[resumen.cl] El pasado 25 de noviembre el senado ratificó el informe de la Comisión Mixta respecto al presupuesto fiscal del próximo 2016 y con ello, se ha dejado a disposición del ejecutivo para que se promulgue. En este informe se resolvieron los aspectos pendientes, entre los cuales estaba la incorporación de un inciso referente al quehacer de CONAF: "La Corporación Nacional Forestal informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la superficie de forestación con especies nativas y su relación con las hectáreas afectadas por incendios y procesos de erosión, regionalizadamente."

Esta obligación fue el artilugio con el que la clase política intentó desviar la atención de la prórroga otorgada al Decreto 701, bajo el cual seguirán entregándose subvenciones al empresariado forestal, al menos durante el 2016, sin poder cumplir con el plan gubernamental de prorrogar el Decreto hasta el 2018, luego de conocerse la colusión entre CMPC y SCA para aumentar el precio de los productos fabricados a partir de papel tissue.

En esta partida se incluyen $326.979.000 destinados a cancelar deudas de arrastre del Decreto, pues la entrega de subsidios para la forestación y actividades complementarias había expirado el 2012 y el Estado continuó cancelando cuotas correspondientes a bonificaciones pendientes durante los años posteriores.

Si bien, sus defensores arguyen que las bonificaciones del Decreto 701 tienen como mayores destinatarios los pequeños y medianos propietarios, esta es una afirmación errónea, pues, en realidad, la entrega de subsidios a propietarios menores le ha favorecido a la gran industria forestal por dos motivos:
-Primero, por que indujo a propietarios de nuevos terrenos a plantar pinos y eucaliptos y así, aumentar la superficie ocupada por monocultivos que llega a las 3 millones de hectáreas, actualmente. Las cosechas de estos propietarios se comercializan en las sucursales del gran empresariado forestal donde ejercen el control de los precios de compra, pagando cantidades mínimas en comparación con las ganancias que, gracias a estas materias primas, ellos logran.

-En segundo lugar, también estas empresas han incursionado en el negocio de la "asistencia" a los propietarios menores, participando en distintas operaciones de manejo forestal, aprovechando la incapacidad de éstos de solventar los gastos que estas faenas implicaban, mientras no recibían la bonificación entregada luego de la realización de estas labores. De este modo, las empresas comenzaron a ofrecer sus servicios a cambio de la entrega íntegra de la bonificación y gran parte de la venta de la plantación a punto de cosechar y así es como una de las empresas pioneras en este negocio, ligada a Forestal Mininco, cobraba la bonificación más el 90% del precio de venta para la cosecha.

La condición de nuestros territorios nos confirma que las plantaciones forestales bonificadas por el Estado no proveen ningún servicio ambiental propio del bosque, al contrario, los han hecho desaparecer acabando con la habitabilidad de los lugares que las soportan. En este sentido, se puede concluir que el propio Estado ha contribuido al agravamiento de la erosión, la escasez hídrica, el alza de la sensación térmica y disminución de la humedad donde se extienden monocultivos forestales, la pérdida de una fuente de alimentos o de provisión hídrica para su cultivo. O sea, ha auspiciado el empobrecimiento de la población.

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