En la sesión de este jueves del pleno Consejo Constitucional, alternativa creada por la clase política para salir de la crisis y que es dominado por la derecha y ultraderecha, se le dio rango constitucional a las ISAPRE y las AFP, tanto como al lucro en la educación, protegiendo así estos negocios -en caso de aprobarse la propuesta en el próximo plebiscito- incluso si una ley quisiera modificarlo.

Por Alejandro Baeza

El organismo, con hegemonía de «republicanos», partido de ultraderecha presidido por José Antonio Kast, volvió a imponer las visiones más radicales, como viene ocurriendo desde que comenzó a sesionar el pleno del Consejo Constitucional con el apoyo de la UDI y RN.

Así, durante la jornada de este jueves, los consejeros establecieron que el modelo de AFP, las ISAPRE y el lucro en la educación tendrán rango constitucional en caso de aprobarse su propuesta. Es decir, pasarían a formar parte del corpus legal del país, haciendo muy difícil su modificación, protegiendo de esta forma a los grandes grupos económicos.

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La norma que visó el Consejo sobre salud, que en otras palabras consagra al cuestionado modelo de las ISAPRE, plantea: "Es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado", es decir, darle un rango constitucional a esta «libertad de elegir» del modelo que da el privilegio de buena salud a quienes pueden pagarlo y ha precarizado a la salud pública.

Según palabras del controversial delegado de republicanos, Luis Silva, la idea es justamente proteger este negocio privado para que no pueda ser tocado por la ley: «Precisamente por eso limitamos al legislador, porque podía llevarnos al monopolio estatal».

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En tanto a las AFP, el modelo más repudiado por el pueblo chileno, fue protegido con la excusa de «resguardar los ahorros previsionales», repitiendo la estrategia del discurso utilizado para defender este negocio confundiendo a la población. Así, los protectores de este sistema lograron aprobar la enmienda que establece que "Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno".

Además, se consagró el lucro en la educación, lo que fue denominado en dictadura como «libertad de enseñanza».