dejar sin efecto la resolución, suspender al juez de sus funciones e iniciar un sumario en su contra, bajo la acusación de un actuar negligente.

La resolución de Urrutía pudo constituir un referente jurídico para las defensas de quienes permanecen en las cárceles del país en cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva por motivos políticos exponiéndose a los riesgos sanitarios propios del sistema penal chileno, ahora exacerbados, pues en él se esgrimió que: «…las cárceles son recintos donde la posibilidad de contagiarse es altamente probable atendido el hacinamiento y la imposibilidad de que las medidas sanitarias mínimas puedan ser implementadas razonablemente, prueba de esto, es la persistencia de la enfermedad de la tuberculosis en la población carcelaria, que al día de hoy no ha podido ser erradicada de nuestras cárceles.» Y se añadió: «los imputados que se encuentran actualmente en prisión preventiva en esta causa, en general, no registran condenas anteriores y existe una más que razonable posibilidad que, de ser condenados, cumplan estas condenas en libertad dada la pena en abstracto a la cual se arriesgan por el delito que fueron formalizados».

Hasta ahora, el juez ha recibido el apoyo de la Asociación de Magistrados, quienes han reclamado por la "afectación a la independencia judicial interna" que esta decisión comportaría, expresando: «¿Qué debemos esperar de este tipo de decisiones? ¿Qué juezas y jueces deban solicitar aquiescencia del superior antes de resolver?». De este modo, la Asociación ha llamado al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago "a anular de oficio la decisión adoptada, permitiendo que operen los canales legales de impugnación", los cuales habrían sido violados al suspender al juez y anular su resolución sin mediar consulta al él como afectado.

También ha recibido el apoyo de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos ante la criminalización ejercida por el Estado contra quienes participan en acciones de protesta social. Y es así como la Comisión Ética Contra la Tortura, junto a la Coordinadora por la Libertad de Lxs Presxs Políticos 18 de Octubre han elaborado la siguiente comunicación que expresa la urgencia de que los y las presas políticas salgan de las cárceles, así como que se retrotraiga la sanción impuesta contra el juez Urrutia.

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¡LIBERTAD A LOS Y LAS PRESOS POLITICOS DE LA REVUELTA
Y REGRESO DEL JUEZ URRUTIA AL 7° JUZGADO DE GARANTIA!

La Comisión Etica Contra la Tortura hace un llamado a que con nuestras firmas, viralicemos nuestro repudio total a la decisión del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el 25 de marzo sancionó al juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia Labreaux. Al mismo tiempo nos unamos al llamado de la Coordinadora de Familiares de Presos Políticos "18 de Octubre" por la Libertad de Lxs Presxs políticos de la revuelta popular.

Esto es imperativo hoy porque la justicia dejó a firme nuevamente la cárcel efectiva para 13 prisioneros políticos acusados por las fuerzas represivas de formar parte de la "Primera Línea". Ellos habían apelado esa medida y la resolución de hoy impedirá que el resto de los presos lo haga. Denunciamos la prevaricación de esta Corte de Apelaciones que no cumple su deber de juzgar de acuerdo a la justicia, a los derechos humanos y al contexto del peligro en que vivimos hoy globalmente, y llamamos al mismo tiempo a que los órganos del Estado competentes, adopten las medidas para cambiar la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario, evitando así que se agrave la catástrofe sanitaria al interior de la cárcel y el dolor de las familias. Resoluciones como las adoptadas por el poder judicial en esta oportunidad, o las llevadas adelante por el gobierno de Piñera y sus ministros, priorizando siempre los negocios y sus ganancias por sobre el cuidado de la gente, sólo aseguran que la revuelta popular seguirá su curso pese a toda la manipulación de la crisis y buscará nuevamente la forma de expresarse burlando el control social que los poderosos intentan imponer hoy, aprovechando de vengarse de quienes pusieron en cuestión sus privilegios.

El juez Urrutia había sustituido en la mañana del 25 de marzo la prisión preventiva de 13 de los imputados en el caso «Primera Línea», por arresto domiciliario total, resguardando su derecho a no ser contagiados del Covid19 en la cárcel. El magistrado incluyó en los considerandos de la medida el estado de catástrofe que vivimos y el riesgo de contagio en la cárcel por las condiciones de hacinamiento y la previsible insuficiencia en la implementación de medidas sanitarias.

