El fallo de la Corte Suprema sentaría una preocupante jurisprudencia, considerando la gran cantidad de detenciones producidas durante el Estallido Social que habrían contado con la participación de agentes encubiertos de Carabineros.

Por Juan Contreras Jara

El máximo tribunal del país rechazó un recurso de nulidad presentado en favor de tres condenados políticos del Estallido, imputados por su supuesta participación en el lanzamiento de bombas molotov, echando por tierra la tesis de la defensa que alegaba ilegalidad en la detención, debido al uso de funcionarios infiltrados de Carabineros sin autorización judicial.

Pese a que no habrían contado con una autorización judicial para proceder a infiltrarse al interior de una de las tantas marchas realizadas en Santiago, para la Corte Suprema, los carabineros actuaron bajo el marco legal. Lo anterior, apoyado en que, «las actuaciones realizadas por los funcionarios policiales, tendientes a identificar a los autores de un delito flagrante, se enmarcan dentro de aquellas que el artículo 83 del Código Procesal Penal expresamente les faculta para realizarlas sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales».

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Para la Corte Suprema, los funcionarios de Carabineros habrían concurrido al lugar de los hechos con la intención de «pesquisar delitos flagrantes e identificar a sus autores», labores que estarían enmarcadas en la prevención del delito, según el beredicto.

Uno de los argumentos de la defensa de los tres condenados del Estallido para solicitar la nulidad ante la Suprema, tuvo que ver con la vestimenta utilizada por los efectivos policiales y el porte de banderas mapuche para camuflarse en la movilización, pero el tribunal contestó que, «no importa la utilización de la técnica investigativa de agente encubierto».

La decisión de la Corte Suprema sentaría un delicado precedente en el contexto del libre ejercicio de la protesta. Lo anterior, debido a la masiva utilización de efectivos de Carabineros infiltrados en las movilizaciones sociales, de quienes los tribunales, en distintas partes del país, se valieron, en cuanto a sus testimonios, para condenar o mantener por años a manifestantes en prisión preventiva.

Durante y después del Estallido Social, distintos organismos de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales, han hecho hincapié en la necesaria reforma que debe existir al interior de Carabineros, tanto sobre su formación, como también, sobre las técnicas empleadas para perseguir supuestos delitos.