[resumen.cl] El llamado Plan Colchane fue la política del Estado chileno para desplegarse en el proceso de migración vivida en el norte del país durante febrero de 2020, contando con la amplia cobertura de los medios y de las instituciones del gobierno en funciones. Sin embargo, RESUMEN constató mediante una solicitud de transparencia que el plan no contaba con documentación específica, justificándose en que se sustentó en un actuar coordinado de instituciones, como tampoco presupuesto concreto y divido por ítem de trabajo.

A inicios de febrero de este año, el gobierno en funciones instaló mediáticamente la existencia del «Plan Colchane» como la estrategia que utilizaría en el proceso migratorio que ocurría en el norte del país mediante pasos no habilitados, lo cual contempló el movimiento de contingente policial y militar a la zona mientras las organizaciones recalcaban el derecho a migrar.

Así, entre el 9 y el 10 de febrero se dio inicio al Plan Colchane, contando principalmente con la presencia del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, de Defensa, Baldo Prokurica, y el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada.

Para profundizar en el Plan, que constituyó una amplia cobertura comunicacional además de su mención reiterativa de parte de las autoridades tras la expulsión de 100 inmigrantes el mismo 10 de febrero, RESUMEN solicitó vía transparencia conocer el «documento íntegro del llamado ‘Plan Colchane’, adjuntando presupuesto desglosado por ítem».

Sin embargo, la respuesta entregada por el Ministerio del Interior, concretamente el Departamento de Extranjería y Migración, expuso que el mencionado plan «no está constituido por un documento en cuanto tal pueda ser disponibilizado, sino que corresponde a una actuación coordinada de varios organismos de la Administración del Estado«, entre quienes menciona los Ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, además de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad y la Autoridad Sanitaria.

Es decir, la política pública no contaba con documentación específica, desglosada y dirigida, sino más bien se sustentaba en base a una supuesta coordinación entre organismos con funciones ya conocidas. Asimismo, la respuesta del organismo se refirió a que el control de fronteras no solo considera aspectos de control migratorio, «sino que también, entre otros, de control sanitario y orden público», razón por la que justificaría la participación de diferentes instituciones.

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Así, la respuesta entregada indica tres ejes: control migratorio, respecto al ingreso clandestino y desactivación de «actividades delictuales que afectan a los migrantes»; sanitario, respecto al cumplimiento de cuarentenas de quienes ingresan al país y; orden público/cohesión social, referida a la «ocupación ilegal de viviendas», además de evitar hacinamiento en calles y plazas.

Respecto a los criterios, además de detalles relacionados con el ejercicio del plan, la respuesta indica que su conocimiento podría afectar «la seguridad de la Nación, particularmente al referirse a la mantención del orden público y a la seguridad pública», por lo que no fue contemplada

Sin embargo, la información entregada evidencia, entre otras cosas, la nula existencia de un presupuesto específico sobre los ejes anteriormente descritos, pese a que gran parte de este no contempla un problema de seguridad pública, por ejemplo, el aspecto sanitario.

Revisa la repuesta íntegra a continuación:

Fotografía principal: ATON