El Pleno de la Corte no sólo revocó la medida de liberación dispuesta por el juez sino que lo suspendió de funciones y abrió un sumario en su contra, considerando el razonamiento del juez un "delito" a ser denunciado al Ministerio Público. De manera insólita, apenas horas después de la resolución del juez Urrutia, la Corte se confabuló para sancionarlo y mantener en prisión a los jóvenes. Aluden al número 3 del artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales acusándolo de "negligencia en el cumplimiento de sus deberes". Y arguyen que eso es un delito. El "delito" del juez Urrutia fue sostener: "los internos en prisión preventiva, al igual que todas las personas tienen derecho a la salud y es deber del estado velar por su cuidado, no exponiéndolos innecesariamente a contagios de la epidemia que puedan evitarse tomando las medidas razonables." La sala estuvo presidida por el ministro Hernán Crisosto e integrada por los ministros Dobra Lusic, Adelita Ravanales, Miguel Vásquez, Juan Cristóbal Mera, Mireya López, Marisol Rojas, María Soledad Melo, Jessica González, Jaime Balmaceda, Rosa Kittsteiner, Alejandro Rivera, Paola Plaza, Guillermo de la Barra, Lilian Leyton, Juan Antonio Poblete, Inelie Durán, Jenny Book, Gloria Solís y Elsa Barrientos, y los interinos señores Andrade, Amiot, Advis y Silva Opazo. ¡Nombres a recordar!

La Corte de Apelaciones una vez más muestra su más absoluto desprecio por los derechos humanos, su falta de independencia respecto del gobierno y su voluntad de castigar a quienes se han levantado en la revuelta popular iniciada el pasado 18 de octubre para construir un Chile diferente. Reafirma además su decisión de impedir que los jueces defiendan los derechos de las y los manifestantes. Anteriormente esta Corte había inhabilitado al juez Urrutia en la querella contra el mayor de carabineros Humberto Tapia, acusado de torturar y lesionar gravemente a una estudiante del Liceo 7 de Santiago. El juez Urrutia fue quien liberó la Plaza Dignidad, cuando dictaminó la vigencia del derecho a reunión respecto de la celebración del año nuevo, sin que se requiriera autorización del Intendente. Al inicio del estallido se hizo presente en el Metro Baquedano al recibir denuncias respecto de que había un recinto de torturas. Su actuación en resguardo de los derechos humanos fue respondida con persecución política al interior del poder judicial.

La Corte de Apelaciones resolvió por tanto mantener en prisión a los jóvenes luchadores sociales Jean Nicolás Godoy Miranda (de la comuna de San Bernardo), Nicolás Matías Ubilla Donoso (Quinta Normal), Marcelo Tapia Véliz (Recoleta) Paloma González Herrera (Renca) Alejandro Nicho Mendoza (Santiago) Sebastián Cambiazo Toro ('uñoa), Daniel Sepúlveda MolinA y José Salgado Roca (ambos de La Pintana) Diego Alvarado Avilés y Jaime Rubio Flores (ambos de El Bosque), Ismael Donoso Salazar (Padre Hurtado), Gabriel Astorga Sánchez (Las Condes) y Raúl Leiva Cocio (Peñalolén), y sin duda ello alcanza al resto de los presos acusados de ser Primera Línea. Muchos de ellos, liberados anteriormente, se presentaron voluntariamente porque se les dijo que sólo iban a hacer un trámite, según denuncia y lamenta la señora Rosa Donoso, madre de Nicolás Ubilla, que instó a su hijo hacerlo.

Desde el inicio del Corona Virus la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs Políticos 18 de Octubre ha demandado la libertad de los aproximadamente 2500 presxs políticos que permanecen como rehenes del gobierno de Piñera en la cárcel Santiago 1 y otros recintos carcelarios del país, en condiciones de hacinamiento y con grave riesgo para su salud.

Está claro que de los jueces chilenos no es posible esperar justicia, y por eso, impedidos de movilizarnos en las calles en resguardo de las vidas de todes, debemos viralizar esta gran campaña por la liberación de los y las presxs políticos y la restitución en funciones del juez Daniel Urrutia.

Comisión Ética Contra la Tortura
Coordinadora por la Libertad de Lxs Presxs Políticos 18 de Octubre
Santiago de Chile, 25 de marzo de 2020