[resumen.cl] En el marco de la conmemoración por el Día del Orgullo LGBTIQ+ las cuentas de instituciones como Carabineros de Chile, el Gobierno del país y sus respectivos ministerios inundaron sus redes con prácticas de Pinkwashing, estrategia para lavar su imagen omitiendo su responsabilidad en la vulneración de derechos de las disidencias sexuales.
El pasado 28 de junio se conmemoró un nuevo Día del Orgullo LGBTIQ+, el cual nace desde la memoria de las disidencias sexuales para visibilizar, aún más, las exigencias que han levantado durante décadas a partir de la reivindicación de derechos básicos que históricamente han sido negados y exigiendo las condiciones necesarias para vivir una vida libre de violencia.
En este contexto, el Estado chileno ha sido un fiel deudor y vulnerador de derechos de la población LGBTIQ+, materializándose su actuar en las diversas instituciones públicas mediante las cuales se canaliza la discriminación más allá de la criminalización de la cual fueron víctimas hasta la década de los noventa.
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A modo de ejemplo, el Informe de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual plantea que el año 2020 aumentaron los casos de violencia en un 14,7% contra las disidencias, siendo la cifra más alta de violencia desde la realización de dicho estudio.
Sin embargo, lejos de hacer una autocrítica y reflexión durante esta jornada, parte de las instituciones estatales se volcaron a la práctica conocida como Pinkwashing, la cual consiste en una estrategia política donde un Estado, empresa o institución se da una imagen de integración y progresismo, cubriendo las críticas que están recibiendo por otro tipo de acciones, es decir, un lavado de imagen aludiendo al apoyo de las disidencias sexuales.
Esta fue la práctica que instituciones del Estado chileno materializaron durante esta jornada, donde las redes sociales de Carabineros de Chile y los Ministerios -incluyendo la del propio Gobierno- inundaron sus perfiles con mensajes y colores levantados como simbolismo de la histórica lucha de la población LGBTIQ+.
Contradictoriamente, son estas mismas instituciones las que han sido objeto de críticas desde hace años por la nula capacidad de asegurar la vida digna de las disidencias sexuales, siendo incluso protagonistas en la vulneración de derechos.
En este sentido, informes de derechos humanos han indicado, por ejemplo la ejecución de vulneraciones a derechos de la población LGBTIQ+ de parte de agentes policiales en el contexto del Estallido Social, expresiones de violencia que «van desde insultos homofóbicos durante el proceso de su detención hasta violencia sexual».
Tal es el caso de un joven estudiante de medicina quien en los primeros días posterior al 18 de octubre de 2019 fue tomado detenido y traslado a la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, lugar donde habría sido golpeado en diversas ocasiones y agredido sexualmente por funcionarios de Carabineros.
Por esta situación han sido formalizados 6 funcionarios policiales por torturas, abuso sexual agravado y apremios ilegítimos. No obstante, aún no hay condenado por los hechos, revocándose la prisión preventiva para los presuntos culpables.
En este sentido, el entramado de instituciones estatales no ha dado respuesta concreta a las exigencias de las disidencias sexuales donde apenas recientemente, y tras una larga lucha de las organizaciones sociales, se ha ingresado un proyecto de ley que busca que instituciones públicas consideren al menos 1% de su personal con un cupo laboral trans-travesti.
Muy por el contrario, el gobierno de Sebastián Piñera y su sector han puesto diversas trabas a proyectos enfocados a garantizar derechos LGBTIQ+, como son los derechos filiativos, adopción de personas del mismo sexo, reconocimiento de la infancia trans y la relativización de las terapias de reconversión por parte de la subsecretaria de derechos humanos Lorena Recabarren.
Sin embargo, pese a los avances legislativos y el cambio de mirada en gran parte de la sociedad, las disidencias sexuales continúan siendo castigadas y, en muchos casos, viviendo desprotecciones.