Una querella por el delito de exacción ilegal contra el alcalde de Cabrero, Mario Gierke, y su exadministrador municipal, Juan Sanhueza Pirce, presentó en 2020 la exabogada de la municipalidad, Claudia Molina, acusándolo de exigir pagos mensuales por estar trabajando en la corporación.

Por Felipe Soto Cortés

La investigación continúa avanzando y la Fiscalía de Los Ángeles solicitó levantar el secreto bancario del exadministrador municipal de la comuna y actual funcionario de la municipalidad de Quilleco, Juan Sanhueza Pirce y del actual alcalde de Cabrero, Mario Gierke.

Según sostiene la querella, la exfuncionaria "Al momento de emitir la boleta de honorarios en el mes de diciembre, fue instruida por su jefe directo, el imputado Juan Sanhueza Pirce, en el sentido que debía "pagar el piso" entregándole a él la suma de $2.200.000 en efectivo, señalándole además que tal cantidad sería recibida íntegramente por el Señor Alcalde del municipio, querellado Mario Alejandro Gierke Quevedo [...]"

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El libelo al que accedió RESUMEN afirma que la abogada aceptó lo exigido por el exadministrador municipal debido a su compleja situación personal. No obstante, esta suerte de "impuesto" por trabajar se habría seguido exigiendo durante los meses posteriores, a lo que Molina se resistió, lo que habría terminado con su salida del cargo pues el alcalde consideró "no conformidad con el trabajo realizado",

La querella desmiente dicha versión indicando que: "La verdad de lo hechos fue que a mi mandante se le alejó de su puesto de trabajo en el municipio de Cabrero porque, después de haberse incorporado a sus labores y tras haberle obligado a "pagar" los $2.200.000 iniciales al alcalde Gierke Quevedo, el imputado Juan Sanhueza Pirce continuó coaccionándola todos los meses a fin que trasfiriera al alcalde la suma de $700.000 de su sueldo. Ello, por cierto, con el concierto, o a lo menos con la aquiescencia del imputado Gierke Quevedo. Lo anterior, lo lograron los imputados coaccioando a mi mandante a proceder de este modo, bajo amenaza de que, si así no lo hacía, perdería su fuente de trabajo en el municipio. De esta forma, los imputados condicionaban la permanencia de su vínculo laboral al pago de esta suma de dinero, la que le exigían mes tras mes."

El parelé a la situación, habría determinado la salida de la exasesora jurídica.

Otra arista: demanda laboral por vulneración de derechos

El 2019, una demanda de tutela laboral por despido con vulneración de la garantía constitucional del 19 N° 1, declaración de relación laboral y daño moral, fue presentada por Molina en contra de la municipalidad de Cabrero representada por su alcalde, Mario Gierke Quevedo. La causa está cerca de ser sentenciada en el Juzgado de Letras del Trabajo de Cabrero.

La acción se desprende del despido sufrido por la exasesora jurídica de la Municipalidad de Cabrero, por la situación anteriormente descrita -un presunto delito de exacción ilegal- debido a que pese tener las calificaciones más destacadas en sus funciones, incluyéndola en lista 1 de excelencia, fue despedida por el Alcalde Gierke aludiendo a "no conformidad con el trabajo realizado".

La demanda por tutela laboral corre de manera paralela a la querella presentada en un principio por la exasesora jurídica del municipio.

La salida del exadministrador Juan Sanhueza Pirce y su llegada a Quilleco

Quilleco es una comuna de la provincia del Bío Bío que queda a unos 40 kilómetros de Los Ángeles. Es conducida desde el 2021 por Rodrigo Tapia Avello, independiente que fue tentado por Renovación Nacional, pero que terminó en el PPD.

Una investigación de Resumen relató que entre las filas de su equipo de confianza tiene a Juan Andrés Sanhueza Pirce, quien hizo su carrera de la mano del Alcalde de Cabrero, Mario Gierke. Y quién está imputado junto al alcalde de Cabrero en la causa.

Sanhueza Pirce aparece en los registros de Transparencia de Quilleco desde enero del 2022, como funcionario a contrata por 22 horas en el SENCE, ganando cerca de 830 mil pesos mensuales pese a que el convenio con el SENCE no contempla la contratación de abogados.

También figura desde febrero del 2022 como asesor jurídico de la municipalidad bajo la modalidad honorarios en jornada completa, recibiendo por este trabajo $1.491.158 . Cabe destacar que el contrato por 22 horas por el SENCE lo contempla como un funcionario para la atención de público, lo que no tendría relación con el perfil del abogado que presta servicio paralelamente como asesor jurídico.

El exadministrador municipal salió de la Municipalidad de Cabrero, aparentemente, tras este escándalo que podría haber terminado con su carrera política. No obstante se recicló y terminó con cuestionables contratos en la cordillerana comuna.