[resumen.cl] Varias sociedades científicas ligadas a la ecología y a las ciencias naturales han pedido al Senado se apruebe la modificación legal que obligue a empresas forestales a realizar estudios de impacto ambiental.

La petición es firmada por la Sociedad de Ecología de Chile, la Sociedad de Botánica de Chile, IALE Chile-Capítulo Regional de Internacional Association of Landscape Ecology, IEB-Instituto de Ecología & Biodiversidad, CAPES-Center of Applied Ecology & Sustainability, FireSES-Centro del Fuego y Resiliencia de Socioecosistemas.

Se trata de una moción parlamentaria para modificar la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente. Hasta ahora, las actividades forestales no ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto ya que para ser evaluadas se consideran como actividades forestales en suelos frágiles, cubiertos de bosque nativo y dimensiones industriales. La carta señala que «El Decreto N°40 del Ministerio de Medio Ambiente establece que en las regiones de Chile con mayor actividad forestal, las dimensiones industriales corresponden a superficies únicas o continuas de cosecha final o corta de regeneración por unala tasa de 500 hectáreas anuales»

Pero las empresas precisamente entregan planes de manejo a CONAF por una cantidad inferior. De esta forma no se evalúan sus impactos antes de comenzar ni tampoco se les puede hacer seguimiento mediante el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental.

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En su declaración, la agrupación de sociedades científicas constata que las plantaciones forestales «cubren más de 3.1 millones de hectáreas» y que «más del 77% del total de esa superficie se concentra en las regiones del Biobío, La Araucanía y Maule, y más de la mitad del total de la superficie pertenece a dos grandes empresas forestales» en alusión a Forestal Arauco (Grupo Angelini) y Empresas CMPC (Grupo Matte).

Además detallan los impactos y riesgos ambientales «sobre la biodiversidad, disponibilidad de agua, suelo, paisaje y los incendios que afectan a las comunidades».

De esta forma, la industria de plantaciones forestales o monocultivos forestales de pino y eucalipto para pulpa de celulosa o productos derivados de la madera, domina el paisaje en la zona centro sur de Chile y el territorio mapuche. Su expansión fue potenciada con privatizaciones masivas en la contrarreforma agraria de la dictadura, mediante violentos despojos territoriales mapuches y campesinos. La reducción drástica de la biodiversidad vegetal y acuática con el desmonte y quema de bosque nativo, en conjunto con su impacto en ciclo del agua, han transformado radicalmente el paisaje, empobreciendo a las comunidades. Las plantas de celulosa contaminan ríos, zonas costeras y generan emanaciones tóxicas para comunidades locales.

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Junto a esto agregan que con el cambio climático y la falta de agua estos impactos «se ven exacerbados» y que por ende «se hace aún más necesaria la evaluación de los impactos ambientales y riesgos de la actividad forestal».

La declaración termina con un llamado » a las y los parlamentarios a aprobar el proyecto de ley que modifica la Ley 19.300, de manera que las actividades de desarrollo y explotación de plantaciones forestales industriales ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pudiendo excluir de forma explícita de esta exigencia a los pequeños propietarios forestales definidos en la legislación forestal vigente».

Vea la declaración a continuación: